Uruguay está en emergencia sanitaria y el gobierno exhorta a quedarse en casa. Las clases han sido suspendidas en todos sus niveles, la alternativa son los cursos online. Las empresas públicas -y muchas privadas- optaron por el teletrabajo. Los shoppings han cerrado. El Palacio Legislativo también tomó las medidas sanitarias correspondientes y bajó su actividad hasta lo “mínimo indispensable”, según anunció la vicepresidenta Beatriz Argimón.
Se cancelaron eventos sociales, culturales, políticos y deportivos. Se cerraron las fronteras nacionales. Los que no trabajan desde su casa, lo hacen de tapaboca. Se repite una y otra vez que hay que lavarse las manos. Se intentan evitar por todos los medios las aglomeraciones y el contacto humano, para prevenir contagios.
Sin embargo, en las 26 cárceles del país, todas estas medidas tienden a ser inaplicables. La población privada de libertad en Uruguay ronda las 12 mil personas. Las celdas distan de ser amplias, no tienen agua corriente y son compartidas entre cinco o seis personas, a veces más.
En el marco de esta emergencia sanitaria, el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) emitió un protocolo de acción que restringe las visitas a los centros penitenciarios: sólo puede asistir una persona -mayor de 18 años- por recluso. A todo el que llega a la puerta -visitante, funcionario o interno- se le toma la fiebre con termómetro infrarrojo y si tiene más de 37,5 grados se le niega la entrada. Si es funcionario, se le brinda un tapaboca, se le indica que vuelva a su casa y que consulte con su médico.
Si la persona debe pernoctar dentro del recinto, “se deberá coordinar con el Comando de la Unidad N°3, ya que esta dispone de un alojamiento transitorio para valoración médica”, según un comunicado del Ministerio del Interior (MI). Este espacio fue acondicionado para aislamiento en caso de que alguno de los internos presente síntomas pero no requiera internación hospitalaria.
En diálogo con Sala de Redacción, el comisionado parlamentario penitenciario Juan Miguel Petit afirmó que “se ha exhortado a los internos a no recibir o disminuir las visitas para prevenir posibles contagios”. Al ser consultado sobre la existencia de casos sospechosos por infección del virus o si hubo testeos realizados dentro de los centros, comentó que “por ahora el problema está afuera, no adentro”.
Con respecto a los cuidados higiénicos, según el protocolo del INR se le otorgará a cada interno “jabón de lavar neutro”, “la mayor cantidad de hipoclorito posible” y se nombrarán “cuadrillas de limpieza” para mantener aseado el lugar.
Desde adentro
Aunque en otro comunicado del INR emitido el 17 de marzo se especifique que las medidas de prevención abarcarán a las 26 unidades penitenciarias del país, Adrián, un interno de la unidad Nº6 de Punta Rieles, dijo a Sala de Redacción que las medidas que explica el protocolo no corresponden con la realidad de su unidad. “Las limpiezas que existen las hace cada cual en su celda, pero la hace por el mero hecho de vivir en lo limpio. Nosotros acá somos alrededor de 550 personas y lo único que nos dieron fue media barra de jabón neutro. Si tenemos que limpiar las celdas tiene que ser con cosas que nos trae nuestra familia, y un 75% de la población no recibe visitas”, afirmó.
Sin embargo, según Denisse Legrand, coordinadora del programa socioeducativo en cárceles Nada Crece a la Sombra, este problema trasciende los límites del sistema carcelario: “No se le puede achacar todos los males a la institución penitenciaria, no le podemos pedir que dé soluciones como si pudiera hacerlo; no tiene los recursos. En este momento se está recurriendo a pedir donaciones para conseguir hipoclorito para desinfectar”, aseguró. Ante esta situación de emergencia, para Legrand el sistema carcelario “está haciendo lo mejor que puede”.
Uno de los problemas que devienen de esta crisis sanitaria es la interrupción de las actividades dentro de los centros y en casos como el de la Unidad Nº6 y la Unidad Nº1, la suspensión total de visitas hasta nuevo aviso. “Las visitas son el sostén emocional y económico de las personas privadas de libertad”, explicó Legrand. Al respecto de la suspensión de actividades, señaló que “es una situación compleja: aumenta la situación de encierro, de tensión y de las problemáticas que vienen asociadas a la falta de estrategias para canalizar la violencia”.
El ahora y lo que vendrá
Fomentar actividades al aire libre: en el protocolo se asegura que lo harán. Pero en la práctica, según Legrand, “el sistema se encuentra desbordado e incapacitado para asumir este tipo de estrategias”. Por otro lado, aseguró que no solo faltan recursos en las partidas económicas de las que dispone el sistema penitenciario, sino que también hacen falta funcionarios para abarcar las problemáticas propias del encierro.
Dentro, la mayoría de los funcionarios y los privados de libertad “tienen muchas dudas, preguntas, incertidumbres, pero hay un determinado compañerismo. Muchas personas están sensibilizadas con la situación y están buscando vivir lo mejor posible haciendo un gran aporte para la convivencia, y eso es lo que sostiene el día a día”, sostuvo Legrand.
En la Unidad Nº6 de Punta Rieles, donde la gran mayoría de los internos trabajan y muchos de ellos estudian, donde está permitido el uso de teléfonos móviles y transitar por el terreno, todo se encuentra “muy enrarecido”. Así lo contó Adrián, y agregó: “Hay algo de humor en todo esto, por el mero hecho de estar acá: ¿qué otra cosa peor nos podría pasar? Sin embargo, algunos compañeros nos preguntamos hasta dónde esto nos afecta como sociedad. Estamos atentos a un montón de incertidumbres, y de lo que pueda llegar a devenir de toda esta locura”.
