Las discusiones en materia de género no son un tema nuevo ni ajeno al Uruguay. Cada cierto tiempo resurgen polémicas que dejan en evidencia amplias grietas a la hora de tratar el asunto en el ámbito político y social. Lejos de ser un amortiguador, el hecho de estar en víspera de campaña electoral parece ser un detonante para volver a situar a la ley de género como centro de debate.
Durante los primeros meses del año ingresaron al Parlamento tres proyectos de ley que buscan modificar en mayor o menor medida la Ley 19.580 de violencia hacia las mujeres basada en género. El candidato a la presidencia por Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, el diputado colorado Gustavo Zubía y el mismo presidente de la República Luis Lacalle Pou han sido impulsores en la promoción de cambios en varios artículos de la ley.
Desde entonces, han sido interminables las idas y vueltas que se han llevado a cabo con argumentos tanto a favor como en contra de las modificaciones en un debate que, según varios sectores, no debería siquiera estar planteándose. Organizaciones feministas mostraron su descontento con la voluntad de tratar el tema en año electoral, e incluso el comité de expertas en violencia de género de la Organización de los Estados Americanos (OEA) pidió desestimar las propuestas catalogadas como “regresivas”.
Un factor común entre las tres propuestas mencionadas ha sido el presunto incremento de denuncias falsas por violencia de género, una acusación que actualmente no tiene un sustento oficial a falta de datos en nuestro país.
La cátedra de Género y Generaciones de la Universidad Claeh (Uclaeh) llevó a cabo una mesa redonda de la mano de profesionales en materia jurídica y social en la que se anunció el inicio de una investigación sobre denuncias falsas en Uruguay. La abogada especializada en género y corredactora de la Ley 19.580, Alicia Deus, declaró durante la conferencia que lo que generan estos “embates regresivos” es alimentar la construcción de un “ambiente de hostilidad” que “buscan debilitar o anular los avances legislativos” y apoyar una “obstaculización del acceso a la justicia para las mujeres y los niños”. Además, hizo referencia a la situación de la ley en la actualidad, denunciando que no es correctamente aplicada y que “se incumple todos los días”.
Pasos al costado
En su primer artículo, la Ley 19.580 establece que tiene por objeto “garantizar el efectivo goce del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia basada en género”. Asimismo, declara como prioritaria la actuación del Estado para garantizar la erradicación de violencia ejercida a mujeres, niños, niñas y adolescentes.
La norma ha sido objeto de críticas desde su promulgación en diciembre de 2017, principalmente por parte de sectores conservadores que sostienen que ampara lo que denominan “ideología de género”, una forma de catalogar a los movimientos feministas y la agenda de derechos en materia de diversidad sexual y reproductiva.
Si bien el proyecto tuvo apoyo de algunos legisladores blancos y colorados (principalmente mujeres), fue claro el posicionamiento predominante en la oposición. No solo por el hecho de que haya pasado dos años en el Senado y tan solo una semana en la Cámara de Representantes —la sanción tuvo 63 votos a favor en 84 presentes—, que sin dudas fue un hecho disparador para la negativa, sino también por los ideales que se veían reflejados en su formulación.
El colorado Ope Pasquet manifestó que se trataba de un “criterio discriminatorio”, siendo que “la ley debe amparar a todas las víctimas de la violencia, no solo a las mujeres”.
Por su parte, la nacionalista Graciela Bianchi advirtió a los hombres que “a partir de la aprobación de esta ley, todos ellos estarán en libertad condicional”, porque “depende de la discrecionalidad del juez o de la jueza que se apruebe una orden de restricción, que sabemos que no sirve para nada si no la controlamos”.
Particularmente, en marzo de este año senadores de Cabildo Abierto presentaron un proyecto para modificar y derogar artículos de la ley bajo el fundamento de “inconstitucionalidad” al plantear que rompe con el principio de igualdad amparado en el Artículo 8 de la Constitución de la República. La propuesta cabildante busca “respetar la igualdad del hombre y la mujer, la valoración de las pruebas aportadas” y establecer “penas por falsas denuncias”, tal como dictaminó el candidato cabildante Guido Manini Ríos en su cuenta de X.
Algunos cambios que proponen son el castigo con prisión al denunciante si la acusación resulta ser falsa, la derogación de la consideración de “violencia simbólica” ejercida mediante mensajes, imágenes o imposiciones sociales, y la modificación del artículo que dispone el retiro del agresor del hogar, en donde se agrega “salvo que sea propietario del inmueble o desarrolle una actividad laboral que constituya su sustento principal”, en caso tal que “se le proporcionará a la víctima una vivienda”.
Al mes siguiente, el diputado del Partido Colorado, Gustavo Zubía, presentó un proyecto similar para “subsanar excesos” en la normativa vigente que han “quebrantado derechos del hombre”. En este caso, uno de los cambios principales consiste en cambiar el texto que determina que tanto el silencio, como la falta de resistencia o la historia sexual de la víctima de una agresión sexual “no deben ser valorados como demostración de aceptación o consentimiento de la conducta” por una política en donde “serán prudentemente analizados para valorar o no la conducta en cuestión”.
Sin embargo, no hay duda alguna de que la propuesta de mayor peso es la presentada por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, a finales de mayo. Un proyecto de ley que busca modificar cuatro de los artículos principales de la ley de género para “ajustar aspectos” de la norma y evitar así las “denuncias falsas”.
El texto del proyecto plantea que la ley no ha logrado cumplir con sus objetivos, debido a que “en la actualidad siguen abrumando las consecuencias nefastas originadas en delitos de género” y a que la normativa “no logró abatir el número de casos de femicidio”. Enfatiza de igual manera que las modificaciones buscan “mejorar el instrumento sin modificar la sustancia y los fines perseguidos” y pretende llevarse a cabo “sin perder de vista la importancia de la norma y la problemática que aborda”.
En líneas generales, la ley dicta que en caso de conflicto sobre la aplicación de la misma, prevalecerá la interpretación más favorable a las mujeres violentadas, a lo que el texto del proyecto presentado al Parlamento agrega que “en ningún caso esto significará debilitar las garantías del debido proceso y las reglas de valoración de la prueba”. Estas últimas establecen que se debe respetar el testimonio de niñas, niños y adolescentes sin uso de argumentos técnicos que puedan disminuir su credibilidad. A esto, el proyecto adhiere que para usar argumentos técnicos se requerirá el respaldo de prueba pericial. En otra línea, se pone énfasis en evitar el supuesto de las denuncias falsas —al catalogarlas como un “hecho notorio”— y garantizar una “defensa efectiva” de los acusados. Asimismo, propone eliminar la reparación económica de las víctimas bajo el mandato de que si las mismas la buscan, deberán iniciar otro juicio por daños y perjuicios (y además habilita la presentación de pruebas por la parte denunciada). El proyecto que el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento aún está a estudio de la comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género.
Sin sustento
Un disparador fundamental en la discusión fue la denuncia falsa realizada contra el candidato frenteamplista Yamandú Orsi, que fue acusado de violencia de género por Romina Celeste Papasso y Paula Díaz a principios de este año. El conflicto mediático se vio reflejado en una escena política alterada, donde sutilmente se deslizó una discusión sobre las implicancias que tiene la ley de violencia de género en situaciones similares y las garantías que existen para una y otra parte a la hora de desmentir una denuncia de este tipo.
Consultados por Sala de Redacción, especialistas en materia de género declararon que las denuncias falsas no pueden considerarse una problemática generalizada o prioritaria, en especial con lo que conlleva analizar una situación de tal magnitud en un año de elecciones. Coinciden en que lo principal es poner foco en las situaciones de violencia que continúan sufriendo mujeres sin un debido amparo del Estado.
Mónica Bottero, integrante del Partido Independiente y directora del Instituto Nacional de Mujeres del MIDES, manifestó que pese a que todas las normas son “perfectamente discutibles”, está en desacuerdo con que la ley de violencia de género sufra modificaciones sustanciales. Los cambios que están sobre la mesa “niegan principios fundamentales que son los que dan base al surgimiento de leyes como ésta, que es el reconocimiento de la violencia de género como tal (…) y una construcción conceptual que viene de larga data y que responde a acuerdos internacionales plasmados en convenciones que Uruguay suscribió e incluso, como en este caso, les da carácter de ley.”
Para Néstor Rodríguez, psicólogo integrante del Programa de Género, Sexualidad y Salud Reproductiva de la Facultad de Psicología (Universidad de la República), entre las denuncias de Papasso y Díaz y la discusión de la Ley de Género “hay un enlace que nadie puede explicar”. “Lo que llama la atención es cómo algo que tiene que ver con una denuncia falsa vinculada a una operación política termina atada o asociada a una generalización de las denuncias falsas en materia de violencia sexual y violencia basada en género”, declaró. Rodríguez afirmó que lo que hay detrás es una “intencionalidad ideológica o política contraria a una agenda de derecho”, que es “un eslabón más de toda la cadena desde que se aprobó la ley.”
Por su parte, la politóloga feminista Soledad González sostuvo que “hablar de que hay denuncias falsas como si hubiera un porcentaje altísimo desvirtúa la realidad” porque “prácticamente no existen”. Ejemplifica con el caso de Papasso y Díaz: “se hizo una denuncia falsa, fue descubierta y el sistema judicial las castigó”. González denuncia que en situaciones así “están instalando una mentira” y que las modificaciones enviadas por el Ejecutivo son “para favorecer a violadores y golpeadores”.
Denuncias falsas, víctimas reales
En casos de tal magnitud, es prudente cuestionar cómo se ven afectadas las víctimas reales de casos de abuso o agresión sexual en nuestro país. Para Rodríguez, se podría hablar de una corriente “negacionista” en cuanto a las denuncias por violencia de género. “El discurso de las falsas denuncias es un dispositivo más dentro de una gran ingeniería asociada al rechazo de los sectores conservadores hacia lo que llaman ideología de género”, sostuvo el psicólogo.
Por otro lado, González agregó que lo que hay es un “problema de impunidad” y denunció una gran falta de preocupación respecto al funcionamiento de la ley: “requiere un presupuesto para su implementación que el Poder Ejecutivo no ha dado. Podrían establecer los juzgados multimateria en todo el país, pero ese tema no les preocupa”.
Bottero declaró que es posible considerar que modificaciones tales puedan llevar a las víctimas a retraerse de denunciar vivencias de abuso. Se trata de un “hecho mediático puntual con características que no son las usuales de la violencia de género que sufren todos los días miles de mujeres en Uruguay”, por lo que “puede generar un impacto en ese sentido” y que se den casos donde “sea cuestionada la credibilidad de las víctimas” lo que las lleve a evitar realizar denuncias por miedo a que estas sean desestimadas por la justicia.
Es posible hacer una digresión entre las denuncias falsas y las denuncias no consustanciadas, es decir, casos en los cuales se da un proceso de investigación penal pero no se llega al suficiente estándar de prueba requerido. “Eso no quiere decir que las situaciones no hayan ocurrido y que haya una situación de falsa denuncia.”, establece Rodríguez. El psicólogo dijo que “plantearlo en estos términos implica decirle a la víctima que la agresión no se pudo probar pero no porque no haya existido sino porque no se pudo llegar al estándar mínimo”. Y agrega que se trata de una situación delicada, puesto que “el proceso de denuncia sobre todo en materia de violencia sexual es especialmente doloroso.”
Pese a esto, el psicólogo destaca que el sistema de justicia uruguayo es “bastante transparente” y que la denuncia de Papasso da cuenta de que en el caso de haber una denuncia falsa, hay elementos para detectarla. Sin embargo, las opiniones son variadas. “Los sectores ultraconservadores acusan al sistema de tener una ideología feminista, mientras que organizaciones de mujeres denuncian que el sistema es patriarcal”. Para Rodríguez, no hay que inclinar la balanza para ninguno de los dos lados, sino que “es posible decir que hay una serie de grises en el medio de las situaciones que ni una parte ni la otra están logrando ver”.
Tiempo muerto
Pese a los debates, los proyectos que buscan modificar la Ley 19.580 no han tenido grandes avances. Tanto la propuesta de Manini Ríos como la de Zubía se presentaron para estudio en las comisiones de sus respectivas cámaras, pero no llegaron a tratarse propiamente hasta la fecha.
Por su parte, la iniciativa del Poder Ejecutivo solamente tuvo un movimiento al ser derivada por la vicepresidenta Beatriz Argimón hacia la comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género, que mantiene un régimen de reuniones poco habitual —del 18 de cada mes en adelante—, pero nada fue discutido al respecto.
El Parlamento entra en receso el 15 de septiembre y no retomaría actividad hasta el 15 de febrero del próximo año, por lo que, a menos que se trate en sesión extraordinaria las modificaciones quedarían archivadas. Para alivio de algunos y frustración de otros, parece que el tema no encuentra lugar en la agenda hasta el momento.
