Sala de Redacción dialogó con el rector de la Udelar Rodrigo Arim, con el investigador Pablo Martinis y el historiador Gabriel Quirici, quienes además de plantear sus posturas sobre varios artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), coincidieron en que este contexto de emergencia sanitaria no es el momento adecuado para discutir sobre determinados temas que ponen en jaque la trayectoria educativa de nuestro país.   

“Se le quita la definición de público al Sistema Nacional de Educación y a su vez, en el artículo 186, se elimina la coordinación entre las entidades de la educación pública”, expresó Martinis al ser consultado por la relevancia que tomarían las instituciones privadas dentro del sistema educativo. La LUC propone crear una “Comisión Coordinadora de la Educación” que funcionaría en la órbita del MEC. En ese sentido agregó: “la LUC elimina el carácter público y la actual comisión coordinadora, sustituyéndola por una comisión de la cual participen, entre otras, entidades privadas que podrán cruzar opiniones y sugerencias hacia la educación pública. Pero no estaría previsto que ésto ocurriera a la inversa, es decir, que la educación pública se expida sobre las políticas de las universidades privadas”. Para Martinis, “la nueva ley favorece la privatización de la educación, que no significa exclusivamente generar nuevas instituciones privadas, sino producir en las políticas de la educación pública injerencias propias del sector privado”.

En la misma línea, Arim manifestó que al sustituir la coordinación de las instituciones públicas por este esquema “quedarían representadas en igualdad de condiciones la Udelar y las universidades privadas, siendo ésto problemático, entre otras cosas porque no permite la coordinación directa y fluida entre las instituciones públicas”. 

Reválidas 

El rector de la Udelar reconoció que actualmente el sistema de reválidas tiene un atraso operativo importante, en el que se está trabajando desde el punto de vista administrativo para mejorar las demoras. “Lo que la LUC plantea es un plazo de dos años para configurar un sistema de reválidas y en cuanto al mismo habrá que discutir varios aspectos, sobre todo aquellos que carecen de consistencia entre lo que plantean y los mecanismos e instrumentación. La manera en la que resuelve este tema la LUC no es correcta, ya que por un lado deja en el poder de las entidades universitarias las revalidaciones parciales pero le quita las totales”, concluyó Arim. 

Martinis expresó que lo más complejo es que la LUC cambie un artículo de la Ley Orgánica de la Udelar, puntualmente el que tiene que ver con las reválidas de títulos obtenidos en el extranjero: “se altera sin una previa instancia de diálogo con la institución, algo que considero sumamente negativo teniendo en cuenta que se decide en el marco de una urgente consideración, donde los plazos para un debate más amplio se ven totalmente afectados”, expresó el investigador. 

Quirici coincidió sobre los cambios en la revalidación de los títulos universitarios: “en la Ley se atribuye una mayor capacidad de participación al MEC, y eso no acompaña la construcción histórica que tiene la Udelar en cuanto a su autonomía”.

Las reglas del juego

Los consultados sostienen que indudablemente los objetivos planteados por la LUC en términos de educación apuntan a un sistema liberal y mercantilista, transformando completamente el paradigma actual. “La impresión que me da con el impulso de las nuevas políticas y los tiempos tan acotados, sin saber las intenciones de fondo de quienes elaboran la Ley, es que lo que se busca es cambiar rápidamente una cantidad importante de reglas del juego en la actividad nacional. Por ejemplo, la educación en términos de mercado y competencia, en función de un modelo ideológico que cree que la mejor manera de organizar los procesos sociales es habilitando una competitividad libre entre los actores implicados”, advirtió Martinis.

En cuanto al mecanismo de diálogo, Arim considera que el recibimiento a las delegaciones que día a día llegan al Parlamento son instancias “productivas pero insuficientes”, ya que hay muchos aspectos “poco claros” y una amplia variedad de dificultades de interpretación que “no son triviales”

Quirici entiende que “parten de la base de un diagnóstico que ha sido muy debatido, en el que el principal problema es la organización actual de la educación. Según esta ley, dichos problemas se resolverían centralizando algunas cosas y abriéndoles la cancha a los privados; también hay una cuestión centralista de representación reducida. A la Udelar puntualmente, la afecta por ser la institución educativa que cuenta con la más larga historia de autonomía”.

“Una perspectiva equivocada”

En el primer borrador de la LUC, presentado en enero del corriente año, se eliminaba el presupuesto destinado a la compra de equipamiento científico y en la redacción de la Ley presentada en abril, se reducía. “En este punto hay dos temas delicados: primero, se afecta la capacidad de compra de equipamiento científico, que no es cualquier rubro. Segundo, sucede que había una excepción de compra de diez millones de dólares para este tipo de equipamiento, que ahora se reduciría a seis millones. Estamos viendo la capacidad de revertir tal decisión”, manifestó el rector. Arim asistió el 21 de mayo a la comisión especial que estudia la LUC en el Parlamento junto a varios actores de la educación universitaria. Allí manifestaron la discrepancia con lo planteado en algunas secciones de la ley y expresaron, entre otras cosas, la concepción de la educación pública como un bien social y el acceso a ella como un derecho fundamental que debe ser garantizado. En la misma línea, se planteó no concordar con ver la educación como una mercancía. 
La delegación que se presentó ante los legisladores -entre ellos el docente Gonzalo Vicci en nombre de la la Asamblea General del Claustro-, concluyeron que “la educación pública uruguaya tiene problemas y grandes desafíos. En consecuencia, requiere transformaciones importantes; pero reducir la capacidad de acción de los actores educativos, en el compromiso de su respuesta, es una perspectiva equivocada. Abordar las necesarias modificaciones de la educación requieren la participación de muchos actores, incluyendo, en primer lugar, a los directamente implicados en su puesta en acto: educadores y estudiantes. Este proyecto de ley tiende a debilitar el carácter público de la educación uruguaya y su concepción como derecho”, según lo registrado en el acta taquigráfica.

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