Durante la inauguración del complejo. Foto: cortesía de Flavia Núñez
A pesar de la voluntad de diálogo de los vecinos, que pasaron primero por una etapa de peticiones administrativas y luego por otra ante el juzgado de conciliación de tercer turno de Montevideo, en julio la Agencia Nacional de Vivienda decidió realizar los remates extrajudiciales de las viviendas del barrio El Cortijo.
En 1997 la empresa constructora Nelori SA comenzó a construir el complejo habitacional El Cortijo en Maldonado, con el financiamiento del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU). En 2006 recayó un embargo sobre la empresa que luego se trasladó a los inmuebles. En 2008 la deuda quedó bajo la órbita de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) en forma de fideicomiso. A partir de ese momento, los promitentes compradores esperaron un pronunciamiento concreto que nunca ocurrió. Los vecinos pretendían que la institución tuviera en cuenta lo abonado a la empresa a través del BHU y la tipología de la vivienda.
“Confiamos porque el BHU estaba detrás y dimos por sentado que era algo serio y que estaba todo en regla. Pasaron varios gobiernos de diferentes partidos políticos y varios directorios por el BHU y la ANV y la situación nunca se regularizó. Mientras tanto seguimos pagando, en muchos casos “a cuenta”, una deuda ajena (la del promotor privado Nelori S.A.) por propiedades que tanto el BHU como la ANV tenían muy claro que no estaban en condiciones de ser escrituradas, salvo a un costoso, engorroso y largo trámite judicial”, expresaron los vecinos en una nota emitida en octubre del año pasado.
Barrio El Cortijo. Foto: cortesía de Flavia Núñez
El gerente de división y oficinas descentralizadas de la ANV, Jorge Queiroz, intervino en el segundo remate pujando el precio al tope estipulado por el BHU. En este caso se llegó a un valor de 1.854.100 pesos, exactamente el doble del valor catastral del inmueble. Diego Durand, abogado que representa a 33 de las 52 familias, destacó que “se trataba de un señor de 70 años que terminó recomprando su propia vivienda a un valor de 60 mil dólares cuando ya había pagado 23.000 dólares en 2002. No le reconocieron ningún derecho de lo que pagó oportunamente”.
Según Núñez, se consultó la normativa y se encontró que el artículo 46 del Tocaf no habilita a funcionarios a pujar el precio y que en el portal de la agencia se plantea que los funcionarios y sus cónyuges no están habilitados para participar de remates extrajudiciales. No obstante, en un comunicado, el directorio de la ANV señaló que por unanimidad resolvió que se “ejercería la defensa del crédito” y que se ofrecería hasta el 90 por ciento del valor de tasación del inmueble bajo el amparo del artículo 89 de la Ley Orgánica del BHU.
La vocera señaló que debido a que los tiempos administrativos son más rápidos que los judiciales los vecinos no podrían hacer valer lo que pagaron y tendrían que suscribirse a un convenio o llegar al acto de remate, que en algunos casos podría significar la pérdida de la vivienda. La entrega inicial pactada con el BHU era del 30 por ciento de la totalidad, que equivalía a 15 mil dólares por inmueble en el año 2000, y se otorgaban 30 años para saldar el 70 por ciento restante. Durand indicó que la mayoría de los vecinos llevaban entre 23 mil y 30 mil dólares, aunque hay casos como el de la vecina Sonia Pereira que pagó la totalidad.
“Para nosotros significa endeudarnos de aquí a 25 años porque hay un reconocimiento de interés por la financiación. Accedés a perjudicarte para conservar algo a lo que le dedicaste mucho tiempo, donde hiciste mejoras”, declaró Núñez. Y concluyó: “estamos en un convenio que en dos o tres años nos deja al borde de caer en el incumplimiento. Lo que habíamos pedido en el acuerdo marco era que se hiciera en unidades indexadas y que pudiéramos incluir a integrantes más jóvenes para obtener la financiación, porque cuando hubo este problema los compradores tenían 30 o 40 años, ahora rondan los 60 años y si acotás el plazo, la cuota se te va lejos. Es como si pagaras un alquiler de 20 mil pesos por una casa que nunca va a ser tuya y al cabo de un tiempo la terminaras perdiendo por imposibilidad de pago”.
Durand señaló que la ANV no sólo “no cumple con sus fines sociales sino que niega derechos”, y agregó que “lo que la gente pagó fue una especie de alquiler y no la compra real del inmueble”. Además criticó que el BHU no tenga control efectivo sobre las empresas constructoras. “La gente fue estafada y obviamente estaremos presentando una denuncia penal para que se investigue a todos los responsables: a la constructora, al escribano, a las autoridades del BHU y de la ANV”.
Carla Alves
