Sobre las 16:00 del jueves, integrantes de Memoria en Libertad, un colectivo que conforman personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado durante su infancia o adolescencia, hicieron una intervención frente a la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Allí hicieron sentir su preocupación sobre el proceder de la Justicia en las causas de crímenes de lesa humanidad.
A esa misma hora y en otra sede judicial de Montevideo declaraba el coronel retirado Eduardo Ferro, quien finalmente fue procesado por la jueza Silvia Urioste por la desaparición del militante sindical Oscar Tassino, en 1977. Ferro, que estaba prófugo desde 2017, fue enviado a la cárcel Domingo Arena, en donde cumplen condena otros ex militares por delitos de lesa humanidad. El ex coronel había estado en esa cárcel desde el 27 de marzo -cuando Urioste ordenó prisión preventiva- hasta el 15 de abril, cuando el Tribunal de Apelación en lo Penal de 2º Turno resolvió liberarlo hasta que la SCJ se expresara sobre los recursos de inconstitucionalidad que había interpuesto la defensa de Ferro contra la Ley 18.831.
La intervención de Memoria en Libertad esperaba el procesamiento de Ferro, pero también reclamaba y sigue reclamando por la resolución de muchas otras causas, a menos de un mes de una nueva Marcha del Silencio que, de manera virtual, volverá a decir “presente” y a exigir justicia.
Antes de que se conociera el procesamiento, Victoria Sequeira, integrante de Memoria en Libertad, criticó en diálogo con Sala de Redacción, la decisión del tribunal que había liberado a Ferro. “La protesta es porque él no tiene que estar en su casa, no tiene que estar cobrando su jubilación, no tiene que estar cómodo esperando un juicio por crímenes de lesa humanidad”, expresó, y calificó las medidas dispuestas por el tribunal como “de un cuento de terror”.
La defensa de Ferro había elevado un recurso de inconstitucionalidad de la ley 18.831 que restableció la pretensión punitiva del Estado sobre los delitos cometidos durante la dictadura cívico-militar en Uruguay. El abogado constitucionalista José Korzeniak explicó a Sala de Redacción que “hay una obligación del juez que recibe eso, independientemente de lo que opine, a llevarlo a la Suprema Corte de Justicia” y opinó que de esta forma “dilatan los procedimientos”.
Se denomina ley de restablecimiento de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1° de marzo de 1985, y también es conocida como “ley interpretativa”. Anula los efectos de la ley de caducidad, aprobada en 1989, de manera que los delitos cometidos en dictadura no prescriban al ser catalogados como de lesa humanidad.
Esta ley se aprobó en 2011, por iniciativa del Frente Amplio, y elimina la potestad del Poder Ejecutivo de decidir “si el hecho investigado lo considera comprendido o no en el artículo 1” de la ley de caducidad y la necesidad del juez de remitir “testimonios de las denuncias presentadas” que refieran a “actuaciones relativas a personas presuntamente detenidas en operaciones militares o policiales y desaparecidas así como de menores presuntamente secuestrados en similares condiciones”.
¿Por qué el colectivo se reunió en la sede de la SCJ y no en el juzgado en donde estaba declarando Ferro? “Al público al que nos tenemos que enfocar, al que tenemos que decirle cosas, es a estos jueces que son personas y nos ven haciendo lo que hacemos y son los que terminan decidiendo el futuro de estos señores”, respondió Sequeira.
Los manifestantes escribieron en el suelo del Pasaje de los Derechos Humanos de la Plaza Cagancha mensajes orientados hacia la puerta del edificio de la SCJ con consignas como: “Cnel (r). Ferro ¡Culpable!”, “asesino”, “torturador” y “secuestrador”. En el centro de la pintada apareció la palabra “justicia” y sobre la derecha los nombres Oscar Tassino, Universindo Rodríguez, Lilián Celiberti y el de sus hijos Camilo y Francesca. Todos ellos fueron víctimas de crímenes en los que Ferro fue partícipe o protagonista.
Aquellos niños
Camilo y Francesca Casariego forman parte de Memoria en Libertad. En 1978, cuando apenas tenían siete y tres años, fueron secuestrados durante dos semanas en Porto Alegre, en el marco de una operación coordinada entre los regímenes militares uruguayo y brasileño.
Junto al mensaje escrito, había alfombras y objetos que cargan con un valor simbólico. En conversación con Sala de Redacción, Francesca Casariego relató que ella y su hermano fueron “envueltos en alfombras para ser trasladados de un lugar a otro”.
Asimismo, resaltó el rol de Celiberti para que el desenlace no fuera otro: “si mi madre no genera todo lo que generó muy hábilmente para que sus compañeros se dieran cuenta y llegara la prensa, ella estaría muerta”. Cree que si eso hubiera ocurrido, ella misma hubiese sido “regalada”. “Podría no llamarme Francesca”, reflexionó.
En la misma línea, comentó cómo fue enfrentarse a ese pasado: “me di cuenta de que aunque todo eso no lo recuerde, lo tengo vivencialmente”, dijo, y agregó “cuando fui madre, fue el momento que necesité volver y trabajar sobre eso, construir mi historia”. Además de las consecuencias psicológicas, el secuestro perjudicó su salud, “quedé muda más de una vez al poco tiempo del secuestro, y aún genero pólipos en las cuerdas vocales”, puntualizó.
Casariego subrayó que uno de los objetivos del colectivo Memoria en Libertad es “poner el lugar de los niños en la narrativa sobre el pasado reciente de nuestro país”. “Entendemos que solemos estar ausentes”, expresó.
