Son varias las cuestiones que el ex intendente del departamento de Rocha, Aníbal Pereyra, considera “muy preocupantes”, según dijo a Sala de Redacción. ¿Quién determinó la orden de hacer los seguimientos? ¿Por qué el evento lo crea un sargento? ¿El director nacional de Policía estaba en conocimiento? ¿Qué se fotografió? ¿A quién se quería cuidar sacando fotos? ¿En qué otro departamento del país se está haciendo este seguimiento?
El viernes 25 de junio Pereyra presentó al fiscal de Corte, Jorge Díaz, una “denuncia gravísima sobre operativos de inteligencia policial y seguimiento realizados a militantes pro referéndum Yofirmouy contra la #LUC”, según advirtió el viernes por la mañana el Movimiento de Participación Popular (MPP) desde su cuenta de Twitter. Según este comunicado y lo confirmado por Pereyra a SdR, el jueves 17 de junio recibieron una información en la que se denuncia al comando de la Jefatura de Policía de Rocha por “la creación en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública”, un evento “en el que se ordena el «seguimiento e investigación» de quienes recolectan firmas en la ciudad de Rocha para habilitar el plebiscito sobre 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración”.
Además, el comunicado esclareció que solamente pueden tener acceso quienes “están asignados a la investigación del caso, que operan en la Seccional 12 de la ciudad de Rocha, y dependen del Jefe de Zona operacional 1”. El MPP afirma que la fiscalía no tiene acceso ni conocimiento de seguimiento de personas “sin ningún fundamento, con el agravante que en dicho procedimiento se están fotografiando a las personas”. Pereyra afirmó que esto “es muy grave” y subrayó que para que la Policía realice estos seguimientos de vigilancia, primero tiene que dar conocimiento a la fiscalía y tener el aval del fiscal; sin embargo, reafirmó que ésta no tiene acceso, debido a la forma en que fue ingresado el evento al sistema policial. “Sucedió todo lo contrario y se realizó ocultamiento”, concluyó el ex intendente.
Confirmación y pruebas
En la conferencia de prensa realizada el viernes 25 en el departamento de Florida, el ministro del Interior Luis Alberto Heber aseguró que “no hay ninguna vigilancia, lo que hay es la garantía para que se pueda generar la recolección de firmas”, y que la Policía “está obligada a evitar aglomeraciones”, por lo que debe haber presencia policial para que no ocurra. Sin embargo, Pereyra contó a SdR que luego de efectuada la denuncia, el ministro Heber lo llamó telefónicamente para ponerse a las órdenes y le confirmó que “efectivamente se hicieron todos esos seguimientos y que se iban a dejar de hacer”. Pereyra le manifestó que luego de escuchar sus afirmaciones, quedó “mucho más preocupado”.
“No sé quién le dijo eso al ministro y si se lo creyó, porque si realmente es así, ¿es necesario que los policías salgan de civil, no uniformados y en vehículos con vidrios polarizados?”, cuestionó Pereyra, y observó que hay muchas contradicciones que surgen por la falta de información que tenía el ministro de la situación y consideró que eso es “lo más grave”. Además, aseguró que si “realmente” el motivo de las vigilancias era cuidar las posibles aglomeraciones, se podía coordinar con la Comisión Nacional Pro Referéndum.
Pereyra dijo que en la denuncia proporcionaron los nombres de los policías que participaron de los procedimientos y las matrículas de los vehículos que se utilizaron. Según el comunicado del MPP, fueron tres los vehículos detectados: uno que depende directamente del Comando de la Jefatura y que llegó a estar al servicio del Jefe de Policía, otro para el uso de hurtos y rapiñas de Seccional 12 y un último que fue visto el lunes 21 de junio, circulando en la zona donde había un puesto de recolección de firmas.
La Comisión Nacional Pro Referéndum también emitió un comunicado y apoyó la denuncia realizada por Pereyra, ya que entienden que “aporta elementos claros y concretos sobre los procedimientos administrativos y operativos dentro de la Jefatura de Policía de Rocha”, que se identifican los vehículos utilizados y el personal que formó parte y que las declaraciones del ministro del Interior son “poco claras”. Finalmente, expresaron el deseo de que la Justicia investigue y actúe en consecuencia, porque los hechos “atentan contra derechos humanos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República”.
