Ese mismo año fueron varios los desencantos para las multinacionales. China impuso a Unilever una multa de 215.204 euros por “perturbar el mercado”, luego de que la marca, presente en más de 160 países, intentara un aumento de precios en sus productos. Francia, por otro lado, constató el acuerdo colusorio entre P&G, Hankel y Colgate Palmolive, al penarlas por establecer acuerdos de los precios del jabón entre 1997 y 2004. Las empresas debieron pagar poco más de 316 millones de euros al Estado francés.
Esta no fue la primera vez que Colgate Palmolive se enfrentó a Francia. En el año 2012 esta transnacional, junto a Mars Inc. y Nestlé, fueron multadas con 35,3 millones de euros por la Autoridad Antimonopolio del país, por formar un cartel —acuerdo informal entre empresas del mismo sector productivo— para que sus distribuidores mantuvieran sus precios altos en la venta de alimentos para mascotas. Hill’s es la marca de productos de este rubro que Colgate Palmolive distribuye en el mercado.
Los acuerdos colusorios de Colgate Palmolive ya habían sido observados por otro país europeo en 2010, cuando la Comisión Nacional para la Competencia de España desenmascaró que en conjunto con Sara Lee y Puig, había acordado subir un 15 por ciento el precio de sus geles de baño, justificándolo en una reducción de los envases y por tanto una disminución de la oferta, que les costó más de 8 millones de euros. La cifra podría haber sido mucho más grande si no fuera por una cláusula, existente en casi todas las comisiones para la competencia a nivel internacional, que establece que las empresas arrepentidas de un cartel pueden quedar eximidas de multa o beneficiadas con una reducción del monto, si denuncian al resto de miembros y facilitan pruebas en su contra.
En la región, Argentina también puso el ojo en la mira de Colgate, en este caso por publicidad engañosa de una de sus variedades de pastas dentales, en la que se afirma que es la “número uno recomendada por odontólogos”, proposición no comprobada científicamente, que le mereció una multa de 100.000 pesos argentinos.
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