Tres años pasaron desde el estallido social en Chile, que produjo diversas manifestaciones y disturbios en todo el país, luego de que aumentara la tarifa del transporte público en Santiago de Chile. Las protestas dejaron un saldo de 34 personas muertas y en noviembre de 2019 se firmó un acuerdo por la paz y la justicia social. En 2020 se realizó un Plebiscito Nacional para modificar la Constitución impuesta en 1980 por el dictador Augusto Pinochet y 78% de los votantes apoyaron la idea. Sin embargo, con 62,2% de los votos, este domingo la población chilena rechazó la nueva Carta Magna redactada por la Convención Constitucional.
La que continúa vigente fue aprobada el 8 de agosto de 1980, época de dictadura militar, y fue sometida a ratificación mediante un plebiscito sin registros electorales en setiembre del mismo año. Hasta abril de 2022 había sido reformada 59 veces y, si bien se pretendía generar un cambio social y político más profundo, no se alcanzaron los votos necesarios.
Ante el resultado del plebiscito, en un mensaje televisado, el presidente chileno Gabriel Boric anunció cambios en el gobierno, que incluyeron relevos en el gabinete, e hizo un llamado a las fuerzas políticas para “acordar los plazos y bordes de un nuevo proceso constitucional”. A su vez, reconoció que “el pueblo chileno no quedó satisfecho con la propuesta de la Constitución y, por ende, ha decidido rechazarla de manera clara en las urnas”.
En menos de 48 horas después del resultado del plebiscito, el presidente chileno cesó en sus puestos a la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches; a la ministra de Salud, María Begoña Yarza; al ministro de Familia y Desarrollo Social, Jeanette Vega; al ministro de Energía, Claudio Huepe; al titular de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson -que pasó a Interior-; y al ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Flavio Salazar. “Este es uno de los momentos más difíciles que me ha tocado enfrentar”, expresó Boric durante la conferencia en el Palacio de la Moneda.
Mientras el presidente anunciaba los cambios, en Santiago de Chile se produjo una protesta estudiantil en dirección al palacio presidencial, en la que se manifestaron contra el rechazo al plebiscito y los cambios más profundos en el gabinete. Si bien comenzó de forma pacífica, desembocó en enfrentamientos con la policía, según informó el El País.
En conversación con Sala de Redacción, Fernando Rosenblatt, doctor en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica de Chile, dijo que es “la primera gran derrota de esta generación política y hay que ver cómo lidian con esa frustración”, y agregó que “la situación es muy compleja”, ya que existe la posibilidad de que surja un “estallido 2.0”. “Hay un gobierno que no va a poder gobernar, porque no tiene mayoría y porque la agenda va a estar ocupada de nuevo por el proceso constituyente, ¿quién va a calmar los ánimos y la ansiedad en un contexto inflacionario y de estancamiento económico?”, cuestionó.
Este plebiscito fue un hecho histórico, ya que tuvo una participación récord: votaron aproximadamente 13 millones de chilenos -cerca de 86% del padrón electoral- y fue una votación de carácter obligatorio, cuando desde 2012 rige una ley que permite el voto voluntario.
Rosenblatt habló de los factores que influyeron en el resultado del plebiscito y la diferencia que hubo respecto a 2020: “Es un electorado diferente, ahora con voto obligatorio participó el 86%; en aquella oportunidad participó sólo el 51%”. Además, consideró que “la sociedad chilena es más conservadora en lo valórico que la uruguaya y esta Constitución estaba muy hacia la izquierda, producto de la composición de la Convención”.
Por otra parte, el politólogo cuestionó que “cuando no tenés organización y no tenés partidos con anclaje en la sociedad que articula el proceso político, te pasan estas cosas”.
Se generó polémica
Un tema que causó polémica durante la campaña fue la propiedad del agua. Según dice la vigente Constitución en el artículo 19, “los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad”. Sin embargo, si se aprobaba el nuevo documento, el agua pasaría a ser un bien inapropiable y el Estado se encargaría de “velar por un uso razonable de las aguas”.
En otro de los artículos se hacía énfasis en el “derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción”. Ese mismo artículo señalaba que la ley regularía el ejercicio de estos derechos sociales y que el Estado es quien debe “garantizar su ejercicio sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural”.
Si bien la Constitución de 1980 dice que se protegerá de forma explícita “la vida del que está por nacer”, desde 2017 está vigente una ley que permite la despenalización del aborto sólo en casos excepcionales, como salvar la vida de la madre, inviabilidad fetal o violación sexual.
La nueva Constitución también se proponía crear un Sistema Nacional de Salud financiado a través de las rentas generales de la Nación, con la opción de que los usuarios contraten seguros privados extra, pero se eliminaba la alternativa de que las personas destinen todos sus pagos a las aseguradoras privadas. Ante estos cambios, se generó una lucha de intereses entre el Estado chileno y los entes privados, lo que para el politólogo esto tuvo incidencia en los intereses económicos para apoyar la campaña del rechazo. Según comentó Rosenblatt, quienes se opusieron “tuvieron muchos recursos”.
Lo que viene
En esta misma línea, la nueva Constitución planteaba que la educación debía ser un deber “primordial e ineludible” del Estado, además de ser “de acceso universal en todos sus niveles y obligatoria desde el nivel básico hasta la educación media, inclusive”. Sin embargo, en la Constitución vigente sólo se menciona que los padres “tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos” y que el Estado es el responsable de brindar especial protección al ejercicio de este derecho. En suma, la propuesta de reforma incluía por primera vez la mención a la vivienda como derecho.
Según explicó Rosenblatt, “el tema ahora es quién va a liderar ese proceso de transformación y cómo va a ser el itinerario del proceso constituyente”. Al respecto, debe tenerse en cuenta que “lo que se rechazó [el domingo] es el texto, pero en el plebiscito de octubre de 2020 80% votó por una nueva Constitución”, concluyó.
Rosenblatt resaltó que lo que ocurrió en las urnas “es un problema para el gobierno, porque retrasa su agenda, que va a estar dominada por el nuevo proceso constitucional”. “La agenda de reformas del gobierno estaba muy atada al destino del plebiscito y le pone un freno a una dinámica del proceso político, que parecía que iba para otro lado”, dijo.
Luego de los resultados, protagonistas de la política chilena dieron su opinión ante los resultados y políticos como el senador Javier Macaya, presidente de la Unión Demócrata Independiente, mantuvieron la cautela ante el resultado. Para Rosenblatt, la actuación de Macaya en Twitter “es muy prudente desde el punto de vista político, porque el estallido no se frenó por el proceso constituyente, se frenó por la pandemia, el malestar y la falta de capacidad de procesamiento”, y concluyó que “el conflicto político sigue siendo un drama hoy para la política chilena”.
Además, el presidente colombiano, Gustavo Petro, también se refirió al resultado y realizó un polémico comentario: “Revivió Pinochet”, escribió.
Momentos previos
Previo a la elección del 4 de setiembre se vivió un clima de incertidumbre en el país trasandino, ya que las encuestas pronosticaron que triunfaría el rechazo, como finalmente sucedió. Asimismo, al sur de Chile hubo una escalada de violencia en las semanas previas, debido al conflicto entre el Estado chileno y las comunidades mapuches, donde se produjeron ataques incendiarios contra vehículos y propiedades. Ello llevó a reforzar la seguridad para el desarrollo normal de la votación en las regiones de La Araucanía, Biobío y Los Ríos. A una semana del plebiscito, en Santiago también hubo agresiones entre manifestantes de ambas opciones, que se lanzaron piedras en el cierre de ambas campañas.
Rosenblatt explicó que estos disturbios pueden haber incidido en los votos: “El conflicto mapuche se ha ido politizando en las últimas décadas y el asunto es la incapacidad del Estado chileno para frenarlo y procesarlo de manera pacífica y razonable. Esa violencia seguramente haya incidido en el rechazo de la gente al Estado plurinacional”.
Precisamente, uno de los cambios más significativos que presentaba el nuevo texto era la inclusión de la población indígena y el reconocimiento de “la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado”. La constitución de 1980 no hace alusión a los pueblos originarios, mientras que la propuesta de nueva Carta Magna recalcaba en su primer artículo que el Estado chileno debe ser “plurinacional, intercultural regional y ecológico”, y, además, le brindaba reconocimiento a los 11 pueblos y naciones indígenas preexistentes.
Esto trajo como consecuencia un debate acerca de la delimitación de la autonomía política y jurídica de estos grupos, ya que, si bien el texto reconocía los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, indicaba que se debe respetar la constitución política de Chile y los tratados internacionales. Para el exintegrante del Tribunal Constitucional chileno Jorge Correa Sutil esto no está claro y, por ejemplo, planteó que quedaba abierta la posibilidad de una Justicia diferente para las autoridades indígenas, según expresó a la BBC. Sobre este tema, Rosenblatt remarcó que “todo lo que incide sobre los valores en una sociedad que es conservadora pudo haber incidido más en el rechazo”.
