El artículo 88 del proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC) propone la creación de un Consejo de Política Criminal y Penitenciaria. Su integración y objetivos fueron cuestionados por la oficina del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario -a cargo de Juan Miguel Petit- y por el sociólogo y exsenador suplente del Frente Amplio, Rafael Paternain.
El Consejo de Política Criminal y Penitenciaria, según dispone el capítulo siete de la LUC, funcionaría “como órgano honorario asesor colegiado, integrado por un representante del Ministerio del Interior (MI), uno de la Fiscalía General de la Nación y uno del Poder Judicial”. Su “cometido esencial” sería el diseño, planificación, coordinación, monitoreo y evaluación de la política criminal y penitenciaria.
De crearse, este órgano será presidido por un representante del MI, que coordinará sus actividades con el Comisionado Parlamentario y el Instituto Nacional de Rehabilitación.
Integración
En un informe que presentó el Comisionado Parlamentario Penitenciario a la comisión especial para el estudio de la LUC en el Senado, se plantean reparos y sugerencias de cómo debería ser la integración del Consejo de Política Criminal y Penitenciaria.
El informe recomienda una integración más amplia del órgano y sugiere que se sume al Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, al Ministerio de Desarrollo Social, a la Dirección Nacional de Policía, a la Administración de Servicios de Salud del Estado, al Instituto Nacional de Integración Social del Adolescente y a la Oficina de Seguimiento de la Libertad Asistida, junto con los que ya proponía la redacción original del proyecto de ley.
Quien también se pronunció en este sentido, a través de un video en vivo de la red social Instagram, fue el sociólogo Rafael Paternain, que se refirió a la integración de este órgano y expresó que “podría tener una integración un poco más plural, abierta, debatida, sensible, donde puedan estar integrados los movimientos sociales, la academia y otros ministerios”. Ésto serviría al objetivo de tener una política de seguridad más “intersectorial”, destacó.
Estas declaraciones fueron anteriores a las modificaciones que la LUC sufrió en la cámara alta, donde finalmente se incorporó a la integración del Consejo el Ministerio de Educación y Cultura, que no estaba en la redacción original que envió el Poder Ejecutivo.
¿Para qué?
Paternain considera que la creación de este órgano que propone la LUC “es una muy buena idea”, pero indicó que no sabe para qué lo hacen: “se supone que crean un Consejo de Política Criminal, para planificarla, cuando la política criminal ya está definida de una manera grosera y poco articulada en la propia ley”.
En el mismo sentido, el informe del Comisionado Parlamentario penitenciario realiza cuestionamientos a la labor que desarrollaría el nuevo Consejo. En el texto se señala que sólo se trata de “un órgano consultivo, de intercambio y elaboración de información por lo que no debería diseñar, implementar ni planificar políticas“, como establece la redacción de la LUC.
Además, el informe sugiere que este organismo no debería coordinar con el comisionado parlamentario como expresa la LUC, ya que es un actor más del que simplemente “tomará” elementos para su labor, como la observación y promoción de las políticas, pero no la ejecución de las mismas.
