EN BUENA LEY
El presidente José Mujica confirmó en su audición de M24 que el gobierno está trabajando en lo que será la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aclarando que no se regularán los contenidos actuales de los medios de comunicación sino que se conformará un marco regulatorio de distribución equitativa en el espectro.
Para Gabriel Kaplún, director de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la UDELAR y quien fue presidente del Comité Técnico Consultivo encargado de fijar los criterios de elaboración de una futura ley, este es el momento ideal para lanzar el tema ya que luego “puede enredarse con discusiones electorales”. Sostuvo que una ley es necesaria debido a que “la URSEC debería controlar pero no da abasto y hay que buscar mejores mecanismos; de hecho hay que buscar a los dueños de los medios que parece que desconocen algunas normas”.
La oposición de algunos actores políticos ya se ha hecho notar con el argumento de que no se deberían regular los contenidos, lo que Kaplún catalogó como “embarrar la cancha”. “Como no me gusta que haya ninguna ley salgo hablando de los contenidos, para que pueda ser un arma para una discusión pública sobre cosas que no son”, criticó.
Sumado a esto, el pasado 10 de mayo Mujica firmó un decreto que establecerá las condiciones de regulación del pasaje de la televisión analógica a la digital, con la creación de siete canales privados, seis públicos y siete comunitarios. Más allá de este avance, Kaplún cuestionó si realmente el sector público aprovechará todas las posibilidades de la televisión digital y si el sector comunitario va a tener un ingreso real, “porque sino vamos a tener una cáscara bastante vacía. Este es el peligro que se corre y vamos a tener casi lo mismo otra vez”.
En diciembre de 2010 el Comité Técnico Consultivo, integrado por representantes de diversos sectores de la comunicación, entregó al Parlamento un Informe Final, resultado de un año de debates que, “para sorpresa de muchos quienes lo integramos, hubo más acuerdos que desacuerdos”. Sin embargo, en 2011 “no pasó nada”, objetó Kaplún. “Muchos lo dimos por muerto, por lo menos teníamos dudas de que resucitaría. Igualmente no dejábamos de insistir en que ahí había una base para la futura ley”, confesó. De todas maneras, el tema se ha vuelto a retomar y fue una sorpresa para muchos ya que en reiteradas ocasiones se había tenido la negativa del Presidente.
En el Informe Final se demandó un marco regulatorio distinto al actual en los medios de comunicación en donde exista un diseño de políticas, una regulación independiente y el ajuste de algunas normas de contenido que ya existen, por ejemplo las de protección a los niños y adolescentes que para Kaplún “no se cumplen bien”.
Se resolvió que era adecuado generar un equilibrio en el espectro entre el sector privado, público y comunitario, abriendo caminos para la no concentración de medios en pocas manos, aunque ya existen normas anticoncentración que establecen que ningún permisario puede poseer más de dos frecuencias en una misma banda ni poseer más de tres en total, además de no poder ser dueño de frecuencias siendo extranjero. Según Kaplún “el problema es que algunos no admiten que esta norma no se cumple. Hay que evitar también a los grupos de testaferros pero ahí entramos en la letra chica. La Ursec (Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación) tiene mecanismos para ello y ahora con Dinatel (Dirección Nacional de Telecomunicaciones) tomaron por fin un caso diagnóstico que es el Grupo Sarandi, un caso típico de concentración muy amplia en torno a la misma empresa que además es extranjera, ilegal también”.
Fue también concensuada la creación de diversos mecanismos de participación social. “Los canales privados argumentan que lo que hacen es porque la gente lo pide, por eso hubo acuerdo en generar un plan general de educación para la comunicación, que incluye educación para las audiencias”, pero, sin embargo, “¿esto significa que le tenemos que decir a la gente lo que tiene que ver? No, pero hay experiencias buenas como las europeas sobre como trabajar en educación para el consumo de los medios y educación para la comunicación y así potenciar a la gente para que pueda hacer y no solo consumir”, agregó el director.
La clave es que existan varios actores jugando porque “si no me gusta este informativo, ¿puedo ver otro?”, cuestionó. “Alguien podría decir que ya existe el sector público pero es muy modesto en realidad, además de no llegar a todas partes del país. La apuesta de medios más importante es si podemos abrir la diversidad de posibilidades del sector”, aseguró Kaplún, y agregó que al país le falta más gente movilizada por estos temas. “La experiencia indica que los medios finalmente terminan cambiando algunas de sus maneras de ser, sobre todo cuando sienten que la gente reclama y eso tiene un efecto moral muy fuerte”, afirmó.
Amanecer digital
El pasado 10 de mayo Mujica firmó un decreto que establecerá las condiciones de regulación del pasaje de la televisión analógica a la digital, así como los requisitos de asignación de frecuencias para la misma. Kaplún consideró que el avance es mucho “para un pedacito importante como lo es la TV digital” ya que el decreto tomó en cuenta varios de los criterios que estaban planteados en el Informe Final, pese a que “lo más complicado es que justamente no sea una ley porque algunas cosas son más difíciles de llevar adelante a través de un decreto”.
El primer avance para Kaplún radica en que el decreto reservó un tercio del espectro radioeléctrico para el sector público, comunitario y privado-comercial. Igualmente, habrá que evaluar el impacto: ver “si el sector público y comunitario va a avanzar o va a seguir siendo débil, y cuanto más se va a abrir el sector comercial”.
Además es necesario analizar qué condiciones se generarán para que el sector público y el sector comunitario tengan una presencia más efectiva, incluso para que el sector privado se diversifique más. “El problema es que cuando se abran los llamados se presenten solo los canales privados actuales y alguno más”, planteó Kaplún.
El sector público ya tiene una reserva de espectros para Televisión Nacional de Uruguay y para la IMM pero, “¿sólo eso? ¿Van a haber más? ¿El sector público va a aprovechar todas las posibilidades que la televisión digital tiene? Son preguntas que no se si tienen una respuesta fácil, por lo menos no son resueltas a través de un decreto como este que lo que hace es establecer marcos regulatorios”, siguió cuestionando.
En el sector comunitario hubo hace algunos años un proyecto de televisión planteado por el PIT-CNT pero quedó estancado cuando el gobierno no le otorgó la señal analógica que solicitaban. También existió un canal comunitario en el barrio Colón (canal 2 que estuvo desde 2006 hasta 2007) “pero fue una experiencia muy pequeña. No parecían estar animados para volver a levantarlo. Entonces, ¿cómo se estimula al sector comunitario para que realmente ingresen? Porque sino vamos a tener una cáscara bastante vacía. Este es el peligro que se corre y vamos a tener casi lo mismo otra vez”.
Los interesados en adquirir las frecuencias digitales deberán presentar sus proyectos comunicacionales, los cuales van a ser evaluados por la Comisión Honoraria Asesora Independiente y deberán ser expuestos ante una audiencia pública para garantizar la transparencia de los mismos. Los proyectos presentados serán mejor valorados cuanto más estimulen la producción nacional, o sea que “en lugar de aquellos que compran ‘latas’, se privilegia a aquellos que emplean gente para producir o a quienes compran producción pero nacional”.
El plazo de las autorizaciones será de quince años y el Poder Ejecutivo tendrá la opción de renovarlo por diez años más en el caso de que el permisario haya cumplido con su proyecto durante el período de autorización. La Ley de Radiodifusión Comunitaria estableció diez años como período de autorización para poseer frecuencias y esto generará problemas según Kaplun debido a que genera dudas sobre si el sector comunitario deberá atenerse a la ley y el resto del espectro al decreto.
El decreto también obliga a los canales a emitir quince minutos diarios no acumulables de campañas de bien público de manera gratuita. Actualmente los Ministerios están pagando una cantidad de dinero importante a los canales privados para este tipo de emisiones, más allá de que existen normas que establecen la cantidad de publicidad que se debe emitir en una hora, “pero no se cumplen, ni se controlan”.
El decreto sobre televisión digital, al ser un decreto, tiene varias limitaciones. El asunto del canon fue uno de ellos, siendo finalmente apartado dado que los tributos se definen por ley. En este momento se encomendó a la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (DINATEL) la redacción de un proyecto de ley que establezca este tributo. El cobro de un canon estaba destinado como fondo para el fomento de la producción audiovisual, por eso el director cree que “es una pena que no se haya definido porque uno de los problemas que deberá afrontar la televisión digital para que despegue en serio es la producción de contenidos”.
Para Gabriel Kaplún el decreto será positivo, pero se deberá pensar y definir cómo fomentar algunas cosas, en primer lugar, una producción nacional de contenidos. “Los decretos son solo resoluciones, y los proyectos se llevan adelante trabajando, no con un decreto”, sentenció.
Gabriel Ferreira
