En una actividad casi desapercibida y con poca difusión, se desarrolló en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, un debate organizado por la “Red de Amigos Luis Pérez Aguirre” sobre la problemática del aborto. La actividad contó con la participación de la doctora Cristina Grela, referente de género del Ministerio de Salud Pública y de la senadora Constanza Moreira.
La concurrencia fue de aproximadamente 40 personas, casi en su totalidad católicos y en gran mayoría mujeres del grupo “Católicas por el derecho a decidir”.
Con la sorpresa de Constanza Moreira, y la mía, esta organización que promueve el pensamiento del fallecido sacerdote jesuita Luis Pérez Aguirre (Perico), tiene una idea bastante distante de lo que uno puede imaginar sobre la práctica del aborto. Creen en la necesidad de generar nuevas “posibilidades de razonamiento en el mundo cristiano”. Promueven los derechos humanos y en ese sentido trabajan por el reconocimiento del derecho a la salud sexual de las mujeres, tantos siglos desestimado.
Desde una concepción cristiana, Luis Pérez Aguirre, reconoce la dificultad de legislar en temática del aborto, aunque reconoce que el mundo católico debe librarse de prejuicios y llevar adelante los debates con discernimiento, dejando de lado las concepciones éticas y morales del mundo cristiano. Son justamente estas argumentaciones éticas las que utilizó el Dr. Tabaré Vázquez en su mandato para imponer el veto a la ley aprobada por vía parlamentaria.
Perico generó un precedente dentro de la Iglesia desde una visión muy distinta a la predominante. Entre las reflexiones que hizo sobre la problemática del aborto planteaba que no era justo tomar las riendas de la discusión entre una dicotomía vida-muerte como intentan instalar algunos sectores en este momento. Pensaba que la situación social de la mujer tenía que ver con la cultura del patriarcado, donde el cuerpo femenino se valora como objeto del hombre y de la sociedad. Desde ese despojo al derecho del propio cuerpo y demás, es que se planteaba una lucha de poder en el cual “el territorio físico donde transcurre esa batalla es siempre el cuerpo de las mujeres”. El padre disentía con las medidas penalistas para atacar un problema generado por la propia sociedad, sin buscar soluciones a los problemas de fondo que son políticos, sociales y culturales. Decía que “siempre será más cómodo evitar este conflicto amenazándola con la cárcel si aborta.”
En su alocución, la doctora Cristina Grela reconoció que no obstante los avances generados por la Ley de Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva que prevée, entre otras cosas, la instalación de Servicios de Salud Sexual y Reproductiva en todas las prestadoras de salud, persiste la hipocresía imperante en el campo de las interrupciones voluntarias. Los 50 servicios que funcionan en el país están obligados a asesorar y tratar antes y después de la intervención del embarazo, pero el medicamento utilizado tiene que conseguirse en el “mercado negro”, con todos los riesgos que ello implica.
La problemática del aborto está estancada desde hace más de un siglo. En 1938, cuando se aprobó la ley que rige actualmente, algunos legisladores afirmaban que con ella se afirmaba la desigualdad, ya que la cantidad de interrupciones no disminuiría con la prohibición y los riesgos estarían íntimamente relacionados con la situación económica de las embarazadas. Por otro lado, se argumentaba que “las preferencias normativas que tienen las personas como productos de sus creencias, no pueden ser aplicadas a todo el mundo, porque eso violaría el Estado laico y el principio de tolerancia religiosa” afirmó Moreira.
La senadora se lamentó de no haber conocido el pensamiento del religioso anteriormente, cuando tuvo que defender el proyecto de ley en el Parlamento. De todas formas afirmó que nunca es tarde y que “me va a tocar de nuevo en el senado y ahí voy a aprovechar para hablar de él” sobre las “críticas desde adentro” que el sacerdote plantea.
Por otro lado, la senadora, respondió a las argumentaciones que con frecuencia se oyen por parte de algunos conservadores sobre el enfrentamiento entre la vida de la mujer y vida del embrión. Moreira calificó esta “teoría de los dos derechos” como un “dispararte jurídico”. Referenciando a un texto de Miguel Andreoli que utilizó para su defensa del proyecto de ley en el Parlamento, dijo que ni en el pacto de San José de Costa Rica ni en el Art. 72 de la Constitución, se habla del derecho a la vida pura. Recordó que los derechos son adjudicados a las personas y los embriones no son sujetos jurídicos, porque “en sentido estricto uno no puede hablar del derecho de algo que no es un sujeto jurídico”.
Para pensar. Palabras de un católico iluminado.
Mientras en la sociedad no haya salidas reales para que las mujeres se vean obligadas a abortar en ciertas coyunturas, no tiene derecho a penalizar el aborto. Es hipócrita e inmoral castigar y penalizar por un lado lo que ella misma obliga en los hechos a cometer por el otro”
“Si de todo sufrimiento humano debemos hablar con respeto y vergüenza de no hacer todo lo posible por superarlo, con la misma razón debemos respetar la angustia, la agonía y el sentimiento de culpabilidad inducidos por la criminalización del aborto en millones de mujeres”
Es absurdo simplificar la polémica ubicándola en dos bandos extremos irreconciliables. Quien dice que para salvar embriones hay que ajusticiar, eliminar o sancionar socialmente a las madres, y quien sostiene por el contrario que para defender a las madres se puede aceptar o justificar la destrucción de embriones. En esta disyuntiva de hierro lo trágico es que las ajusticiadas son siempre las mismas víctimas, porque abrumadoramente desde el punto de vista numérica son las más débiles y las más pobres, las que no pueden o no tienen los medios para defenderse o escapar de la legislación dada. Claro, siempre será más cómodo evitar este conflicto amenazándola con la cárcel si aborta.”
Siempre será mas fácil eliminar fetos que luchar con las verdaderas causas sociales del aborto. Aunque puedan tranquilizar ciertas consciencias estas soluciones serán siempre pseudo soluciones. Mientras existan las causas que acorralan y obligan a las mujeres a abortar, ellas seguirán abortando.”
“La violencia doméstica no es más que un mero síntoma epidérmico del patriarcado (…) la violencia contra la mujer es un mecanismo del patriarcado para mantener un orden político y social. Por eso la subordinación y opresión en todos los sistemas culturales, políticos y sociales parece inevitable y natural. Y el territorio físico donde transcurre esa batalla es el cuerpo de las mujeres.”
Joaquina Sanguinetti

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