Debate en las paredes. Foto: redfilosoficadeluruguay.com
Antecedentes. En el año 2010 los cuatro partidos con representación parlamentaria suscribieron a una serie de medidas relacionadas acon la seguridad pública, que posteriormente se llevaron a cabo. Allí se acordó mantener los antecedentes penales de los menores que cometan delitos graves, aumentar las penas y crear un instituto nuevo (lo que hoy es el SIRPA). En el único punto en que no hubo acuerdo fue en bajar de la edad de imputabilidad penal.
La propuesta. Actualmente los jóvenes en conflicto con la ley, en edades de 13 a 18 años, son juzgados según el Código de la Niñez y la Adolescencia. La pena puede alcanzar los cinco años de privación de libertad.
La reforma impulsada en primera instancia por Pedro Bordaberry y posteriormente apoyada por algunos dirigentes del ala Herrerista dentro del Partido Nacional, propone sustituir el artículo 43 de la Constitución por un nuevo texto, que dispone que aquellos jóvenes de 16 hasta 18 años que cometan un delito podrán ser juzgados por el Código Penal. Además supone la creación de un instituto de rehabilitación nuevo, con carácter de servicio descentralizado. La reforma es de aplicación inmediata; esto implica que apenas aprobada entrará en vigencia, aún cuando no exista el instituto de rehabilitación.
El contenido de la papeleta de la reforma genera un clima difuso con respecto a la situación jurídica de los jóvenes de 16 y 17 años. Podrán ser considerados adultos por un Juez, que tendrá la responsabilidad de decidir -en un magro lapso de 48 horas- si el menor poseía el suficiente discernimiento a la hora de cometer el delito. Por otra parte, la reforma no otorga ningún tipo de derecho nuevo, ni siquiera revoca la suspensión de ciudadanía de los menores de 18 años, lo que no les permite votar. Esto significa que no serán mayores de edad excepto cuando cometan delitos. Hay quienes han alertado a la opinión pública sobre la potencial violación del artículo 8 de la Constitución que supone a todos los ciudadanos iguales ante la ley.
La posibilidad de ser juzgado con un código u otro genera gran incertidumbre y abre un abanico de posibilidades donde podrá cumplir un rol determinante la calidad de la defensa del imputado.
Rebeldes con causa. Asimismo la comisión “No a la Baja” viene trabajando desde 2011 para generar una contracampaña informativa ante lo que ha sido la promoción del plebiscito. La comisión ha recibido múltiples adhesiones de organizaciones sociales que se manifestaron en contra de la propuesta, desde UNICEF hasta TECHO, UdelaR, la Asociación Uruguaya de Psiquiatría Infantil, el PIT-CNT, entre otras. A su vez dentro del Partido Nacional se formó la comisión “Blancos no a la Baja”, ytambién los “Batllistas no a la Baja” pertenecientes al Partido Colorado. Si bien el Partido Independiente no constituyó formalmente un grupo de trabajo, se manifiesta en contra y realiza actividades informativas regularmente.
DENUNCIAN A UNICEF
La Comisión para Vivir en Paz denunció al Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF) ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y el mismo comité ejecutivo de UNICEF, por “intromisión indebida en los asuntos internos de la nación”. Dicha institución se pronunció en contra la de la reforma y ha realizado variadas campañas que pretenden informar sobre la situación actual de los menores en conflicto con la ley.
Cambia, todo cambia. Mientras que en 2011 parecía un hecho la aprobación de la reforma (según el resultado de las encuestas de sondeo de opinión), hoy por hoy parece haberse revertido la situación. La autodenominada “Comisión para vivir en paz” trabaja arduamente para captar la intención de voto que aparentemente perdió. Con una fuerte presencia en redes sociales lanzaron una campaña que recoge testimonio de familiares de víctimas y supuestas declaraciones de menores que cometieron delitos violentos. Aunque los promotores de la reforma destacan permanentemente el carácter rehabilitador de la misma, su campaña parece representar lo opuesto.
Sus voceros, Guzmán Ifrán y Felipe Schipani, debaten en programas de televisión con los representantes de “No a la baja”. También lo hacen en redes sociales, dónde el diálogo es más descontracturado y a veces subido de todo. Ifrán ha llegado a señalar como culpables de futuras muertes a aquellos que se oponen a la reforma.
Ser joven no es delirio. Durante un debate en el programa de Emiliano Cotelo en Radio el Espectador, Schipani citó un caso reciente de un menor que baleó a un grupo de personas en Maldonado. Señaló textualmente que “la medida que aplicó el juez de menores por eso, que fue una tentativa de homicidio, fueron tres meses como medida cautelar de reclusión en un centro del INAU”.
La vocera de la Comisión no a la baja se apresuró a explicar que estos tres meses de medida cautelar son el máximo plazo del que dispone un juez para dictar sentencia. Ante la peligrosidad del imputado, el magistrado decide privarlo de libertad. Posteriormente dictará una sentencia que podría llegar a los 5 años de reclusión. Los tres meses no representan la resolución final.
En la contienda salen a la luz distintas estrategias, una de ellas enfocada más hacia lo visceral y emotivo, mientras que la otra hace un fuerte énfasis en el aspecto informativo y reflexivo. Veremos cuál de ellas cala más hondo en una sociedad uruguaya cada vez más preocupada por el futuro de la seguridad pública.
María Sara Abella
