Fueron semanas movidas para el Ministerio del Interior (MI), que recibió fuertes críticas de la oposición y de organizaciones sociales por una serie de excesos policiales que desencadenaron en un acuerdo del Frente Amplio (FA) para interpelar al ministro del Interior, Jorge Larrañaga. Entre los motivos de la convocatoria está el aumento de homicidios que se registró en octubre.
El 26 de octubre, el MI anunció por Twitter la renuncia del ahora ex jefe de Policía de Montevideo, Erode Ruiz, y eso derivó en una polémica por los motivos la decisión. En primera instancia, se dio a conocer que una reunión de Ruiz con el ex director de Convivencia, Gustavo Leal, causó molestias al ministro del Interior. Según informó Leal a Sala de Redacción, Ruiz lo citó en la Jefatura de Policía y Leal le informó de personas que querían hacer denuncias sobre extorsiones y desalojos forzosos en el complejo habitacional del Plan Juntos en el barrio 19 de Abril. “Él (Ruiz) dispuso un sistema de tomar actas e incluirlos dentro del sistema de testigos protegidos”, señaló Leal.
Larrañaga declaró a la prensa que “hay un MI y hay que cumplir con políticas coordinadas. El ministro tiene que tener conocimiento de instancias que puedan llevar adelante integrantes del ministerio” y aseguró que la razón de la destitución es “que la Policía está sometida a jerarquía”.
Leal no ha tenido diálogo con Larrañaga: “No es por falta de voluntad de mi parte, sino porque él, como nueva autoridad del MI, no entendió que fuera necesario, ni en la transición ni durante estos meses”, dijo el ex director de Convivencia del MI.
Crónica de un cese anunciado
Leal y Ruiz se conocen desde 2012, cuando Leal comenzó a trabajar en el MI. Además, ambos actuaron en forma conjunta en los operativos Mirador en San Carlos y en Maldonado, cuando Ruiz era jefe de Policía de ese departamento.
Desde que Ruiz asumió como jefe de Policía de Montevideo, tuvo tres contactos con Leal. El primero fue el 6 de marzo, en el velorio de la policía Daniela da Silva, quien había sido asesinada en el marco de una rapiña. Leal recibió una llamada de un testigo presencial del hecho, le explicó el sistema de testigos protegidos y se lo comunicó al entonces Jefe de Policía. Gracias a ese testimonio se procesó con prisión a los dos homicidas de Da Silva. El segundo fue el 16 de octubre. Ruiz se comunicó con Leal en la mañana para informarle que Brian Ezequiel Sosa Juncal, quien había amenazado de muerte al exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana, había sido asesinado en el complejo de Los Palomares de Casavalle. El tercero fue el 23 de octubre, día en que tuvo lugar la reunión que acabaría con la renuncia de Ruiz.
Según Leal, la decisión de desvincular a Ruiz de la Policía se basa en “una falta de conocimiento” de cómo se trabaja en la interna. Señaló que su encuentro “no fue para discutir por política institucional – que en ese caso sí debería haber avisado- sino para recibir una información puntual”. Y opinó que “el carácter y el temple del ministro lo llevan a cometer errores pensando en que esta es la forma de ejercer la autoridad”.
En la misma línea, Enrique Rubio, senador de la Vertiente Artiguista (FA), dijo a Sala de Redacción que Larrañaga tiene una actitud “intempestiva” y “fuera de lugar”. “Se necesita un ministro del Interior más ponderado, que entienda que hace un año terminó el proceso electoral y que ahora el tema no es compararse con el pasado sino compararse con la realidad”, expresó.
Chau, chau, adiós
Ruiz tiene una larga trayectoria en la Policía Nacional. Aunque se lo identifica con el Partido Nacional y es persona de confianza del presidente Luis Lacalle Pou, Ruiz tiene una amplia llegada a dirigentes de todos los partidos políticos y tuvo una carrera en constante ascenso durante los quince años de gobierno frenteamplista. Ruiz había sido, además, comisario de seccional en Montevideo y encargado del operativo del hospital Filtro en 1994.
El 24 de agosto de 1994, una multitud se concentró en el hospital Filtro en repudio a la extradición exigida por parte del gobierno de Luis Lacalle Herrera, de tres ciudadanos vascos detenidos y acusados de ser parte del grupo terrorista ETA. Bajo órdenes del ministro del Interior Ángel María Gianola, Ruiz comandó el convoy compuesto por ambulancias y patrulleros que irrumpieron entre el gentío. La represión policial dejó centenares de heridos- incluido niños- y dos muertos, Fernando Morroni y Roberto Facal.
A pesar de su historial, el FA designó a Ruiz para altos cargos policiales: estuvo al frente de las jefaturas de Policía de Lavalleja, Colonia, Canelones y Maldonado.
En su paso por Canelones, una funcionaria administrativa lo denunció por acoso sexual y, en consecuencia, fue sometido a una investigación por parte de Asuntos Internos del Ministerio del Interior, pero el hecho quedó en las sombras. Su gestión como jefe de Policía en Maldonado también estuvo marcada por polémicas. Sin embargo, siempre contó con el apoyo del gobierno nacional y departamental, encabezado por el político blanco, Enrique Antía.
“Hincha de la Policía con todas las letras”
A la destitución de Ruiz se sumaron nuevos cuestionamientos a la política de seguridad del gobierno, por lo que legisladores de la oposición decidieron promover la interpelación al ministro del Interior, que se desarrollará en las próximas semanas. Algunos de esos cuestionamientos se originaron a raíz de los operativos policiales que ocurrieron en las últimas semanas en Montevideo en varios puntos del país para evitar aglomeraciones. El accionar policial generó rechazo en algunos sectores de la sociedad e indignación, evidente en el operativo de la plaza Liber Seregni, en el que se utilizaron balas de goma para “dispersar”.
El FA hizo pública una declaración a través de las redes sociales en la que expresó en “repudio a los hechos de violencia” y advirtió que “estas políticas represivas” iban dirigidas a “jóvenes, minorías y colectivos culturales”.
Rubio dijo a La Diaria que hay “algunos colectivos sociales denunciando otros hechos” de abuso policial y consultado por Sala de Redacción sobre a qué hechos hizo referencia, el senador afirmó que “hay una colección de denuncias bastante importante que ha recibido la Institución Nacional de Derechos Humanos y otras que nos llegan a los legisladores” así como “muertes que se debieron a reacciones que estaban fuera de lo que es la Ley de Procedimiento Policial”, expresó.
El oficialismo defendió la actuación de la policía. El director de Seguridad y Convivencia del MI, Santiago González, dijo en una conferencia de prensa que dio con al actual Jefe de Policía, Mario D’Elía, que “no hubo abuso policial”. Días después, al ser consultado por varios medios de prensa, el Lacalle Pou expresó: “La acción, la actitud y las políticas llevadas adelante por el ministro Larrañaga y la Policía Nacional, las sentimos como propias (desde el gobierno)” y alegó que la ciudadanía “votó por un cambio, entre otras cosas, en seguridad pública”. “El que cumple la ley, el que acata las leyes- las que existían y las vigentes después de la LUC (Ley de Urgente Consideración) no va a tener ningún problema”, puntualizó el mandatario.
