El fantasma que hoy recorre el mundo occidental es el de la extrema derecha. Desde Europa hasta América Latina, pasando por Estados Unidos, organizaciones de esta tendencia ganan poder. Pero, ¿cuál es la relevancia del ascenso de esta ideología? ¿En qué afecta realmente? No sólo influye en la economía y la política, sino también en la cultura y, no menos importante, en la interpretación de la historia de un país.
En las últimas elecciones del Parlamento europeo, a principios de junio, fuerzas políticas de ultraderecha alcanzaron el primer lugar en Italia, Francia, Bélgica, Austria y Hungría. En España, aunque no consiguió primar, sí avanzó, y lo hizo a través de dos grupos: el ya implantado Vox, que aumentó su número de diputados respecto a 2019, y la nueva agrupación Se acabó la Fiesta, fundada este año a partir de un influencer en redes sociales que, con más de 800 mil votos, logró tres eurodiputados. Apenas unas semanas después, la Agrupación Nacional liderada por Marine Le Pen estuvo a punto de llegar al gobierno de Francia, uno de los principales países de la Unión Europea.
América Latina no se queda atrás. En Argentina, Perú, Ecuador, El Salvador y Paraguay, formaciones de ultraderecha están en el poder. Y en Brasil, si bien desde 2023 gobierna el progresismo, en el período anterior (2019-2022) fue presidente Jair Bolsonaro, un ex militar y político de extrema derecha, que al perder las elecciones -por muy poco margen- intentó sin éxito dar un golpe de Estado. Tanto en Europa como en América Latina, estos grupos tienen entre sus modelos al ex presidente de Estados Unidos Donald Trump, que podría volver al poder en las próximas elecciones de noviembre.
Se dice por ahí que la historia la escriben los vencedores, pero si los vencedores cambian, ¿qué sucede? Desde que llegaron al poder los gobiernos de ultraderecha se empezaron a cuestionar relatos y hechos de la memoria colectiva, que pasaron a explicarse desde otro punto de vista y a reescribir la historia. Uno de esos discursos relativizadores o negacionistas recayó sobre las últimas dictaduras cívico-militares del Cono Sur. Los países más afectados fueron Brasil y Argentina, e incluso en Uruguay hubo tentativas de recorrer el mismo camino.
En el territorio oriental
Uruguay difiere de los países vecinos: aquí la extrema derecha no gobernó ni gobierna actualmente de forma directa. Sin embargo, una formación política de esa ideología, Cabildo Abierto (CA), sí forma parte de la coalición en el poder. Fundado en 2019 por el excomandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos, e integrado o apoyado por muchos oficiales retirados, CA ha defendido a la dictadura y a los militares condenados por delitos de lesa humanidad.
A lo largo de los cuatro años de gobierno de Luis Lacalle Pou acontecieron distintos hechos que podrían interpretarse como indiferencia ante la condena de los delitos de lesa humanidad cometidos durante a dictadura. En junio de 2023, el presidente no se hizo presente en un homenaje público a la memoria de tres jóvenes asesinadas durante la dictadura, las llamadas “Muchachas de abril”. Su presencia era esperada porque el acto formaba parte de los actos de reparación ordenados por una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó a Uruguay por el crimen. Sin embargo, Lacalle Pou viajó a Nueva York para recibir la distinción Gold Insigne.
Otros hechos podrían calificarse de negacionistas. En lo referente a la educación, y en el marco de la reforma impulsada por el gobierno, el Codicen, organismo rector de la educación pública uruguaya, decidió sustituir del programa de Secundaria textos del historiador Carlos Demasi sobre la dictadura, reemplazándolo por el libro del expresidente Julio María Sanguinetti “La agonía de una democracia”, un actor político vinculado a sectores militares y acusado por organismos de derechos humanos de haber ocultado crímenes de la dictadura.
Entre los cambios dispuestos por el Codicen figuró también la eliminación del concepto “terrorismo de Estado” del plan de estudios de educación secundaria, que fue sustituido por la expresión “suspensión y avasallamiento de las garantías constitucionales”. En febrero pasado, la Asociación de Profesores de Historia (APHU) protestó por esa decisión, considerada una “intervención política e ideológica”. Además, la APHU recordó que algo similar había sucedido en 2022, pero las autoridades abandonaron la idea porque los docentes se habían opuesto a ella antes de que se concretara. Junto a la supresión del concepto de “terrorismo de Estado” se introdujo un capítulo llamado “Los movimientos guerrilleros y las violaciones a los derechos humanos”. La APHU también criticó esa medida. Luego de idas y vueltas, el Codicen dio parcialmente marcha atrás, reintroduciendo en agosto la expresión “terrorismo de Estado” para referirse a la dictadura, pero incorporando, a su vez, la de “terrorismo político” para para referirse a los grupos revolucionarios armados. La decisión será analizada por las Asambleas Técnico Docentes en setiembre.
En diálogo con Sala de Redacción, la historiadora Magdalena Broquetas explicó que en este gobierno de coalición de derechas hay distintos grados de extremismo o radicalidad en relación con el pasado reciente, tanto sobre la dictadura como sobre el período autoritario previo. En el caso de CA, “ellos tienen una visión positiva del período de la dictadura, la justifican y, en algunas ocasiones, la alaban”, sostuvo.
Según Broquetas, gran parte de estos acontecimientos se centran en la educación porque para las derechas la enseñanza es un punto clave, el terreno principal donde debe darse la “gran batalla cultural”. Equiparar un texto de Carlos Demasi con un texto de Julio María Sanguinetti “no tiene sentido”, expresó. El expresidente es una fuente, un protagonista de época, “podrá poner en su libro varias notas al pie pero de igual manera será una versión de parte”, dijo. Para Broquetas, los cambios promovidos en la educación secundaria demuestran que “la derecha tiene la idea de que el grueso del profesorado no les va a ofrecer a los adolescentes una visión objetiva de los temas, sino que creen que impartirán una visión sesgada de izquierda”.
De acuerdo con la historiadora, en un futuro podremos saber el nivel de daño o de cambio de sentido común que generarán estas situaciones. Tal es el caso de Argentina, donde tambalean algunos de los consensos que se alcanzaron en relación a los derechos humanos y los desaparecidos. “Si nos hubieran dicho hace cinco años que se iban a poner en tela de juicio estas cuestiones, nos hubiera parecido un disparate”, sostuvo Broquetas. “Que se empiece a cuestionar relatos, hechos sobre la dictadura, que se acuse a los docentes de tener sesgos ideológicos no es una buena señal”, consideró la historiadora. También se preocupó por el desinterés que puede sentir mucha gente por el pasado reciente. “En estos temas la indiferencia es gravísima. Hay que estar atento, generalmente cuando en la historia ocurre esto es porque puede llegar a terminar en otra cosa”.
Por su parte, el historiador Aldo Marchesi dijo a Sdr que los militares “siguen sin reconocer la tortura como una práctica sistemática de la dictadura”. Desde fines de los años setenta se fue construyendo desde el gobierno militar “toda una narrativa que dice que el país estuvo en riesgo por una amenaza extranjera asociada al comunismo y que lo que hicieron fue responder a esa amenaza”. Pese a eso, Marchesi explicó que no mencionan y no dan explicaciones de los desaparecidos, así como tampoco sobre la tortura.
Uno de los efectos buscados de esa narrativa era “banalizar las violaciones de derechos humanos que se cometían”, afirmó, y señaló que ya en democracia distintos sectores políticos la reprodujeron. “Cabildo Abierto la ha expresado muy bien” y ha asumido “el rol protagónico en la banalización y negación de algunas prácticas de terrorismo de Estado”, pero ha habido también sectores del Partido Nacional que la han reproducido, aunque de modo más ambiguo.
Según el historiador, a la salida de la dictadura, Sanguinetti tuvo un papel importante en el mismo sentido, tratando de opacar todo lo que implicó el gobierno militar y enfocándose en desacreditar a los sectores agredidos. Durante este último período de gobierno “hubo un intento de relativizar la tragedia” y de desmontar los consensos pacientemente construidos sobre la dictadura a partir de las denuncias insistentes de quienes la sufrieron. Marchesi cree que el hecho de que se haya intentado quitar de los libros de Secundaria el término terrorismo de Estado equivale a quitar la centralidad de la dictadura en la historia reciente. La actitud ambigua del partido de gobierno que, por un lado, afirma en carteles colocados en su sede que rechaza el terrorismo de Estado y, por otro, se distancia claramente de las políticas de recuperación de la memoria.
Frente a los hechos que acontecieron, la diputada frenteamplista Micaela Melgar propuso en abril un proyecto de ley para sancionar el negacionismo del terrorismo de Estado. El objetivo del proyecto es condenar “cualquier declaración o manifestación pública que niegue, justifique o minimice las consecuencias de crímenes de lesa humanidad cometidos por el accionar ilegítimo del Estado” comprendidos en el período de el 13 de junio de 1968 y el 26 de junio de 1973 y entre el 27 de junio de 1973 y el 28 de febrero de 1985.
Para la ultraderecha brasileña vale todo
En Brasil sí estuvo la extrema derecha en el poder. Conocido por respaldar a la dictadura cívico-militar de su país (1964-1985) y defender personalmente a los principales jefes -y torturadores- del régimen, durante su mandato presidencial Jair Bolsonaro festejó el aniversario del golpe de Estado militar diciendo que había permitido “salvar a Brasil del comunismo”. En sus épocas de diputado propuso realizar una sesión parlamentaria en homenaje a los “bravos y heroicos militares que murieron enfrentando el movimiento armado de la guerilla”. Negó la violencia, torturas y desapariciones que cometieron los militares en las décadas de los sesenta y setenta y propuso crear una subcomisión especial para “defender la historia de las Fuerzas Armadas en la formación del Estado brasilero”.
La historiadora y profesora de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Caroline Silveira Bauer, afirmó en su artículo “Jair Messías Bolsonaro y sus verdades: el negacionismo de la Dictadura Cívico-Militar en tres propuestas legislativas”, que “el negacionismo de la dictadura es un fenómeno político, que va más allá del campo historiográfico”, y cuando se lo analiza se lo debe estudiar “a partir de las interrelaciones con las disputas culturales, políticas y sociales de un momento histórico determinado”. Silveira Bauer explica que es importante entender que la presencia del negacionismo en el debate público se da en un contexto internacional, con el auge del negacionismo científico, el anti-humanismo y el fortalecimiento de partidos de extrema derecha.
Al determinar que se celebre el golpe militar de 1964, señaló la autora en otro artículo, “La dictadura cívico-militar brasileña en los discursos de Jair Bolsonaro: usos del pasado y negacionismo”, el expresidente buscó “mantener el odio activo, convirtiendo el negacionismo en una política de memoria” y legitimando este tipo de discursos.
Bajo la dictadura, agregó Silveira Bauer, además de secuestrar, torturar, matar y desaparecer gente, los militares “emplearon prácticas de control del pasado, escritura de la historia y ejercicio de la memoria de la época” a través de la censura, la desinformación y la falsificación de la realidad. “El régimen se esforzó en no crear evidencias sobre violaciones a los DDHH”, y “destruyó expedientes o dificultó su acceso al negar su existencia o apelar al secreto documental”.
Odilon Caldeira Neto, historiador y coordinador del Observatorio de Extrema Derecha, contó en diálogo con Sala de Redacción que “la negación de las dictaduras parece ser un elemento que une a la extrema derecha en América Latina”. Líderes como Bolsonaro “funcionaron como una especie de catalizadores de estas demandas, en tiempos de crisis, para pedir el regreso de los militares a la escena política”. Para el coordinador, “está relacionado con problemas en las políticas de memoria”. En países como Brasil, “la falta de una política incisiva en ese terreno ha contribuido a la continuidad de una tendencia militarista en la extrema derecha”. Sin embargo, “nada impide que este problema se dé en sociedades donde las políticas de memoria fueron más efectivas, como Argentina”.
Al otro lado del río
Argentina, el país del “nunca más” y de las condenas masivas a violadores de los derechos humanos, está actualmente gobernado por dos políticos relacionados con ideologías de ultraderecha: el economista “libertario” Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, hija y sobrina de militares partícipes de la última dictadura cívico-militar (1976-1983). Los discursos del tipo de “no son 30 mil desaparecidos” o fue una “guerra” entre dos bandos y los militares cometieron apenas “excesos”, que ambos defienden, ponen en evidencia la postura que han tomado frente a la dictadura.
Con respecto a la cifra de los 30 mil, Milei la pone en tela de juicio al afirmar que en realidad los desaparecidos fueron “sólo” 8.753, basándose en el primer informe sobre el tema, publicado en el libro Nunca Más en 1984, poco tiempo después de concluida la dictadura y cuando los datos sobre la represión apenas se recopilaban. A medida que transcurrieron los años, fueron saliendo a luz más denuncias y documentos sobre desaparecidos. Uno de esos archivos fue de la propia embajada estadounidense en Buenos Aires, que establecía que a fines de los años setenta ya había por lo menos 22 mil muertos. Organismos de derechos humanos estimaron luego la cifra en 30 mil, admitiendo que no podía ser precisa.
En conversación con Sala de Redacción, Martín Vicente, doctor en Ciencias Sociales de la UBA, contó que actores políticos como Villarruel o “activistas intelectuales” como Agustín Laje, cercano a Milei, “no niegan la represión de la dictadura porque sería imposible, sino que la enmarcan en un combate entre las Fuerzas Armadas y “la subversión”. Laje ha publicado libros donde “minimiza el número de víctimas, justifica la represión por la necesidad de combatir a la subversión y revisa las condiciones de la violencia en aquellos años”, dijo. El caso de Milei es diferente. Según explicó Vicente, “durante mucho tiempo el presidente habló de la dictadura como un régimen totalitario e inaceptable”. Sin embargo, cuando pasó a ser “un referente de la nueva derecha se coaligó con sectores que tienen una mirada revisionista y negacionista e hizo un giro”. Ahora, Milei habla de la dictadura como “algo comprensible en el marco de la lucha contra la subversión y el comunismo, aunque no compartiera sus métodos”.
Vicente aseveró que “la democracia que se construyó en Argentina en los últimos 40 años ha mostrado una serie de falencias muy grandes que permitieron que los discursos relativistas pudieran resurgir”. Ocurre que el discurso sobre la última dictadura “no alcanza a quienes no la vivieron o a personas desinteresadas de la política”, agregó. Por esta razón, las políticas de memoria, “la correcta revisión del pasado”, tienen que ver con la construcción de “una mejor democracia”.
“Quien controla el pasado controla el futuro. Quien controla el presente controla el pasado”. Así dice George Orwell en su famosa novela “1984”. Con el avance y la llegada de la ultraderecha al poder, los relatos sobre la historia reciente comienzan a virar significativamente; los actores y la ideología de las últimas dictaduras militares se están justificando, legitimando, avalando. ¿Por qué? Quizás crean que, si cambian la historia, esas ideas que fueron repudiadas en su momento volverán para convertirse en el nuevo sentido común.
