Tratar la trata

Según datos publicados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 2018 hubo alrededor de 50.000 víctimas de trata de personas en 148 países. El 50% de las víctimas detectadas fueron objeto de trata con fines de explotación sexual, mientras que el 38% fueron explotadas laboralmente. A su vez, las mujeres son las principales víctimas en todo el mundo: las adultas representan el 46% y las niñas el 19% de todas las afectadas por trata.

Este crimen de lesa humanidad no es un problema ajeno para Uruguay, donde el 70% de las víctimas de trata con fines de explotación sexual son mujeres menores de 35 años, según datos de la investigación “Dueños de personas, personas con dueños”, publicada en 2020 bajo la iniciativa “Uruguay mira la trata”. La investigación utilizó como base los datos del Servicio de Atención a Mujeres en Situación de Trata con Fines de Explotación Sexual, gestionado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) en convenio con la asociación civil El Paso. 

En su amplia mayoría, la trata en Uruguay es de carácter internacional, aunque también existe trata interna y mixta, que comienza con el traslado de la persona dentro del país con fines de explotación, para luego ser trasladada y explotada en el extranjero. Dentro de los datos obtenidos de las mujeres asistidas por este servicio, se detectó que, en su amplia mayoría, son extranjeras y con diferentes orígenes: el 89% son personas de origen latinoamericano y las que vienen de naciones extracontinentales son un escaso 11%, en el que se encuentran asiáticas, africanas, y europeas y norteamericanas en menor medida. Además, dentro de las latinoamericanas, el 80% son de procedencia dominicana.

La investigación muestra que, del total de mujeres atendidas por el servicio, el 84% tienen al menos un hijo, y la amplia mayoría se concentra en la franja que tiene entre uno y tres hijos. La mayoría son extranjeras, y sus hijas e hijos quedan en el lugar de origen, a cargo de familiares directos, hecho que constituye un mecanismo de control para los tratantes, por cuanto las mujeres encuentran la necesidad de generar recursos para enviar a sus familias.

Por otro lado, en lo que refiere a las características de las víctimas, el 54% de las mujeres asistidas posee un nivel educativo medio o alto: un 28% cuenta con bachillerato completo o educación terciaria. “El nivel educativo de las víctimas no es necesariamente una condición que estructure los factores de vulnerabilidad”, se aclara en el documento, sino que “se complementa con la condición de migrante”, que compone un elemento de coacción clave. 

Para las integrantes del equipo de Atención a Mujeres en Situación de Trata de la ONG El Paso, Sandra Perroni y Angelina Geymonat, el proceso de denuncia tiene que ir “esmaltado de una estrategia de acompañamiento a la persona” y procurar que las víctimas cuenten con la protección necesaria y el acceso a la Justicia. No obstante, “si una persona es violentada, es necesario romper el silencio y pedir ayuda”, afirmó Perroni en diálogo con Sala de Redacción.  

Geymonat entiende que en el imaginario colectivo la trata se asocia a una “situación de denuncia”, pero para el equipo es un proceso en el que las instituciones deben generar “estrategias de protección” previas. Perroni agregó que es primordial repensar el concepto de trata y visualizar que más allá del delito, es una problemática social que atenta contra los derechos humanos de sus víctimas.

En Uruguay rige la Ley N°19.643 de Prevención y Combate Contra la Trata de Personas, la cual define la trata como “la captación, el reclutamiento, el transporte, el traslado, la acogida, la recepción o el hospedaje de personas, dentro del territorio nacional o a través de fronteras, aunque mediare el consentimiento de las mismas, con fines de explotación”. Para la ONG El Paso, se trata de una buena ley “en línea con el marco internacional” regido por el Protocolo de Palermo. “Pero las leyes solas no alcanzan”, expresó Perroni, y en el tema trata, Uruguay “tiene una política pública bastante limitada”, ya que no existe la atención para varones víctimas de trata ni programas de reintegración a la comunidad, entre otras carencias.

En este sentido, Sofía Lledías, de ¿Dónde están nuestras gurisas? –colectivo reconocido por su trabajo en la temática y por la difusión de casos de desapariciones de mujeres y niñas en Uruguay-, plantea que la ley en la práctica “no tiene incidencia”, debido al escaso presupuesto que se le destina y su imposibilidad para generar cambios profundos. Además, sostiene que a pesar de que hay servicios que se dedican a atender denuncias y a víctimas de trata, muchas denuncias ni siquiera llegan a efectuarse por falta de acceso a la Justicia. La primera denuncia es clave, considera Lledías, ya que durante las primeras horas de desaparición es cuando la búsqueda puede arrojar mayores resultados, pero “se desestiman desapariciones de mujeres mayores de edad por considerar que pueden estar huyendo por cuenta propia”, comentó la activista. 

Menores vulnerados

La proporción de niños y niñas entre las víctimas de trata detectadas se ha triplicado: a nivel mundial, una de cada tres víctimas es menor de edad, informó la ONU. En Uruguay, el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual y No Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes (Conapees), identificó 410 casos de explotación sexual comercial en niños, niñas y adolescentes en 2020. Para el director del Conapees, Luis Purtscher, la pandemia jugó un papel muy importante en cuanto a “depreciación de la presencia del Estado”, así como también en el de la sociedad civil organizada, debido a las medidas de cierre y distanciamiento social establecidos. Según dijo Purtscher a SdR, la no presencialidad facilitó que las redes sociales ocupasen un espacio privilegiado en la fase de enganche de las víctimas: “veníamos observando un cambio de escenario en las situaciones de captación para la explotación a través de las redes y el año pasado explotó”.

Sin embargo, Purtscher explicó que en muchos casos el delito acontece dentro de las mismas familias, o a través de alguien muy cercano. En este sentido, explicó que “hay una contradicción muy grande entre la función ideal de la familia y que la familia participe de situaciones de explotación”. El director de Conapees explicó que la trata interna es, muchas veces, un “entrenamiento en el adolescente” para que al cumplir la mayoría de edad se dedique a la prostitución. “Que la prostitución este reglamentada en Uruguay después de los 18 años es un factor que alimenta el continuo de violencias”, afirmó el director de Conapees. Asumió, además, que “el mundo prostibular genera un sistema de conexiones que facilitan la trata”, como en el caso de las inmigrantes que ejercen la prostitución al poco tiempo de llegar al país; esto “habla de la conexión de redes que coordinan la llegada de mujeres de otros países para ser explotadas en Uruguay”, afirmó Purtscher. 

La Línea Azul es la encargada de recepcionar denuncias anónimas y llamadas de auxilio ante situaciones de explotación sexual, abuso o trata de menores de edad. No obstante, el encuentro con este delito no siempre es directo, sino que muchas veces son los operadores sociales quienes reconocen situaciones de alarma al reconstruir los relatos de los menores.  

Purtscher identifica a la “dueñidad que algunos adultos asumen sobre los niños, niñas y adolescentes”, como parte sustancial del problema. Y resalta la necesidad de que los niños identifiquen la pertenencia de sus propios cuerpos, ya que “la dueñidad está en la esencia de la trata como proceso social que esclaviza a las personas”, sentenció. 

El partido que juegan los medios

La noche del 30 de julio, el colectivo de mujeres “¿Dónde están nuestras gurisas?” convocó a un conversatorio titulado “¿Cómo tratan los medios la trata?”, del que participaron las periodistas María Urruzola, Stephanie Demirdjian, Daiana García y Ema Zelikovitch. El debate tuvo lugar en el Sindicato de Artes Gráficas, y el colectivo lo transmitió en vivo a través de su canal de Youtube. 

Frente a una pared empapelada con placas de mujeres que siguen desaparecidas, el panel conversó sobre el papel que tienen los medios en la construcción del imaginario colectivo. Ema Zelikovitch resaltó la necesidad de hablar de la trata de personas como un problema estructural, no como algo anecdótico, y afirmó “disputemos lo que se piensa, disputemos lo que se dice”. Por su parte, Daiana García respondió que hace falta más periodismo feminista y Stephanie Demirdjian defendió que la cobertura periodística debería basarse en la responsabilidad, los derechos humanos y el enfoque de género. Para hacerle frente a la trata, “desmercantilizar la vida es uno de los caminos”, afirmó María Urruzola en su turno.

Esa misma mañana, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) presentó el documento “Mujeres en situación de trata sexual. Recomendaciones y orientaciones para periodistas y profesionales de la comunicación”, elaborado por Inmujeres y Urruzola junto a otros colegas. Karina Ruíz, directora de la División de Violencia Basada en Género de Inmujeres, expresó a SdR que “es muy importante el rol que puede jugar la comunicación para la prevención y concientización de la existencia de este delito”, así como para reconocer que la trata es una “grave violación a los derechos humanos”.

Ruíz afirmó que el documento apunta a una mayor responsabilidad por parte de los comunicadores, ya que “estas mujeres han vivido situaciones de mucho aislamiento y discriminación”. Añadió que el documento hace énfasis en el uso de determinados términos, ya que “muchas veces estas situaciones pueden llegar a quedar invisibilizadas si no estamos preparados para llamar a las cosas por su nombre”.

Daniela Calone / Josefina Martínez