Tiempo de siembra

El proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC) que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento incluye cambios en el régimen de propiedad de la tierra. Los artículos 367 y 368 del proyecto original modificaban el primer artículo de la Ley 18.092, que en 2007 pasó a exigir una autorización expresa del gobierno para que sociedades cuyos titulares no fueran personas físicas pudieran ser propietarias de inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias. El proyecto de ley original prevé que “tales sociedades, así como las sociedades anónimas podrían ser titulares de inmuebles rurales y de explotaciones agropecuarias siempre que la totalidad de su capital social esté representado en cuotas sociales o acciones normativas, pudiendo su titularidad corresponder a personas físicas o jurídicas”.

Sin embargo, cuando las autoridades del Ministerio de Agricultura y Pesca (MGAP) encabezadas por el ministro, Carlos María Uriarte, concurrieron a la comisión especial del Senado que trata la LUC, anunció la decisión de quitar los artículos 367 y 368 del proyecto de ley. El senador nacionalista Sebastián Da Silva (Espacio 40) lamentó en su cuenta de Twitter que se eliminaran estas disposiciones y consideró que la legislación actual “privilegia” a las multinacionales, que fueron las que recibieron autorizaciones de los gobiernos frenteamplistas para ser propietarias de tierras, según denunció. Consultado por un usuario de esa red social sobre el motivo de la exclusión de esas disposiciones de la LUC, el senador respondió que fue “por presiones de Cabildo Abierto”, partido integrante de la coalición de gobierno.

Después de que legisladores de la oposición manifestaron su satisfacción con el anuncio del gobierno, el senador del PN e integrante de la comisión que analiza la LUC, Jorge Gandini (Movimiento por la patria), en la misma red social se mostró “sorprendido” por el anuncio del MGAP y anunció que la comisión no retiraría los artículos 367 y 368 y los someterá a votación. Según argumentó Gandini, la aplicación de esos artículos permitirían “terminar con la discrecionalidad y promover la inversión y el desarrollo”.

Colonización

El Instituto Nacional de Colonización (INC) mantiene diferentes situaciones jurídicas sobre los campos que gestiona, motivados por diferentes cambios normativos a lo largo de su historia y eso es lo que motiva el artículo 353 del proyecto de LUC, explicó la directora general de secretaría del MGAP, Patricia Maldonado, ante la comisión del senado que estudia el articulado. La jerarca contó que la ley 18.187, de 2007, incluye en sus disposiciones a personas a quienes se les otorgaron terrenos de colonización antes de 1948 -año de creación del INC- y que no estaban comprendidos en las obligaciones que exigía la legislación anterior. Sin embargo, ello fue objeto de varias resoluciones de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que le dieron la razón a quienes pidieron ser regulados por el regímen jurídico con el cual recibieron las tierras. Maldonado dijo a la comisión parlamentaria que si bien una ley de 2011, la 18.756, intentó remendar la situación, ello no fue suficiente, ya que continuaron las sentencias de inconstitucionalidad.

La LUC plantea dejar fuera del ámbito de aplicación de los requisitos con los que tienen que cumplir los colonos que usufructúan tierras del INC a quienes adquirieron sus predios antes de 1948 y que, por lo tanto, lo hicieron bajo otro régimen jurídico. “Eran otras las pautas establecidas para esas personas y no se les aplicarían todas las disposiciones en lo que tiene que ver con las obligaciones a cumplir y con las limitaciones del ejercicio del derecho de propiedad”, explicó Maldonado ante la comisión.

Silvana Machado, integrante de la organización Redes de amigos de la tierra, dijo ante la comisión del Senado que el cambio propuesto por el gobierno implicaría que sean excluidas de la orbita del INC entre 100.000 y 140.000 hectáreas. “Esto libra esa superficie a la lógica del mercado, lo cual tiene un efecto muy grande en el proceso de concentración de tierra y la extranjerización”, dijo, y agregó que los cambios propuestos “afectan el papel estratégico por el cual el instituto fue creado”, porque “establece que haya otros actores económicos, productivos, que no son los colonos fundacionales”. Machado señaló que actualmente el instituto cuenta con 1.000 solicitudes para acceder a tierras, por lo que de aprobarse un cambio en las reglas de juego sería “bastante desastroso para esa gente”.

“Si se pierde la integralidad de las colonias y se debilitan los territorios rurales, tenemos una consecuencia, que es el despoblamiento de la campaña. La no radicación en el medio rural, la disminución de habitantes de las colonias y del territorio rural en el que las mismas se insertan, debilita la infraestructura de los servicios públicos. Ese debilitamiento repercute negativamente en las condiciones y calidad de vida de los productores, familiares, asalariados y colectivos que sí habitan y construyen territorios rurales, cultura y soberanía alimentaria”, dijo Machado.

Otros desacuerdos

Natalia Vibel, presidenta de la Asociación de Funcionarios del INC (Afinco) dijo a Sala de Redacción que a finales de enero, cuando se difundió un borrador de proyecto de LUC, mantuvieron una charla con el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, quien dijo estar de acuerdo con la inconveniencia del cambio impulsado por el gobierno y luego de ello el partido anunció que propondría la eliminación de esa disposición en el articulado de la LUC. Sin embargo, los funcionarios se encontraron con esa disposición en el proyecto que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento, concretamente en el artículo 353, que elimina la obligatoriedad de que los colonos habiten las tierras de las que son beneficiarios.

Vibel consideró que “la redacción de este artículo atenta contra el principal fin del instituto, que es social, más allá de que la idea es que la gente pueda vivir en el campo y pueda mejorar su calidad de vida a través del emprendimiento productivo, y por eso muchas veces el instituto da créditos para que las familias puedan invertir en el campo”. En un comunicado, Afinco señaló que encuentra un retroceso en los artículos que refieren al INC, sobre todo por la eliminación de la obligatoriedad de trabajar directamente la tierra. El sindicato entiende que de aprobarse estas modificaciones se favorecería la apropiación de tierras por parte de grandes empresas y de quienes tengan alto poder adquisitivo. De esa forma, se dejaría a un lado los principios de fundación del INC, que apuntan a proteger a los pequeños productores y trabajadores rurales, según entienden.

El senador del Partido Nacional Sergio Botana argumentó en la comisión especial que dicho artículo del proyecto de LUC cambia los requisitos con los que deben cumplir quienes hayan recibido tierras de colonización antes de 1948: concretamente, la de un tiempo de permanencia en el terreno, la de completar el plan de inversiones aprobado por el instituto y “la necesidad de una clara justificación de la situación que de allí lo saca”. “Existe, también, un inciso por el que se atiende la situación de los casos de excepción, con clara determinación de la forma en que se puede acceder a este beneficio, consiguiendo el voto conforme de cuatro integrantes del directorio [del INC] cuando no mediaren las situaciones que están debidamente referidas, es decir, la permanencia por diez años, haber completado el plan de inversiones y tener una causa absolutamente justificada, así podrá permanecer con la tierra, trabajándose, pero viviendo en otro lugar”.

Alejandra Álvez y Romina Samas