“En un principio se pensó en juntarse a reclamar en la propia escuela, pero se desestimó porque el reclamo no era contra el cuerpo docente ni la dirección, todo lo contrario”, contó a Sala de Redacción María Clara Leis, madre de uno de los alumnos de la Escuela 83 de Montevideo, que convocó a una movilización en la Plaza Varela de Montevideo el miércoles, en reclamo de que los niños concurran más días a la semana a los centros educativos. La propuesta de realizarla en ese lugar vino de un padre de un alumno de la Escuela 83 y se llegó rápido a un acuerdo por el simbolismo que implica, ya que al mismo tiempo se alude a lo público y la figura de José Pedro Varela como referente nacional de la educación. Además, se sumó el apoyo a la convocatoria del Colectivo Familias Organizadas de la Escuela Pública, que funciona desde el año pasado.
Según contó Leis, los padres comenzaron a percibir que el gobierno no se desvela por encontrar soluciones para que los niños concurran más tiempo a los centros educativos. Además, entienden que recién a partir de la iniciativa del colectivo de familias se puso en agenda el tema de la presencialidad. “La preocupación nace de que las soluciones no se proponen desde la centralidad y de que la educación es un asunto de Estado. En este momento, Uruguay incumple acuerdos internacionales al no garantizar el derecho a la educación”, señaló, en referencia a lo que ocurre desde el momento en el que se suspendieron las clases presenciales por la pandemia de covid 19, en marzo de este año.
Entre sus argumentos, mencionó que “a diferencia de otros países, en Uruguay los efectos de la pandemia no son tan adversos” y que “hay sobrada evidencia científica de que los niños no se contagian ni son contagiadores”. Leis señaló que la comunidad científica y el propio Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) del gobierno están preocupados por las consecuencias de la baja presencialidad en las escuelas, ya que aumenta la exposición de los niños a las pantallas, puede generarles trastornos del sueño, de alimentación, sedentarismo y depresión.
En la búsqueda
La escuela 83 recibió mobiliario de las facultades de Ciencias Sociales y Arquitectura de la Universidad de la República (Udelar), lo que les permite optimizar el espacio. Para hacerlo, hay grupos que alternan en el uso de los salones para que entren todos en clase y que se respeten los protocolos. Las soluciones se buscan en conjunto entre la dirección, el cuerpo docente, las familias y la comisión de fomento, y contribuyen apoyos externos, como el de los servicios de la Udelar. “Se han hecho sondeos para alquilar espacios comunitarios con el fin de usarlos como salones y una inspección negó la iniciativa, alegando que no era seguro”, afirmó Leis. Arquitectos y familiares de alumnos de la escuela también participaron de jornadas en las que tomaron medidas, miraron planos y pensaron soluciones. Como medida inmediata, en un comienzo se estudia la implementación de mamparas y el próximo año se trataría de lograr soluciones más estructurales en lo edilicio.
En otras escuelas se han alquilado carpas que normalmente se usan para eventos, pero en este caso se usan para dar clases, a través de gestiones realizadas por las comisiones de fomento. Señaló que esta situación muchas veces genera otras desigualdades, ya que no todas las comisiones tienen la posibilidad de afrontar los gastos. Además, consideró que el derecho a la educación debe ser garantizado por el Estado. En este sentido, remarcó que la idea de las familias es adelantarse con propuestas a los tiempos burocráticos del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP). Al respecto, Leis señaló que la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) cuenta con equipos de arquitectos a los que no ven estudiando alternativas; “hay algo que no termina de cerrar”, concluyó.
Familias organizadas
Graciela Sarasúa, integrante del Colectivo Familias Organizadas de la Escuela Pública, comentó a Sala de Redacción que es necesario que las familias tengan voz en las políticas educativas de sus hijos, ya que es uno de los ejes transversales de la Ley de Educación y era hora de que se empezara a hacer efectivo. La organización comenzó a funcionar el 25 de mayo de 2019 y en el primer año se generaron instancias con la ANEP durante gobierno anterior, lo que generó que el CEIP convocara a una jornada por la participación en la educación. En esa instancia se invitó a familias, docentes, gremios y a la academia, y a través de talleres y actividades se trabajó sobre facilitadores y obstáculos para la participación en la educación.
Al momento, cerca de 500 familias de más de 90 escuelas integran este colectivo. Si bien principalmente son del área metropolitana, también están en Colonia, Río Negro y Durazno. “Ahora estamos con muchísimo trabajo con esto de la vuelta a la presencialidad plena y creemos que como familias hemos logrado que la balanza se incline un poco”, evaluó Sarasúa.
Este año, una vez que se retomaron las clases presenciales, se presentaron con las nuevas autoridades y fueron recibidos por Graciela Fabeyro, actual directora general del CEIP. Además, el jueves 22 de octubre tienen pautada una reunión con los integrantes del Consejo Directivo Central de la ANEP y con los directores de cada subsistema, a quienes plantearán sus inquietudes sobre el aumento de la presencialidad.
“Hay 7.000 gurises fuera del sistema educativo en inicial y primaria. La presencialidad en las escuelas del quintil uno y dos [los de menores ingresos] es de 65%, cuando los quintiles más altos llegan a 85% de asistencia. Se aumenta la brecha entre los quintiles más altos y los más bajos“, lamentó Sarasúa. Para revertirlo, una de sus propuestas es que los recursos que no se ejecutaron este año, como dinero para comedores, campamentos educativos, salidas didácticas o colonias de vacaciones, se readjudiquen para cubrir las necesidades que surgen para volver a la presencialidad plena. Por otra parte, contó que les alegró la declaración de obligatoriedad de la asistencia que anunció la ANEP la semana pasada y que comenzó a regir este martes. Según valoró, ello va en consonancia con los principios varelianos de la educación pública, pero la medida sigue sin ser suficiente, ya que muchas escuelas no pueden aumentar los días de clases presenciales. “Seguiremos trabajando pensando en lo que queda del 2020 con miras al 2021, la crisis nos agarró con las familias organizadas y eso está bueno”, concluyó.
Sala de Redacción consultó al ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, sobre qué pasaría con la escuela pública en 2021. “Espero que ya estén las escuelas funcionando a pleno, que estemos en un régimen de presencialidad total, que hayamos restablecido la obligatoriedad que se asocia a nuestra tradición educativa y que cada niño aproveche eso para servirse de la educación como un instrumento para darse alas y darse horizontes”, respondió.
Voces competentes
En los últimos días, varios especialistas se pronunciaron sobre la vuelta a una presencialidad más sostenida en el tiempo. Carlos Batthyány, director del Instituto Pasteur, dijo a Telemundo que “el covid 19 no afecta a los niños y que, por lo tanto, hay condiciones para ir a una mayor presencialidad en las aulas”. “Hoy la amenaza sería no abrir las escuelas y dejarlas cerradas”, indicó el científico. En suma, Pablo Cayota, docente y especialista en educación, afirmó al programa Arriba Gente que “la brecha de inequidad que ya existía entre los sectores de mayor poder económico y los más vulnerables”, pero que “en esta situación se va a acentuar, generando un daño cognitivo, social y emocional, riesgo tan o mas importante que la pandemia”.
