“El Plan de Dignidad Carcelaria es una excelente estrategia de marketing del Ministerio del Interior, que carece de sustento y contenido político”, dijo a Sala de Redacción Denisse Legrand, coordinadora de la ONG Nada Crece a la Sombra. Por su parte, el Comisionado Parlamentario Penitenciario, Juan Miguel Petit, entiende que el Plan de Dignidad Carcelaria debería englobar aspectos generales y desarrollar “una estrategia nacional de reforma” carcelaria, más allá de los aspectos concretos, explicó a Sala de Redacción. Según el “Informe Anual: Situación del sistema carcelario y de medidas alternativas” de 2020, realizado por el comisionado, en el marco del plan se han realizado “acciones puntuales” como construcciones de camas, reparaciones, cierre de lugares en condiciones inadecuadas, creación de nuevas áreas agrícolas y productivas, además de “acuerdos institucionales con organismos públicos”.
En junio de 2020, el Ministerio del Interior (MI) lanzó el Plan de Dignidad Carcelaria, que propone concretar 12 puntos. En la presentación, las autoridades mostraron las condiciones edilicias de las cárceles al empezar su período y expresaron distintos problemas que observaron en las instituciones.
El impulsor fue Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del MI y asesor del ex ministro Jorge Larrañaga, y ahora de Luis Alberto Heber, en los asuntos referidos a las cárceles. Hace dos meses, en julio, en entrevista con La República, González afirmó que el Plan de Dignidad Carcelaria “es un antes y un después para el sistema penitenciario” porque se ha puesto el foco en el aprendizaje de oficios y el trabajo dentro de los establecimientos. Con el Estado inserto dentro de los centros penitenciarios se desarrolla un sistema ‘distinto y moderno’ y de esa forma se plantea ‘la posibilidad de bajar la tasa de reincidencia’”, manifestó. En esa entrevista González contó que el plan involucra a “todo el Estado” porque se han realizado convenios con intendencias y ministerios. Heber, por su parte, ha defendido en reiteradas declaraciones a la prensa el trabajo de su asesor en el marco de este proyecto y los resultados que ha tenido. Sala de Redacción intentó en reiteradas oportunidades comunicarse con autoridades del MI, sin tener éxito.
El plan tiene tres ejes. El primero es el edilicio, que incluye reparaciones, relocalizaciones y construcciones de cárceles, así como un nuevo sistema de vigilancia. Luego está el eje educativo y laboral en el que se prevén proyectos y programas de trabajo y rehabilitación, aumento de horas educativas y renovaciones de convenios. Por último, el eje de salud e inclusión abarca el trabajo con el Ministerio de Desarrollo Social y con la Dirección Nacional del Liberado (Dinali).
Los 12 puntos están en una placa difundida por el MI, pero no se encuentra un documento que los desarrolle. Legrand apuntó a esta falta de documentación y agregó que el plan “no fue presentado en ningún ámbito formal, no se involucró a otros actores, y lo más importante: no estuvo en la Ley de Presupuesto ni dentro de la Rendición de Cuentas”.
Visiones sobre el presupuesto
En materia presupuestal, Petit expresó que lo otorgado al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) ha sido “muy pobre” e hizo hincapié en que serán necesarios más recursos, sobre todo para cargos técnicos. Sin estos últimos y sin operadores penitenciarios “no hay rehabilitación” porque es a partir de ahí, de un trabajo socioeducativo del delito, que se baja la violencia y se evita la sobrepoblación. Por eso es necesario más inversión en ese rubro, manifestó.
Jaime Saavedra, ex director general de la Dinali, advirtió esa falta de presupuesto en el INR y en la Dinali: “no hay ningún incremento significativo de dinero, o sea que el Plan de Dignidad Carcelaria se tiene que hacer con los recursos ya existentes”, dijo. Aún así, tiene una opinión distinta a la que tiene el comisionado. Saavedra manifestó que en las cárceles “se gasta muchísima plata pero los resultados son pésimos”, entiende que el problema no recae en una falta de recursos sino en su mala distribución. En ese reparto, la Dinali cuenta con “un presupuesto y un número de funcionarios que son ridículos”, ya que, según informó, la institución cuenta con menos de una centena de funcionarios, de los más de 31 mil con los que cuenta el MI.
Para Saavedra, uno de los problemas del sistema penitenciario es que esté en manos del MI y de la Policía. Los funcionarios “no están preparados profesionalmente y no tienen la empatía necesaria para trabajar con la población que está privada de libertad”, expresó. Al mismo tiempo, cuestionó que esta forma de organización se lleve buena parte del presupuesto que, para él, habría que distribuir.
Incumplimiento
Dentro del eje de salud e inclusión del Plan de Dignidad Carcelaria se encuentra un punto que dice que “por primera vez en la historia” gracias a un acuerdo con la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y Nada Crece a la Sombra se realizarían “exámenes de papanicolaou a todas las mujeres privadas de libertad del Uruguay”. Ese acuerdo se firmó el 13 de julio de 2020. Sin embargo, el pasado 24 de agosto, la ONG fue notificada de que les queda prohibida la entrada a los centros penitenciarios.
La prohibición fue dispuesta hasta que el Consejo de Política Criminal y Penitenciaria elabore un protocolo para las organizaciones o para terceros que presenten proyectos a hacer en las cárceles. La notificación, que hizo pública Nada Crece a la Sombra, especifica que el impedimento se dará sobre las organizaciones que “no poseen convenios o acuerdos vigentes con el Ministerio del Interior o INR”.
El 6 de setiembre la ONG presentó un recurso de revocación de la resolución ante la Dirección del INR y divulgó el texto en el que se detallan los motivos. Allí se especifican dos convenios en ejecución con el MI -el de salud sexual y reproductiva y otro para hacer talleres educativos en cárceles- y se expresa que es un error tomar como dictamen las recomendaciones del Consejo de Política Criminal y Penitenciaria, porque tiene un rol asesor.
En el texto se informa que el convenio relativo a la salud sexual y reproductiva tenía vigencia hasta el 13 de setiembre y que, según lo acordado, quedaban 11 cárceles que aún no habían sido abordadas. Legrand manifestó que al incumplir ese convenio se vulneran sus derechos de las mujeres privadas de libertad. Además, expresó que la ONG ha sido sometida a una “persecución permanente” que ha intentado por distintas vías sacarla del sistema penitenciario.
Condiciones de vida
Según el informe anual de 2020 del Comisionado Parlamentario Penitenciario, en una lista de 122 países, Uruguay está entre los 12 con más presos cada 100.000 habitantes. En el texto eso se califica como “una señal de alarma” y se advierte que es un volumen que el sistema no puede sostener. Además, el texto expresa que “desde 2015 la inversión en cárceles ha bajado y la población penitenciaria ha crecido”.
En relación a la calidad de vida de las personas privadas de libertad, “2020 fue el peor año según las estadísticas”, expuso Legrand. Por su parte, Saavedra dijo que el estado edilicio, la alimentación, los niveles de seguridad y el vínculo con las familias, “son pésimos”. Las malas situaciones de vida se encuentran en todos los resultados y “no se corresponde en absoluto con la cantidad de plata que hay” opinó el ex director de la Dinali.
Según el informe, el sistema penitenciario en Uruguay “sigue siendo muy violento” y en las muertes en custodia se observó una tasa de homicidios y de suicidios de 137 cada 100.000 en ambos casos (17 homicidios y 17 suicidios en 2020). Según Petit, la violencia tiene un claro origen en las malas condiciones de vida porque en las cárceles en donde se presenta una mejor calidad -“más o menos un tercio” de ellas- se observa una baja en los niveles de violencia.
En lo que va de 2021, según informó Legrand, ya se han superado las muertes de todo el año pasado. Además, afirmó que ha habido un aumento de las muertes catalogadas como dudosas, “lo cual transmite mucha inseguridad” ya que se trata de un sistema de control total del Estado, dijo.
La coordinadora de Nada Crece a la Sombra concluyó que “es difícil pensar cuál es el impacto del supuesto Plan Dignidad y de la política carcelaria cuando la gente cada vez se muere más y cada vez hay menos oportunidad de rehabilitación”, las cuales bajaron de 27% a 11% según el comisionado.
