El 4 de agosto el gobierno presentó el Consejo de Política Criminal y Penitenciaria y del Grupo Multidisciplinario Técnico y Científico Honorario del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo en la presentación que “todo esto es un diagnóstico permanente, que en el consejo podemos discutirlo, y a largo plazo el grupo técnico nos dirá cómo deberá ser el sistema carcelario y de rehabilitación nacional en los próximos años”.
Ambas entidades se crearon a partir de los artículos 87 y 88 de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que encomiendan al INR la elaboración de una estrategia nacional de reforma del sistema penitenciario. Los dos grupos tienen el objetivo de trabajar sobre los problemas y la insuficiencia que presentan actualmente las cárceles uruguayas como mecanismo de rehabilitación de los delincuentes.
En diálogo con Sala de Redacción, el coordinador de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior (MI) e integrante del Grupo Multidisciplinario, Diego Sanjurjo, señaló que el objetivo es “aportar una visión más técnica y académica a las políticas de seguridad del MI” para ayudar a “enfrentar los problemas estructurales” del sistema penitenciario. La solución no será rápida, aclaró Sanjurjo, porque se precisa “un alto nivel de recursos humanos y materiales” y probablemente se requiera del trabajo “de muchas legislaturas” para que se empiecen a ver resultados.
Las cárceles en Uruguay
Uruguay es uno de los países con mayor cantidad de personas privadas de libertad por cantidad de habitantes. Según un informe del comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, en ese indicador Uruguay se encuentra en el lugar 28 entre 222 países. Por su parte, en los últimos 20 años la población carcelaria se triplicó: de 4.117 en 1999 creció a 13.402 en marzo de 2021, lo que representa una tasa de 370 personas privadas de libertad por cada 100 mil habitantes, una proporción superior a la de países como Colombia, Venezuela, Argentina, Chile y Paraguay.
Asimismo, las muertes violentas –homicidios y suicidios- representaron 70% del total de fallecimientos ocurridos dentro de las cárceles uruguayas en 2020. Sin duda, todo esto conforma un escenario con condiciones humanitarias exiguas para lograr que los internos transiten un proceso de rehabilitación y reinserción.
En una conferencia organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo, Petit dijo que la situación del sistema penitenciario uruguayo es “dramática” y afirmó que la población carcelaria crece “a una tasa de 1,5% por mes, con un acumulado anual aproximado de 6%”. Una consecuencia de esa situación es que actualmente hay 14 mil presos para una infraestructura de 10 mil plazas. Para resolver este déficit sería necesario construir “ocho cárceles de 500 personas cada una” e invertir entre “100 y 140 millones de dólares”, apuntó Petit.
“Un área muy oscura”
Consultada por Sala de Redacción, la doctora en criminología y docente de la Universidad de la República (Udelar), Clara Musto, afirmó que el sistema penitenciario no debería llamarse como tal porque “su integralidad [como sistema] es algo que no se da” en los hechos. Para Musto, se trata de un problema “estructural y transversal del Estado uruguayo” que no han podido resolver los sucesivos gobiernos de diferentes partidos políticos.
Musto señaló que la gestión penitenciaria “es una área muy oscura”, donde “la poca información que se tiene” no hace posible un abordaje adecuado. “Cuando uno observa los informes de los distintos comisionados parlamentarios, y el informe de 2011 del relator sobre torturas de la Organización de Naciones Unidas [Manfred Nowak], todos apuntan sistemáticamente a la falta de transparencia respecto de lo que pasa dentro de las cárceles”, advirtió. A modo de ejemplo, la criminóloga destacó que “la tasa de homicidios es mucho más alta adentro que afuera de las cárceles” y “se sabe muy poco sobre cómo se procesan esos homicidios y cómo se investigan”.
Por otra parte, Musto manifestó que Uruguay es “uno de los países que más personas lleva a la cárcel en el mundo”, pero nunca se han “profesionalizado las alternativas a la privación de libertad como castigo, una área de la política pública que todavía dista mucho de llevar un proceso de profesionalización a fondo”. Tampoco se plantean políticas de seguimiento y contención para el reingreso a la sociedad de las personas que estuvieron en prisión: “Es claro que los primeros tres meses afuera son fundamentales para evitar la reincidencia y las políticas de reingreso a los barrios y a la sociedad son inexistentes”, indicó Musto.
Un camino posible
Aún se mantiene en entredicho si la experiencia de involucrar a científicos en la gestión pública es un acierto. Sin embargo, el gobierno vuelve a apoyarse en el asesoramiento científico honorario, tal como lo hizo con la pandemia. Para Sanjurjo, “no hay ninguna intención de parecerse” al Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) que asesoró en materia sanitaria: “Un GACH médico puede llegar a consensos más fácilmente que un grupo de expertos en temas sociales, donde hay teorías, miradas y formas distintas acerca de cómo llevar a cabo una política que pueda dar un buen resultado”.
La dinámica de trabajo del Grupo Multidisciplinario consiste en mantener reuniones periódicas entre los integrantes con la finalidad de alcanzar “una posición consensuada que [luego] podamos informarle por escrito u oralmente al ministro [Heber]”, manifestó Sanjurjo. Consultado sobre cuáles fueron los primeros temas que trataron en el grupo, dijo que en la primera reunión se decidió “no contar nada” sobre lo que se trabaja para que esto no se vuelva un obstáculo. Es “puramente confidencial”, enfatizó el especialista en políticas públicas de seguridad.
Por su parte, Musto comentó que Uruguay tiene una larga tradición en la creación de grupos consultivos honorarios, como el Consejo Nacional Honorario del Instituto de Regulación y Control del Cannabis, que nunca se reunió desde su creación, hace siete años. De todas maneras, consideró importante que exista un abordaje científico en esta área, ya que “el poco uso de evidencia empírica y científica ha sido un rasgo bastante estructural [en la política penitenciaria] y todo lo que pueda favorecer su uso para la toma de decisiones es positivo para el país”.
Uruguay es un país que “a nivel de la argumentación de las políticas [de seguridad] actúa a ciegas respecto de elementos tan básicos como la tasa de hombres y mujeres, los tipos de delitos y las edades”, marcó la docente de la Udelar. Por último, Musto señaló que en otros países es común que se tenga información precisa sobre quién está dentro de las cárceles y qué tipo de tareas realiza. Se publican “encuestas de victimización para saber, por ejemplo, cuál es la cifra negra del delito, cuál es la parte del delito que no se capta a través de las denuncias policiales. Todo eso en Uruguay no existe”, subrayó.
El Consejo de Política Criminal y Penitenciaria está conformado por tres representantes del MI, uno del Ministerio de Educación y Cultura, uno del Poder Judicial y otro de la Fiscalía General de la Nación. Entre sus objetivos están el diagnóstico, la planificación y la evaluación de la política carcelaria nacional.
En tanto, el Grupo Multidisciplinario Técnico y Científico Honorario está integrado por especialistas en criminología, sociología y seguridad de la Academia Uruguaya de Investigación Criminal y Ciencias Forenses, Techo Uruguay, la Udelar y el Instituto Nacional de Criminología, entre otros. Su principal cometido es brindar asesoramiento tanto al Consejo de Política Criminal y Penitenciaria como al Poder Legislativo a través de Petit.
Las causas del delito
Hay quienes identifican a la pobreza como uno de los principales factores en el crecimiento del delito. Al respecto, Sanjurjo cree que se trata de un fenómeno multicausal y que “todas las teorías que abordan diferentes aspectos de las causas del delito suelen ser válidas y verídicas a la vez”.
De todas maneras, el jerarca del MI considera que la deserción estudiantil en la educación pública es un problema con fuerte impacto en el crecimiento del delito: “Hace 30 años no era tan difícil trabajar de algo sin tener el liceo completo. Hoy es muy difícil y se va a tornar imposible en algún momento, y la gran mayoría de nuestra población no tiene el liceo completo”. Aunque la deserción educativa como tal no “empeoró” el delito, sí pone en una situación de desventaja al individuo que no está preparado o calificado para encontrar trabajo. Por lo tanto, queda a merced de otras alternativas, entre ellas, la del mundo del delito. En ese sentido, “el tema educativo en Uruguay está siendo una tragedia”, sentenció Sanjurjo.
Por otro lado, Musto sostuvo que el hecho de que en los últimos años hayan mejorado indicadores económicos como el Producto Interno Bruto no asegura nada en relación a la distribución de recursos al interior de la sociedad, que debería ser la consideración más importante a la hora de valorar indicadores.
En tal sentido, Musto apuntó que “muchas investigaciones sociales muestran que la falta de integración y de movilidad al interior de una ciudad van conformando nichos, puntos de concentración con desventajas económicas y sociales” que no favorecen la integración social y generan problemas para que las personas puedan encontrar “vías legítimas de ascenso social”. “Es muy difícil que un joven que vive en un asentamiento perciba que tiene la misma oportunidad que un joven que vive en Pocitos. Ahí es donde opciones como la venta de sustancias ilegales o el robo pueden llegar a configurarse como una alternativa para acceder a los mismos bienes”, cuyo consumo “la sociedad fomenta de todos lados”. “Nunca, ningún partido político ha puesto en cuestión el consumo”, agregó la criminóloga.
