La discusión del proyecto de Ley de Servicios de Difusión de Contenidos Audiovisual, más conocida como Ley de Medios, reunió este martes una gran actividad, dentro y fuera del Palacio Legislativo. Afuera, el Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel), organizó una movilización, en medio de un paro de 24 horas, en reclamo por el nuevo proyecto de ley, que estaba previsto que se votara en la Cámara de Diputados; si bien fue una iniciativa de Sutel, el PIT-CNT llamó a las direcciones de todos los gremios a concentrarse en las afueras del Palacio.

Dentro de los recintos parlamentarios, partir de las 9.00 la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Diputados recibió a referentes del Poder Ejecutivo para conocer cómo se aplicaría la ley; dos horas después estaba previsto que el plenario de la Cámara de Diputados iniciara la votación del proyecto, que ya había sancionado en diciembre y que volvió tras la aprobación, con cambios, que hizo el Senado el 14 de mayo. Pero el proyecto no llegó a tratarse en el plenario, porque la bancada del Partido Colorado puso como condición para apoyar la propuesta que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que anunciara que vetaría el artículo 72 de la ley. A la espera de ese pronunciamiento, los colorados propusieron postergar la decisión para el mes de julio, después de las elecciones internas.

Sobre la Avenida de las Leyes, se realizó el acto al que asistió un número importante de trabajadores de Antel, y contó con un improvisado escenario con una pantalla detrás, mientras que en dos gazebos se servían platos de guiso de lentejas para “aplacar el frío”. Junto a ellos se vio una gran cantidad de televisores pintados con el nombre de algunos de los senadores que votaron a favor del proyecto de ley, como los nacionalistas Jorge Gandini y Beatriz Argimon, el colorado Pablo Lanz y el cabildante Marcos Methol, entre otros. A su vez, había carteles cuyo slogan decía “Agarrá antena”, en referencia al discutido proyecto de ley. 

En el acto estuvieron Marcelo Abdala y Gabriel Molina, presidentes de PIT-CNT y de Sutel, respectivamente. Luego de la oratoria, en diálogo con Sala de Redacción (SdR) Abdala se mostró crítico ante la facilidad de algunas empresas de tener un mayor monopolio de medios del permitido y recalcó que “esto no debe ser así”. 

Entre otras cosas la ley vigente pone un límite para la posesión de una misma empresa de tres licencias de radio o televisión. En el nuevo proyecto de ley el límite es del doble, seis licencias, y permite además a los cableoperadores ofrecer el servicio de conexión a internet. A día de hoy, la única empresa que brinda ese servicio es Antel.

Florencia Leymonié, secretaria general de Sutel, argumentó en diálogo con este medio que la normativa que está en discusión “genera un mapa de medios mucho más concentrado, con la posibilidad de extranjerización, retrayendo la participación de las sociedades organizadas”.

A su vez, la ley aprobada elimina algunos organismos, como la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual, que tenía entre sus cometidos emitir opinión en todos los trámites y procedimientos de otorgamiento de autorizaciones y licencias para la prestación de los servicios de comunicación audiovisual.

Abdala remarcó que la ley “pone a disposición de los grandes capitales toda la infraestructura de Antel”. Añadió que “hay que generar un camino donde esté promovida la comunicación democrática” y “la comunicación popular”, y que, en ese sentido, valoró que el proyecto es un retroceso con respecto a la ley actual.

Molina expresó a SdR su orgullo por la movilización y recalcó que “no hay otra manera de cambiar las cosas”. La ley que se aprobaría, en su opinión, es “nefasta” porque tiene aspectos que “rompen no solamente con la libertad de prensa y con la libertad de expresión, sino también con la democracia”. Además, apuntó a la necesidad de contar con mayor transparencia: “¿Por qué si la ciudadanía sabe quienes integran el PIT-CNT, con nombre y apellido, nosotros no podemos saber quiénes son los maravillosos dueños de los canales 4, 10 y 12?”, se preguntó. 

Un proyecto con idas y vueltas
Desde el inicio del mandato del gobierno presidido por Luis Lacalle Pou se planteó la necesidad de modificar la Ley N°19.307, de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada en 2014 durante el gobierno de José Mújica. El proyecto de ley, que fue enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento en abril de 2020, tuvo varios reflotes y hundimientos. En 2021, cuando se estaba cerca de alcanzar un acuerdo, Cabildo Abierto se negó a aprobarlo si no se aceptaban sus condiciones: la creación de una Junta de Garantías en la Comunicación Política que garantizara la imparcialidad de la cobertura, la cual fue rechazada por blancos y colorados y que terminó posponiendo la discusión en torno al proyecto de ley.

Dos años después del intento de acuerdo, se volvió a plantear la cuestión y el proyecto fue aprobado en noviembre de 2023 por la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Diputados y en diciembre lo hizo el plenario de esa cámara. El mes pasado, el 14 de mayo, el proyecto ingresó como “grave y urgente” al plenario del Senado, que lo aprobó con votos del oficialismo después de hacerle algunas modificaciones al proyecto que tenía media sanción. Entonces, el proyecto volvió a la Cámara de Diputados, que ya no puede modificar su contenido, sólo está autorizado a aprobar o desaprobar el proyecto tal y como llegó desde el Senado. La única forma de hacerle cambios, como quitar el debatido artículo 72, es mediante el veto presidencial.

Sectores opositores al proyecto, como el PIT-CNT y varias organizaciones sociales vinculadas a la comunicación han expresado que el proceso de discusión en el Senado fue antidemocrático. Asimismo, el Frente Amplio calificó el tratamiento del proyecto como un “atropello”, por la decisión de la coalición de tratar el proyecto sin previo aviso y sin abrir la discusión en comisión. Por este motivo, el FA decidió, por primera vez desde la restauración democrática, no participar más de la coordinación interpartidaria.

Libertad de expresión

El artículo 72 de la Ley de Medios, propuesto por CA, que versa sobre la objetividad en la práctica periodística, sembró la polémica, incluso a la interna de los partidos Nacional y Colorado, que lo acompañaron en el Senado. Abdala comentó que “supone un atentado a la democracia uruguaya, en donde se busca poner un límite por parte de los medios hacia los periodistas y las posibles sanciones que puedan recibir si no hacen caso a los artículos de la ley”. Tanto Leymonié como Molina comentaron que “es una normativa propia de la parte más oscura de la historia del país, que fue la dictadura” y que “es escandaloso porque va contra todos los estándares de libertad de expresión”.

Desde el Comité para la Protección de los Periodistas, una organización internacional con sede en Nueva York, se instó a las autoridades uruguayas a través de un comunicado a no aprobar la ley de medios por considerar en especial al artículo 72 como “una amenaza contra la libertad de expresión”.  Además exigieron “una nueva legislación que sea discutida ampliamente”.

Leymonié aclaró que “aún sacando el artículo 72 la ley es terrible” y llamó a “marcar mucha presencia en el Palacio Legislativo”.

Ismael Muller y Andrés Rodríguez

FacebookTwitter