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Walter Sosa, ingeniero e integrante del directorio de UTE, planteó, a fines de 2016 al organismo que se hiciera una investigación administrativa, a raíz de las publicaciones del semanario Brecha, que daban cuenta del espionaje en democracia. En diálogo con SDR, el ingeniero relató que en agosto de 2017 el directorio aprobó la iniciativa y nombró una sumariante, quien tomó conocimiento de lo que decían los archivos de la inteligencia militar requisados por Azucena Berrutti en el Ministerio de Defensa Nacional (conocidos como “Archivos Berrutti”), que habían sido divulgados por Brecha, e hizo pública la información dentro del sindicato. La investigación recogió información de los trabajadores y recibió los aportes de un integrante del grupo de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.
Los Archivos Berrutti confirmaron que los actos de espionaje militar continuaron en democracia, en los más diversos ámbitos, incluso en las empresas públicas. Según estos archivos, hubo personal que se dedicó a espiar y a enviar informes a los oficiales de Inteligencia del Ministerio de Defensa Nacional, en los que informaban sobre las actividades personales, sindicales, ideológicas y partidarias de los trabajadores de empresas privadas y públicas, entre ellas UTE. Una de las personas que fue espiada a causa de sus actividades sindicales, es el propio Sosa.
Al cabo de varios meses de trabajo, la investigación determinó que efectivamente el espionaje existió, por lo menos entre 1987 y 1993, tal como lo señala la documentación requisada por Berrutti, informó Sosa. “En ese período se realizaron tareas de espionaje a funcionarios de UTE relevando sus actividades personales, su adhesión ideológica, su actividad sindical. Eso efectivamente se corroboró: hubo actividad de espionaje en democracia”, expresó, y detalló que “las conclusiones de la investigación se presentaron, en primer lugar, en la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos”.
Sosa explicó que correspondía hacer una investigación administrativa porque se trató de una actividad inconstitucional que implicó a trabajadores que dedicaron su tiempo a tareas que eran ajenas a sus obligaciones como empleados de UTE.
De los archivos se desprenden los nombres encubiertos de los agentes: “Agente 33”, “Omar”, “Carmelo”. A través del sumario administrativo, se identificó a las personas que llevaban esos nombres encubiertos pero, en varios casos, no hay pruebas contundentes, declaró Sosa. Además, ya que no trabajan en la empresa porque se jubilaron; a causa de eso, se pasaron los antecedentes a la Justicia Penal.
Es difícil saber si la información enviada a las agencias de Inteligencia sirvió para modificar carreras funcionales, o la vida personal de los espiados, reconoció Sosa, pero aseguró que “es evidente que tenía una finalidad”, señaló Sosa. En cuanto a los resultados de la investigación declaró que resta resolver un “pequeño detalle” sobre la identidad de una persona y que “pronto habrá novedades”.
Soledad Cavada
