Katoen Natie es una empresa multinacional de origen belga que se presenta en la actualidad como uno de los líderes en operaciones portuarias y de logística. La compañía cerró un acuerdo con la Administración Nacional de Puertos (ANP) en el año 2021, que provocó la pérdida de tres millones de dólares para ANP en el cierre del 2022. Fueron los senadores del Frente Amplio (FA) Mario Bergara y Charles Carrera quienes llevaron esta situación al Parlamento y presentaron su denuncia en Fiscalía por la mala gestión de Juan Curbelo, presidente de ANP.
Pese a las declaraciones de Curbelo, quien dijo que “el 2022 fue el mejor año en la historia de ANP”, los senadores del FA consideran el convenio entre la multinacional y ANP como un acuerdo “monopólico, inconveniente, ilegal e inconstitucional”. Bergara ha declarado que desde su fuerza política están convencidos de que existieron delitos de abuso de funciones y de falsificación ideológica que formaron parte de ese acuerdo. En diálogo con Sala de Redacción, el legislador reafirmó su pensamiento y agregó que “si en un año bueno perdió tres millones de dólares, esperemos que no lleguen los años malos”.
El senador respaldó sus dichos basándose en la Constitución y en la ley. Informó que esta “entrega” que ANP le realiza a Katoen Natie viola las leyes N°16246 de puertos, N°15637 de concesiones y la ley N°18159 de la defensa de la libre competencia en el comercio. Además, aclaró que este acuerdo “le regala un monopolio a Katoen Natie por la suma de 60 años hasta el año 2081, lo que equivale a 12 administraciones de gobierno”.
Poco transparente
El Sindicato Único Portuario (SUANP) pidió participación en la cuestión, pero se enteraron del acuerdo “de la noche a la mañana” sin saber nada de la negociación de los contenedores del puerto de Montevideo y Katoen Natie. Alejandro Díaz, presidente del sindicato, catalogó la situación como “un baldazo de agua fría”.
El presidente del sindicato dijo a Sala de Redacción que la negociación significa una pérdida de soberanía y una pérdida del poder incidir en el reglamento de atraque -es lo que le da soberanía al Estado uruguayo de obrar en función de los intereses productivos del país-, así como la ruptura de un esquema que se había establecido en base a la Ley de Puertos.
También existe una pérdida económica. “La ANP pierde tres millones de dólares de ingreso directo y Katoen Natie genera un negocio multimillonario sin hacer ni una sola inversión”, dijo Díaz. Además, remarcó que el SUANP realizó el pedido de informes financieros y de infraestructura, que no fueron presentados por la ANP y se hizo caso omiso de la información brindada por la multinacional en la negociación.
Bergara enfatizó en que “todo el proceso adoleció de falta de transparencia” e hizo énfasis en la omisión de los informes en la negociación entre ANP y Katoen Natie realizada por Curbelo. Además se refirió a dicha negociación como “un negocio que por abajo de la pata vale 2000 millones de dólares”.
Marco legal y denuncias
“Según la Constitución, la generación de un monopolio privado solo puede hacerse por ley y además requiere mayorías especiales”, aclaró Bergara. El senador agregó que cuando se toman este tipo de decisiones la ANP debe de presentar un informe preceptivo antes de que las mismas sean tomadas.
El FA denunció al doctor Curbelo como autor de “delito de falsificación ideológica” por la omisión del pasaje del documento por el directorio. El escrito fue presentado, aunque la denuncia primaria fuese archivada por el fiscal Gilberto Rodríguez (en noviembre de 2022), y se pidió que se reexaminara la causa. Bergara resaltó que el informe que Curbelo emite, lo hace en carácter de “presidente de ANP, pero no es la Asociación Nacional de Puertos en su conjunto quien toma esta decisión”.
La aprobación del acuerdo se dio en una resolución del Consejo de Ministros: “si uno entra en la web de Presidencia, puede ver que las resoluciones del Consejo se suben casi que inmediatamente, pues esa resolución no estaba colgada. Venía la resolución 398, 399, 400… y automáticamente saltaba a las 402”, sostuvo el senador. La resolución 401 que aprobaba el acuerdo no estaba publicada.
En cuanto al plano legal, el presidente de SUANP dijo que como trabajadores portuarios, lo que pudieron hacer fue ir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para pedir la suspensión y anulación del acto. En el pedido se le dijo al sindicato que “no estaban obrando como personas físicas”, pero que la suspensión iba a ser evaluada.
“El análisis que nosotros hacemos al día de hoy es que perdimos como sindicato, porque este proceso es un proceso irreversible”, expresó Diaz y remarcó que para fines de 2024 Katoen Natie finalizará obras en el puerto de Montevideo y a principios de 2025 Montecon podría dar su cierre por el quite de sus buques interoceánicos y la pérdida de empleos sin reposición de personal.
Para concluir, Díaz señaló que en Paysandú “el gobierno ha tirado la toalla” y que no da soluciones al tema de la carga que se remató en Provincias Unidas. A través de la prensa paraguaya, SUANP se enteró que la instalación del depósito de la papelera en Fray Bentos, la cual se presentaba como una posible alternativa para evitar la pérdida de empleos, fue postergada y esto deja a los trabajadores en conflicto sin soluciones.
