Las ideas planteadas dentro del artículo N°88 de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que determinan la creación de un Consejo de Política Criminal y Penitenciaria, fueron impulsadas por el Partido Nacional y encabezadas por Álvaro Garcé, director de la Secretaría de Inteligencia del Estado desde la asunción del presidente Luis Lacalle Pou.
Con tres integrantes del Ministerio del Interior, uno del Ministerio de Educación y Cultura, uno de Fiscalía General de la Nación y uno del Poder Judicial, el Consejo tendrá como objetivo la planificación, monitoreo y evaluación de la política criminal y penitenciaria a nivel nacional.
Sala de Redacción estuvo en comunicación con Garcé, quien reconoció que la iniciativa fue promovida por él “en base al buen desempeño de este tipo de instrumentos en otros países”. Agregó que en Uruguay no existen antecedentes de esta propuesta: “mi idea surgió en los tiempos de mi función como Comisionado Parlamentario”.
Según Garcé, en otros países la existencia de instrumentos similares ha tenido muy buenos resultados, “un ejemplo destacable es el de Colombia, cuya legislación es la fuente de inspiración de las normas proyectadas en la LUC, con las variaciones necesarias para armonizar con la legislación nacional”, destacó.
Consultado sobre el futuro Consejo, el doctor en ciencia política Diego Sanjurjo cree que “nunca hubo un plan con estas características, elaborado dentro de un Consejo que fuera propuesto por los ministerios, la Fiscalía y el Poder Judicial”. Según el politólogo, la idea es tener un plan nacional con metas a mediano y largo plazo “que pueda seguir no solo este gobierno, sino también los siguientes”. “Es absolutamente clave porque permite trabajar con metas y objetivos e ir cumpliéndolos de manera gradual, así como tenemos un Plan Nacional de Turismo, un Plan de Desarrollo, es clave que en la LUC también esté incluido un Plan Nacional para el Instituto Nacional de Rehabilitación”, enunció Sanjurjo. En la misma línea dijo que “siempre es positivo tener medios por escrito para saber exactamente qué es lo que hay que hacer y con qué hay que cumplir, pero no siempre se traducen en una mejora de la situación criminal en este caso”.
Sanjurjo expresó que “un ejemplo que pudo haber sido muy positivo es el que está sucediendo ahora en Brasil”. En el período de Michel Temer se elaboró el Plan Nacional de Seguridad Pública con un proceso de similares características en cuanto a la sincronización en las pautas, con varios ministerios trabajando juntos, “del que se dice que ha sido un Plan fundamental teniendo en cuenta el descenso notorio que ha habido desde 2018 a la fecha en materia de seguridad, donde los homicidios bajaron un 20%”.
Para Sanjurjo, este tipo de propuestas permiten una mejor sincronización y tener objetivos, además de evaluar lo que se ha conseguido y lo que se ha hecho; “no hay manera de que ésto no aporte de forma productiva”, concluyó.
