Ubicació del proyecto Aratirí. Foto megaaminería.com
Con 17 votos de 24 posibles, los ediles del Partido Nacional (PN) y Partido Colorado (PC) en la Junta Departamental de San José aprobaron suspender en carácter de cautelar las actividades de exploración y extracción de los yacimientos clases II y III, de acuerdo a lo que establece la Ley de Minería de Gran Porte. Amparada en la Ley de Ordenamiento Territorial, esta resolución no tiene como finalidad impedir el desarrollo minero, sino evitar aquellas actividades que vayan en contra de los intereses del departamento, según declararon ediles nacionalistas a medios josefinos.
La precursora de esta medida fue la Asociación Rural de San José, que se reunió días después con ediles y representantes gremiales de Salto y Florida. El encuentro se celebró en la Junta Departamental maragata y tuvo como fin hallar aliados en otros departamentos.
Las idas y vueltas de Tacuarembó. A poco de conocerse la decisión de la Junta de San José, la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes estudia la validez del decreto tacuaremboense contra la megaminería metalífera. En diciembre del 2013 la Junta Departamental de Tacuarembó aprobó la prohibición de la explotación de la minería metalífera de gran porte, la minería diamantífera, la extracción de hidrocarburos y el uso de la técnica de fracking. Al igual que en San José, fueron los ediles del PN y PC quienes votaron la medida.
Bajo el amparo del artículo 303 de la Constitución, quienes se oponen a ese pronunciamiento departamental presentaron ante el Parlamento 1.400 firmas para apelar el decreto de la Junta. La iniciativa partió de la Mesa Departamental del FA, que consiguió el apoyo del edil nacionalista Daniel Berger, de algunas comisiones de fomento rural y del PIT CNT.
De acuerdo a los impulsores de este recurso, el debate sobre la megaminería se debe procesar en el Parlamento y no a nivel local. “La Intendencia no puede regular una actividad competente al gobierno nacional y nosotros pretendemos que se pueda debatir a nivel nacional el tema de la megaminería“, dijo el diputado Edgardo Rodríguez (MPP) a El País.
Ante esta situación, “Tacuarembó se encuentra en stand by”, según aclaró Daniela Pirez, representante de “Tacuarembó por el agua y la vida”. Esta organización llegó a juntar más de trece mil firmas en junio del año pasado para impulsar un plebiscito departamental, que fue desestimado por la Corte Electoral. Ahora, luego del pronunciamiento de la Junta y frente al recurso de apelación impulsado por el FA, trabajan en las directrices de la Ley de Ordenamiento Territorial para “reforzar” el pronunciamiento, que estiman “no tiene mucha fuerza por sí solo”.
Ordenamiento territorial. Consultado por SdR, Álvaro Jaume, integrante de la Asamblea Nacional Permanente por la tierra y los recursos naturales, una de las principales organizaciones opuestas a Aratirí, consideró que el pronunciamiento de San José es “notable”. No obstante, entendió que “sería ilusorio” depositar todas las esperanzas en los decretos departamentales. Para Jaume “es necesario continuar con movilizaciones” y combinarlas con los distintos mecanismos legales a disposición para “hacer respetar la soberanía nacional”.
Consultado por la posible invalidación a través de la Ley de Minería de Gran Porte de decisiones como la tomada por la Junta de Tacuarembó, Jaume dijo que desde el movimiento social responderán con lo dispuesto por la Ley de Ordenamiento Territorial.
De acuerdo a la Ley de Minería de Gran Porte los emprendimientos mineros deben estar en conformidad con las disposiciones de ordenamiento territorial, las cuales son diseñadas y aprobadas por los gobiernos departamentales (ver recuadro).
Si bien aún no existe una reglamentación de la Ley de Ordenamiento Territorial, los gobiernos departamentales pueden ampararse en la norma a la hora de considerar que un proyecto minero es inapropiado para el desarrollo sostenible en su territorio. Allí radica una de las principales diferencias entre el decreto tacuaremboense y el maragato, que hace referencia explícita a las atribuciones del ordenamiento territorial para San José. De esta manera el decreto de San José se ajustaría a lo establecido en Ley de Minería de Gran Porte.
Esta posibilidad fue reconocida el año pasado desde el oficialismo por el conocido constitucionalista José Korzeniak, quien consultado sobre las implicaciones de las decisiones departamentales al prohibir la minería metalífera a cielo abierto, adelantó que el gobierno podía elaborar una nueva ley para derogar lo que mantiene la de Ordenamiento Territorial.
No obstante, este recurso pareció descartado cuando se discutía la Ley de Minería de Gran Porte. “Si hubiera voluntad política de aprobar una normativa que modificara la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible en un punto clave y sustantivo, tendría que haberse establecido expresamente en el proyecto de ley”, expresó en pleno debate el senador Enrique Rubio.
Edward Braida y Francisco Claramunt.
