La asunción de Gustavo Petro como presidente y de Francia Márquez como vicepresidenta de Colombia marcó un hecho histórico en el país: luego de largos años de gobiernos de derecha liberales, el triunfo electoral de la coalición Pacto Histórico, una alianza de distintos partidos social demócratas, socialistas y de izquierda liderada por Petro, significó un cambio político de gran importancia.
Bajo la gobernanza del ex presidente Iván Duque, Colombia se sumergió en una gran crisis social y económica debido al estallido social de 2019, cuando una serie de manifestaciones en rechazo al aumento de los impuestos y de la inflación que fueron reprimidas violentamente por el gobierno y dejaron cientos de muertes. La intención del gobierno de Duque de reducir las políticas sociales y el gasto público debilitó el modelo neoliberal colombiano y empeoró la situación de pobreza y de acceso a determinados bienes y servicios por parte de la población colombiana general.
Tamara Samudio, politóloga e integrante del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), explicó a Sala de Redacción que la victoria de Petro es un hecho importante tanto para la vida política y social de Colombia, como para el resto de Latinoamérica, ya que “es una situación histórica y que puede significar cambios muy relevantes a nivel de la integración y del funcionamiento de la región”. En cuanto a Colombia, la politóloga afirmó que es una “situación única” porque es la primera vez que una coalición de izquierda llega al poder, y destacó que esta tiene “una mirada y un programa de gobierno muy revolucionario que por lo menos intenta mover y modificar algunas de las estructuras socioeconómicas y socioambientales”.
La politóloga describió a Petro como “un gran constructor de alianzas con una historia personal muy rica”, y recordó que “integró el M-19, uno de los movimientos guerrilleros de Colombia que surge por rechazo a un fraude electoral en la década de los 70 y luego fue apresado”. A su vez, agregó que es economista especialista en temas medioambientales y productivos, lo que le permitió iniciar una trayectoria política basada en una mirada académica medioambiental y ecológica sobre los recursos y la productividad en Colombia. Por otro lado, la asunción de una vicepresidenta como Francia Márquez, mujer referente en el movimiento feminista que se destacta por la lucha social, para Samudio, a nivel simbólico y real significa “un cambio muy importante en cuanto a discurso rupturista con los anteriores gobiernos en términos de reivindicación de la igualdad de género en todos los ámbitos y en todos los aspectos”.
Tanto Petro como Márquez son grandes figuras que representan luchas históricas dentro de la izquierda colombiana. Según la politóloga, “desde las alianzas que han tejido, los discursos de la campaña y de la asunción, y el primer mes de gobierno, se marca un cambio en la tendencia histórica por parte del Estado colombiano en lo que tiene que ver con la lucha por la paz y la seguridad”.
Cambios de la fase inicial
El nuevo gobierno tiene en sus proyectos comenzar una reforma tributaria que enlaza una reforma agraria. La reforma tributaria, que está en discusión en el Parlamento en estas semanas, hace énfasis en los impuestos relativos a la producción de la tierra, y allí es donde se une con la reforma agraria. Según Samudio, la reforma agraria “intenta, por un lado, mejorar el registro y el conocimiento de la situación de la tierra en Colombia, para después, a través de la implementación de distintas normativas, generar presión sobre los predios que no están utilizados para mejorar la productividad de la tierra”. En caso de que haya predios privados que no son utilizados y que no van a producir, se ejercería presión tributaria para que esa tierra se venda o pase a manos del Estado, que tendría un rol redistribuidor entre familias rurales. En este sentido, se visualiza una impronta del gobierno de Petro de promover el desarrollo de tierras en términos productivos, es decir, con el objetivo de hacer crecer la producción.
Samudio expresó que esto es un paso que genera bastante rechazo, sobre todo de las grandes empresas que defienden los intereses de grandes extensiones agropecuarias de terratenientes, que poseen y acumulan grandes niveles de tierra y también de los sectores conservadores, que son la oposición del actual gobierno. “Petro tiene en este momento un viento de cola muy importante, ya que logró construir una alianza tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes para por lo menos este primer año”, detalló la politóloga, y añadió que “tomar medidas de este tipo en los primeros movimientos es muy importante y favorable, ya que se cuenta con ese acuerdo y esa simpatía de coalición para poder hacer cambios”.
La violencia como talón de Aquiles
A pesar de los acuerdos de paz impulsados por Petro, la violencia es recurrente en Colombia, en las últimas semanas fueron noticia la masacre de soldados en una emboscada y la aparición de cuerpos que están relacionados a la acción de cárteles. Laura Amaya, colombiana residente en Uruguay con formación en Ciencias Sociales y maestría en procesos sociales latinoamericanos, charló con Sala de Redacción sobre estos actos de violencia. “Es importante resaltar que estos hechos no son sólo de ahora: durante el 2022 ya van 75 masacres y 250 víctimas”, afirmó, y destacó que estos datos se difunden como cifras, pero que se deben entender las dimensiones del problema, ya que se han transformado en algo sistemático y herencia de conflictos territoriales y productivos.
Amaya comentó que esta situación de conflicto hace tiempo que está en ebullición y detalló que existen grupos armados al margen de la ley, que hay paramilitarismo impulsado por discursos de odio, que en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se incumplen acuerdos, y que también incide la acción de mafias y cárteles. No necesariamente tiene que ver con el nuevo gobierno, dijo, aunque resaltó el nivel político y coyuntural de la actualidad en relación a los procesos de paz, porque no es menor que durante las negociaciones del proceso disminuyeran las muertes violentas y ahora vuelvan a suceder. “Es necesario que el entramado de ciudadanos, de medios, de la política, se una para alcanzar un cese al fuego y pueda haber una implementación de los acuerdos”, expresó la especialista. A su entender, la opción que está tomando la oposición al gobierno de Petro de plantear posibilidades de “seguridad ciudadana” en relación al porte de armas, ya se manejó en el pasado y sólo alimentó la formación de grupos paramilitares. “La elección democrática que se hizo con Petro busca la implementación de los servicios de paz, es importante poder tener esa carta y que todos los ciudadanos estén dispuestos [a respetarla] porque si no, la gente va a seguir muriendo, el conflicto va a seguir existiendo y no se van a poder hacer las reformas que se precisan en términos agrarios, territoriales y de soberanía alimentaria”, reveló Amaya.
“Hay una estrategia política detrás de estas masacres, que intentan desestabilizar y generar confusión respecto al tipo de aprobación de la violencia y su relación estructural con la pobreza, una desigualdad social y económica que hace más fácil que sectores más vulnerables se vean mucho más influenciados por este tipo de estrategias que deslegitiman la opción de un paso de salidas políticas”, explicó Amaya. En ese sentido, concluyó que es un desafío para el gobierno de Petro el lograr salir de una lógica de conflictos, sobre todo con un sector de las Fuerzas Armadas que se transmite en un ataque sistemático hacia soldados y en en el que el presidente tuvo como gesto político sacar a los soldados más jóvenes de las primeras líneas de combate.
