En el departamento de Colonia, las víctimas directas del terrorismo de Estado fueron muchas. Entre ellas se cuentan cinco muertes en reclusión y cuatro personas que continúan desaparecidas, además de decenas de personas encarceladas y torturadas y cientos de exiliados. 

Recuerdos, fotografías y conversaciones. Eso es lo que queda en quienes conocieron a hombres y mujeres como Aldo Perrini, Julio Escudero o Nibia Sabalsagaray, oriundos del departamento y víctimas que se llevó el terrorismo de Estado. Sus vidas se vieron truncadas luego de que fueron secuestrados en violentos ataques. 

Nibia Sabalsagaray

Fue detenida poco tiempo después de recibirse como profesora. El 29 de junio de 1974 a la 1.30 de la madrugada, un grupo de hombres uniformados y armados entró al Hogar de hijos de obreros de Campomar, ubicado en la calle Eduardo Acevedo de Montevideo. Tenían el objetivo de secuestrar a la docente y militante del Partido Comunista del Uruguay (PCU). La recluyeron en el Batallón de Ingenieros y Servicio de Transmisiones Nº 5. Ese mismo día Nibia fue asesinada por asfixia, uno de tantos métodos de tortura utilizado por los militares.

Los represores le comunicaron a la familia de la joven que ella se había suicidado y prohibieron abrir el cajón. Sin embargo, conocidos y amigos de Nibia -entre ellos un joven Marcos Carámbula, médico y ex senador por el Frente Amplio (FA)-, ignoraron la orden de los militares, abrieron el cajón y descubrieron las marcas de la tortura en su cuerpo.

Rodolfo Raddy Leizagoyen, periodista y docente de Nueva Helvecia, dijo a Sala de Redacción que lo que le pasó a Nibia fue conmovedor, pero que “tampoco fue el sacudón que debería haber sido para la población”. “Salvo para la gente muy vinculada a la política o a la familia de la joven, pasaron casi inadvertidas las tremendas consecuencias de ese crimen”, destacó. Al respecto, agregó que “cuando uno empieza a tener todos los testimonios de lo que era Nibia, la dulzura que tenía, su paz”, concluye que “era absolutamente impensable que fuera a ser una enemiga peligrosa para el régimen”. 

En relación con el silencio frente a la muerte de Nibia, Leizagoyen recordó el miedo que había en aquel momento. “Era difícil participar de su sepelio, sabíamos que había cámaras, gente registrando a los que asistían, que después quedaban marcados”, apuntó. Por otro lado, mencionó que también había personas que mostraron indiferencia frente a lo sucedido, que creían que se trataba de un hecho vinculado a sus actividades políticas.  

Escultura en memoria de Nibia Sabalsagaray en Nueva Helvecia.

Leizagoyen relató que con el tiempo “se empezó a tomar conciencia” de lo que había pasado y es así que en Nueva Helvecia, “con todo su conservadurismo”, se logró que una calle de la ciudad lleve el nombre de Nibia Sabalsagaray y que haya una escultura en su memoria. Además, el comité frenteamplista de la ciudad la homenajeó al autodenominarse con el nombre de la joven.

La actual secretaria suplente de Organización de dicho comité, Martha Balzarini, la recuerda como “muy conversadora, con una parte oratoria impresionante”. Cuando ella llegaba de Montevideo, muchas veces Balzarini estaba en la casa y al recibirla le “llenaban los cocos”. Asegura también que era “divino” cuando les explicaba cosas y que, “claramente”, ella ya contaba “con esa vocación docente”.

Julio Escudero

También oriundo de Nueva Helvecia, era militante bancario y del PCU. Según un documento de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de Presidencia de la República, Julio estaba en la clandestinidad desde el 8 de marzo de 1976 por haber sido requerido. Tres días después, su casa fue allanada por integrantes del Cuerpo de Fusileros Navales (Fusna), quienes, al no dar con él, interrogaron a su esposa y “dejaron una guardia permanente de cuatro personas por seis días”. 

Sin embargo, a diferencia de Nibia, no se puede afirmar que murió. Según el informe de la Comisión para la Paz de 2003, fue sometido a torturas que terminaron en su muerte, aunque no se puede determinar la fecha exacta en que ello sucedió. El informe ubica su muerte entre el 30 de octubre y el 5 de noviembre de 1976. Por lo tanto, Julio sigue estando desaparecido.

Este mismo documento relata que Julio se comunicaba con su familia diariamente para saber cómo estaba de salud su esposa, que padecía una enfermedad crónica, y también para saber de su hija de tres años de edad. El último día que las llamó fue el 26 de junio de 1976 a las 16.00 y prometió volver a hacerlo a las 20.00, pero fue detenido y recluido en el Centro Clandestino de Detención 300 Carlos.

Leizagoyen informó que desde el comité del FA se está “luchando” para que una calle de Nueva Helvecia pueda llevar el nombre de Escudero, al igual que ocurrió con Sabalsagaray. Sin embargo, este caso “es más difìcil”, porque “hay una ley que determina que se necesitan una cierta cantidad de años después de fallecida la persona para que se le pueda dar su nombre a la calle”. Como Escudero no está oficialmente fallecido, “eso complica la parte legal de la designación de una calle”, explicó Leizagoyen. Por su parte, Balzarini adelantó que se volverá a enviar el proyecto para nombrar la calle en homenaje a Julio, ya que se encontró un antecedente de una calle a la que se puso el nombre de una persona no fallecida.

Aldo Chiquito Perrini

En Carmelo se recuerda al heladero Aldo Chiquito Perrini. Un busto en su honor se encuentra en la Plaza Independencia, frente a la heladería en la que trabajaba. En 2015 se le dio su nombre a una calle y se colocó una placa en el Batallón de Infantería N° 4 de Colonia del Sacramento, lugar donde fue recluido y posteriormente asesinado. En el cuartel, Chiquito ya se encontraba inconsciente y con pérdida de memoria y falleció en el lugar a causa de las golpizas recibidas.  

Placa en el Batallón de Infantería N° 4 de Colonia del Sacramento, donde Aldo Perrini fue asesinado.

Fue detenido en la madrugada del 26 de febrero de 1974 y asesinado menos de una semana después, el 3 de marzo. Su detención estuvo dentro de una operación represiva que se desplegó sobre decenas de jóvenes carmelitanos. La mayoría de ellos tenían entre 18 y 22 años. Sin embargo, Chiquito tenía 34 años y nunca había estado en un comité de base ni participado de ningún sindicato.

“Yo me enteré de la verdad cuando salimos de la dictadura, en 1985. Estaba en quinto de liceo y veía banderas en Carmelo que decían algo de Chiquito Perrini y no entendía nada. Entonces, mi madre se enteró y nos juntó -ahí yo tenía 17 años- a los tres hermanos y nos contó la verdad, lo que había pasado”, relató a Sala de Redacción su hijo Dino. 

Además, mencionó que su madre, Susana Santamaría, al enterarse de la muerte de Chiquito le dijo a sus hijos que lo habían metido preso para interrogarlo y que cuando iba en el viaje de vuelta a su casa falleció de un ataque al corazón por la emoción que le generaba volver a ver a su familia. 

Con respecto a la razón de la detención de Chiquito, Dino, que en ese entonces tenía seis años, cree que el “mayor error” que cometió su padre fue decir en aquella época que era del FA. “Papá no iba nunca a un club político. Cuando vinieron [los militares] y apretaron a determinadas personas, hablaron, y a papá lo buchonearon como a muchos otros”, contó.

Mientras Chiquito y sus compañeros de encierro eran torturados en el Batallón de Infantería N° 4, desde afuera “no se escuchaba ni se veía nada”, recordó María Chola Acosta, vecina del cuartel durante la dictadura. Su hijo, Marcelo Alberro, agregó que lo único que llamaba la atención era que “veía entrar y salir a los bomberos, pero no sabía qué era”. “Después me enteré de que ahí llevaban a los presos”, relató. 

Batallón de Infantería N° 4 de Colonia del Sacramento, centro de detención y torturas durante la última dictadura.

Dino considera que el camino a la justicia se debió a “una casualidad, un milagro”: el hallazgo del expediente de su padre. Allí figuraban los nombres de los militares que habían estado presentes y que luego la Justicia procesó por el homicidio político de Chiquito: José Tomás Puigvert y Pedro Ramón Barneix, quien se suicidó al enterarse de su procesamiento. “Era algo que en la familia no se hablaba. Pensábamos que las personas que habían matado a mi viejo ya ni existían, ¿entendés? Entonces, ni lo hablábamos tampoco”, concluyó. 

Los barcos chinos

En la mayoría de los casos, las experiencias descritas por las personas que vivieron en el departamento de Colonia durante los años de dictadura hablan de la falta de información sobre lo que estaba ocurriendo. 

Entre 1976 y 1979, en las costas de distintas partes de Colonia se hallaron restos humanos pertenecientes a 11 personas. Sin embargo, solo se preservaron ocho cuerpos, que permitieron identificar a los argentinos Raúl Orlando Montenegro, Raúl Antonio Niño y Horacio Adolfo Abeledo. Los cuerpos restantes fueron designados como detenidos desaparecidos sin ser identificados. Fueron víctimas de los operativos genocidas conocidos como “vuelos de la muerte”, exceptuando uno de los casos, que posee características distintas y no ha sido esclarecido.

“Algo que se dio acá y que la gente no tenía muy claro qué era fue la aparición de un montón de cadáveres en las costas de Colonia, que seguramente eran de los vuelos de la muerte”, declaró Gustavo Delfino, docente coloniense de Historia. Además, agregó que “le echaban la culpa a unos chinos que se habían peleado en un barco. Eso te lo decían y vos te lo creías.” 

Al ser consultado sobre esta credulidad del pueblo frente a las declaraciones de los medios sobre “los barcos chinos”, el vecino del Batallón de Infantería N°4, Marcelo Alberro, dijo que para él “resultaba más fácil negar la realidad que saberla, entonces, pasaba como que eran chinos que los tiraban de los barcos”. 

Ocho escuelas sin maestros
ocho herramientas que aguardan
y hay ocho pañuelos blancos
y ocho madres en la plaza.
Ocho madres en la plaza.
Ocho huecos en la tierra
ocho pozos en el alma
en Colonia los cipreses
ni se olvidan ni se callan.

Larbanois & Carrero – Canción sin nombr

Reflexionar sobre el silencio

Mariana Achugar, docente grado 5 de la Facultad de Información y Comunicación y especialista en derechos humanos, explicó a Sala de Redacción que el silencio del Estado y también de la memoria colectiva han hecho que ciertos actores sociales y experiencias quedaran fuera del relato oficial y eso ha permitido mantener un relato sobre el paso de la dictadura como una “guerra interna”. 

Según Achugar, los discursos que “buscan justificar el terrorismo de Estado silencian y omiten las violencias desplegadas contra ciudadanos de todas las edades y que no estaban necesariamente involucrados en actividades políticas”.

De esta manera, vincula estos aspectos con la consigna del silencio en la marcha que todos los años se realiza el 20 de mayo, que funciona como “una forma de moverse en un campo desigual”. Indicó que se trata de silencios que coexisten, pero que no significan lo mismo: se trata de un silencio que pide justicia, en oposición al de los que pueden hablar, pero deciden callar.

Amelia Spuntone, Yamila Silva, Rodrigo Travieso

FacebookTwitter