Uno de los mayores miedos de las mujeres que se encuentran encarceladas es no conseguir un empleo al terminar sus penas; es algo que se relaciona con no poder ver a sus hijos, muchas de ellas fueron apartadas por no contar con un hogar o los medios económicos para sustentarlos. La falta de empleo fue una constante entre las dificultades que reconocen al salir de prisión las 75 mujeres entrevistadas para el estudio “Diagnóstico sobre la situación actual, las principales problemáticas y necesidades de las mujeres privadas de libertad en el Uruguay”, a cargo de la Consultora Nómade y la organización civil Vida y Educación en el marco del proyecto Crisálidas, financiado por la Unión Europea y cofinanciado y ejecutado por la Universidad Claeh.
La cocoordinadora de Crisálidas, Andrea Hernández, indicó a Sala de Redacción que “no ha sido fácil llegar a un estudio de estas características, con el rigor y la profundidad con la que lo hemos hecho”, y aseguró que debieron apelar a la sociedad civil y las instituciones para recoger todas las miradas e inquietudes. Fue así que lograron una “foto” de la situación de las mujeres privadas de libertad “lo más amplia y certera posible, pero además construida desde sus propias voces”, afirmó.
Son más de mil las mujeres que están privadas de libertad en Uruguay, y cerca de 700 cumplen prisión domiciliaria o medidas similares. Entre las cifras obtenidas en el trabajo se destaca que el 51% fueron encarceladas por delitos vinculados al tráfico de drogas, en tanto el 20% están presas por rapiña y un 7% por homicidio. Hernández señaló durante la presentación del diagnóstico que la finalidad del proceso de investigación implica “conocer la realidad para aceptarla y trabajar más acertadamente sobre ella”.
La cocoordinadora relató que es un estudio inédito que permite al proyecto Crisálidas acercarse a esta realidad y realizar acciones, como talleres socioeducativos y sociolaborales junto a El Abrojo, con el fin de facilitar la reinserción en el mercado de trabajo. A su vez, aseguró que las mujeres privadas de libertad son un colectivo que permanece en muchos casos invisibilizado. “La sociedad debe ser consciente, recogerlas y apoyarlas en esa reinserción, formar parte y facilitar segundas oportunidades”, apuntó la entrevistada, una sensibilización que se fometa a través de campañas y la incidencia en medios.
En referencia a la educación, el nivel máximo alcanzado por la población de mujeres privadas de libertad está por debajo del promedio del país. El 36% de ellas solo cursaron Primaria; el 74,7% no completaron el primer ciclo de la enseñanza media y el 94,7% no acreditaron el segundo ciclo; la educación terciaria o universitaria es prácticamente inexistente. Las causales de desvinculación mencionadas fueron el desinterés o la desinformación, los hijos o cónyuge, las actividades de cuidados en el hogar, el trabajo y el consumo de sustancias psicoactivas.
“También buscamos resultados a nivel de la política a través de la recopilación de programas, buenas prácticas y experiencias exitosas en otros países, e intercambiando conocimiento y diálogos con sus instituciones”, dijo Hernández, y comentó que se busca incidir de manera propositiva a la política penitenciaria, además de contribuir a mejorar sus capacidades. “Uno de los resultados más significativos que queremos lograr es sensibilizar a las empresas privadas para que apoyen en la necesaria reinserción laboral de estas mujeres. Trabajaremos de la mano de un grupo de mujeres que una vez liberadas deben enfrentarse a recuperar sus vidas”, expuso.
Este informe recoge evidencia directa obtenida entre los meses de setiembre y octubre de 2022 a través de tres técnicas de abordaje: muestra, entrevistas en profundidad y grupos focales. Las entrevistas fueron autorizadas por las autoridades competentes del Instituto Nacional de Rehabilitación y realizadas bajo resguardos éticos y legales que preservan el anonimato.
Se trabajó exclusivamente con el subconjunto de las mujeres privadas de libertad que se encuentran en esta condición y es eventualmente representativo de las que se encuentran condenadas sin prisión, con medidas cautelares o en prisión domiciliaria. El estudio abarcó tres territorios distintos: unidades penitenciarias de Montevideo, de Salto y de Rivera, e incluye los diferentes tramos etarios, a nacionales y extranjeras, a afrodescendientes, mujeres trans y algunas con discapacidades leves.
El diagnóstico es una herramienta para las instituciones y las organizaciones sociales que permite conocer de mejor manera dónde se debe poner el acento de las mejoras en distintos aspectos de la vida de mujeres privadas de libertad: “en su salud mental y emocional, en sus capacidades, en sus expectativas, en potenciar sus fortalezas”, explicó Hernández. Agregó que contribuye a reconducir el proyecto y enfocarse mejor en una realidad que ahora “conocemos mejor, por lo que es un insumo clave para nuestro trabajo”. Antes de que finalice el proyecto, en el año 2024 llevarán a cabo un nuevo estudio teniendo en cuenta las mismas variables, lo que les permitirá saber si se han producido ciertos cambios fruto del trabajo, así como el de actores institucionales, sociales y académicos.
