En Uruguay se reglamentó en el año 2019 la Ley N° 19.580 de Violencia hacia las mujeres basada en género, cuyo artículo 5 indica en uno de sus principios que “el Estado es responsable de prevenir, investigar y sancionar la violencia basada en género hacia las mujeres, así como proteger, atender y reparar a las víctimas en caso de falta de servicio”. Allí también se tipifican las distintas violencias hacia las mujeres, entre ellas la sexual, patrimonial, obstétrica, doméstica y femicida. En dicha Ley se faculta al Instituto Nacional de las Mujeres, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) a “velar por el fiel cumplimiento” de la misma, y se creó el Observatorio sobre la violencia basada en género, que está “destinado al monitoreo, recolección, producción, registro y sistematización permanente de datos e información sobre la violencia hacia las mujeres”.
¿Es suficiente?
Consultada por Sala de Redacción sobre la situación actual de las políticas de abordaje de la violencia basada en género, la magíster en Políticas públicas de Igualdad, directora de la ONG El Paso y militante feminista Andrea Tuana mencionó que a pesar de que existió una primera etapa de avances muy importantes que pusieron el tema en agenda en Uruguay, considera que en un contexto donde cada vez hay más denuncias de violencia sexual y se mantiene una cifra muy alta de denuncias por violencia de género en general, el sistema “no se ha fortalecido y no han aumentado los niveles de respuesta para lo que es la situación. Las denuncias crecen y siguen exigiendo los mismos servicios. Entonces, el sistema de respuesta queda estancado y no compensa la demanda”. Agregó que empezó a implantarse “un sistema de respuestas con un posicionamiento muy fuerte en su origen” con la Ley N°17.514 de Erradicación de Violencia Doméstica promulgada en el año 2002, pero que se encuentra “estancada”. Al desatender esta problemática, señaló que se deja lugar a que aparezcan sesgos y discursos negacionistas de la violencia de género y de las denuncias de las víctimas. “Realmente creo que estamos en un momento muy difícil para las víctimas”, afirmó Tuana.
La trabajadora social cree que no necesariamente han aumentado los casos de este tipo de violencia sino que las víctimas denuncian más que antes. En ese sentido, considera que un elemento importante es que “la mirada social no ha retrocedido” y que la lucha feminista tiene un rol central en ese avance, especialmente “una generación más joven que ha tomado la bandera” y que “va empujando y permitiendo que no se estanque” la puesta en la mira hacia esta problemática.
En este sentido la docente y coordinadora de Cotidiano Mujer, Lilián Celiberti, mencionó a Sala de Redacción tres legislaciones significativas: Ley Integral de Violencia de Género, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y la Ley Trans. Mencionó que a pesar de esos avances, ha “disminuido el avance legislativo”, principalmente hacia la Ley 19.580, ya que “carece de toda la permeabilidad en el sistema del conjunto de las políticas porque carece de presupuestos adecuados para atender las situaciones”. Celiberti advirtió la ausencia en el sistema educativo de formación en el abordaje de Violencia Basada en Género (VBG) y las “consecuencias dramáticas” que eso implica para la vida de las mujeres y la defensa de sus derechos. Asimismo señaló que “los avances más significativos de ubicación de la perspectiva de género en las políticas ha sido la inserción de la Asesoría para la Igualdad en la Intendencia de Montevideo, pero no así a nivel institucional a nivel de todo el Estado.”
Pedagogías de la crueldad
Consultada sobre la necesidad de transversalizar la perspectiva de género en todas las políticas públicas, Celiberti afirmó que lo considera “absolutamente” necesario. Mencionó el caso de Milagros Chamorro y planteó la necesidad de preguntarse “qué pasa con esas masculinidades que seguramente conviven con nosotros. Esos chicos jóvenes que la violaron hace 14 años fueron a la escuela, al liceo, seguramente también a la universidad porque conviven con nosotros, los encontramos a ellos y a otros violadores o abusadores a nivel familiar.”
Afirmó la urgencia de cuestionarse como sociedad sobre la ”construcción cultural que tenemos de esa pedagogía de la crueldad que supone el abuso sobre otras personas” e interrogarse sobre “cómo construir otro tipo de lazos y de vínculos, no solo con el sistema educativo sino con la sociedad” en general. Mencionó que en este periodo de gobierno hubo dos ejes que fueron fuertemente debilitados: el Sistema Nacional de Cuidados y la introducción de la Ley de Tenencia compartida, “que parte de la base de que las mujeres mienten”. En cuanto a esto último mencionó, así como lo hicieron otras especialistas en el tema al promulgarse la Ley, el riesgo de implantar un discurso que deslegitima las denuncias de las mujeres, impulsa un sesgo negacionista y pone en riesgo la integridad de las víctimas, en este caso tanto a las madres como a sus hijos.
Sobre dicha Ley Celiberti opinó que “es una respuesta conservadora al avance del feminismo”. “Yo creo que si algo hemos conquistado es esa capacidad de hablar, de no tolerar y que las mujeres no están dispuestas hoy a vivir 30 años encadenadas a una relación violenta”, afirmó.
Retrocesos
En mayo de este año el presidente Luis Lacalle Pou presentó al Parlamento un proyecto que proponía modificar cuatro artículos de la Ley N° 19.580 donde apuntaba a una mayor protección de los denunciados y en detrimento de las “denuncias falsas”. Esta legislación también había sido cuestionada este año por otros integrantes de la Coalición de gobierno.
Al respecto Celiberti explicó que el problema real no tiene que ver con la veracidad o no de las denuncias, sino que “lo que cuesta es que en realidad estas dimensiones van al fondo de lo que Rita Segato plantea como base de la construcción patriarcal, que es el control del cuerpo de la mujer, el control de su sexualidad, pero de su cuerpo, de su movimiento”. Cuando se dan avances feministas en la sociedad se cuestiona esa estructura de “pacto patriarcal de masculinidad” que implica un poder de los varones sobre las mujeres y por este motivo “todas las derechas del mundo colocan al feminismo como un enemigo crucial”.
En la misma línea Tuana señaló que “hay una disputa de sentidos y hay una disputa de modelos; el patriarcado está reaccionando a ese avance enorme de las mujeres que por lo menos en Uruguay se ha venido dando”. Tuana dijo que no se puede negar que “en los 15 años de gobierno frenteamplista se dieron saltos cualitativos” tanto con las leyes aprobadas como “con los servicios de atención, con las campañas, con la protección” a las mujeres y a los niños. Señaló que la forma de socavar estos avances no es a través de legislaciones explícitamente machistas que ya no tienen legitimación en el entramado social, sino que se hace a través de estos “relatos de posverdad” que sugieren que las mujeres mienten, que exageran, que odian a los hombres o que quieren “destruir la familia”.
Los desafíos del presente
El pasado domingo 24 de noviembre se eligió presidente y al partido que gobernará en Uruguay por los siguientes cinco años. En la semana previa, se realizó un debate entre los presidenciables Yamandú Orsi (Frente Amplio) y Álvaro Delgado (Coalición Repúblicana) en el que durante dos horas y habiendo recorrido distintas temáticas, ninguno de los dos abordó el tema de la violencia de género, los delitos sexuales ni la desigualdad de género, lo cual fue criticado por algunas militantes feministas.
En cuanto a los programas de gobierno, en el titulado “Tiempos de esperanza, tiempos de la gente” del FA se hacen varias alusiones y propuestas concretas vinculadas a la autonomía económica de las mujeres, al combate de la violencia de género, las políticas de cuidado, la salud integral y las diversidades, entre otras. En contraste, en el programa “Compromiso País” de la Coalición no se dedica ningún apartado al abordaje de la desigualdad, discriminación o la violencia basada en género. No hay propuestas vinculadas a la temática en dicho programa.
Consultada al respecto, Celiberti opinó que todavía existen muchos sectores de la sociedad que siguen creyendo que los temas de género atañen únicamente a un grupo reducido de mujeres y no lo asumen como un problema social y político. Reivindicó el rol de los feminismos y los nuevos paradigmas de la juventud a pesar de que aún “no encuentran las posibilidades de dialogar con un sistema político que sigue anquilosado en visiones muy patriarcales”. Tuana también se refirió a la relevancia de los movimientos sociales que ponen la temática como un problema real y urgente. “Me parece que eso es súper importante porque va ampliando la base social de las personas que están luchando por la igualdad y por la no violencia,“ manifestó.
En cuanto a las principales urgencias que se deberían plantear en un próximo gobierno, Tuana señaló que los servicios de atención “deben estar disponibles y accesibles para las mujeres”, tanto en distancias como en tiempos de espera. “Tienen que estar en el medio rural, en las localidades grandes de los departamentos, en los barrios como las comunas”, afirmó. Por otro lado hizo hincapié en la urgencia de presupuestar la Ley N°19.580: “hay que financiarla desde la primera letra a la última”, tiene que incorporarse la formación con perspectiva de género en las carreras de la UdelaR y se tiene que asegurar una atención en salud mental adecuada a los casos de este tipo de violencia.
Por último Tuana mencionó la necesidad de poner sobre la mesa la gravedad de la violencia vicaria (dañar a hijas e hijos para lastimar a las mujeres) y denominarla como tal, ya que en la Ley 19.580 está incluida dentro de la violencia femicida y aún no se tipifica como un fenómeno como tal. En este mismo sentido, señaló la urgencia de “derogar la ley de corresponsabilidad en la crianza. Porque es un desastre y porque de alguna manera esta ley expone a los niños, niñas y también a las mujeres a situaciones de violencia vicaria y a riesgos muy altos”.
Sobre la propuesta realizada en el año 2020 por la senadora frenteamplista Amanda Della Ventura de imprescriptibilidad de los delitos sexuales (que no fue aprobada), Tuana mencionó que esa propuesta también se había realizado cuando estuvo en discusión la ley de violencia de género y se tuvo que descartar ya que había legisladores que no estaban de acuerdo. Tanto Tuana como Celiberti aseguraron que ese tema debe volver a plantearse en la próxima legislación.
