La Comisión de Legislación y Constitución de la Cámara de Senadores comenzó a discutir, el martes 6 de abril, el proyecto de ley “Tenencia compartida responsable”, elaborado por tres senadores de Cabildo Abierto (CA), y el de “Corresponsabilidad en la crianza”, redactado por tres senadores del Partido Nacional (PN). Ambos proyectos se habían presentado en octubre de 2020, cuando se había llegado al acuerdo de trabajarlos en forma comparativa.
La presentación de los textos había generado críticas de varias organizaciones preocupadas por los derechos de niños, niñas y adolescentes. Las discusiones se reanudaron ahora, cuando distintos grupos enviaron notas a la Comisión planteando sus inquietudes y solicitando audiencias.
Modificaciones
El proyecto presentado por las senadoras nacionalistas Carmen Asiaín y Graciela Bianchi y el ex senador Sergio Abreu se basa, como su nombre lo indica, en introducir al Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA) el concepto de corresponsabilidad en la crianza. Para que esta noción se cumpla, el padre y la madre deben tener “obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo de niños y adolescentes”, establece el proyecto. A su vez, explica sus principales motivos para imponer esta noción: por un lado, el objetivo de un involucramiento equitativo de ambos padres en los derechos y deberes de la crianza y, por el otro, evitar que la “condición de madre redunde en una distinción, exclusión, restricción, desplazamiento o postergación en sus derechos laborales, profesionales, culturales o sociales”.
Para aplicar este principio, la iniciativa propone cambiar el artículo 34 del CNA, cuyo primer inciso expresa que “cuando los padres estén separados, se determinará de común acuerdo cómo se ejercerá la tenencia”. Agrega que la corresponsabilidad en la crianza debe permanecer en todo momento, mientras que se acordará la guarda material, tenencia o custodia del menor.
Esta es una de las principales diferencias con el proyecto de los senadores cabildantes Guillermo Domenech, Raúl Lozano y Guido Manini Ríos. Esta iniciativa propone modificar el artículo 34 para que diga que luego de la separación “la tenencia será siempre compartida, tratando en la medida de lo posible que el niño/a pase la misma cantidad de tiempo con ambos padres”.
Otra de las cuestiones en que difieren ambos proyectos recae en las recomendaciones que debe seguir el juez ante un conflicto entre las partes. En esta sección, los senadores del PN plantean que el juez debe fijar como primera opción el “cuidado compartido o la tenencia alternada del menor” salvo alguna imposibilidad o perjuicio para el menor y establece que, para eso, deberá otorgar “las medidas necesarias para el pronto y efectivo cumplimiento” de ese régimen. También agrega que “la mera denuncia presentada contra uno de los padres no suspenderá el régimen de tenencia alternada y su ejercicio, hasta tanto no exista una sentencia firme de condena en contra del denunciado por parte del Tribunal competente”. En caso de que se concreten medidas cautelares, “deberán estas respetar el derecho del denunciado a las visitas, en las modalidades que garanticen el interés superior del menor”.
La iniciativa de los senadores de CA propone que en caso de existir denuncias o derechos vulnerados “se dispondrá la realización de pericias psiquiátricas y psicológicas a ambos padres para evaluar cuál de los dos se halla en mejores condiciones para ejercer la tenencia”.
Cambios peligrosos
Luego de presentados los proyectos, las críticas de varias organizaciones se hicieron sentir. La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) se pronunció en desacuerdo con la presentación de los proyectos de ley y declaró que son propuestas “regresivas” y que “debilitan la protección de los niños”, según informó La Diaria.
El Comité de los Derechos del Niño, la Asociación Nacional de Organizaciones no Gubernamentales, la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, la Red Pro Cuidados, el Comité Latinoamericano para la Defensa de los Derechos de la Mujer y la Intersocial Feminista lanzaron un comunicado para manifestar su “profunda preocupación”. Observaron que los temas propuestos en los proyectos ya están previstos en la legislación actual y que no existen “análisis, estudios o investigaciones que den cuenta de resoluciones sesgadas o de aplicación inadecuada de la normativa garantista vigente”. Advierten que en el caso de que las iniciativas sean aprobadas “el Estado Uruguayo, no garantizará la protección integral de niñas, niños y adolescentes en su entorno familiar, especialmente ante posibles situaciones de violencias y abuso”.
En conversación con Sala de Redacción, Andrea Tuana, directora de la ONG El Paso, declaró que “son proyectos que no ponen a los niños y niñas en el centro de la ecuación, sino que pretenden solucionar las disputas entre personas adultas”. También los considera “regresivos” y que no tienen en cuenta las particularidades de cada caso. Tuana cree que no es necesaria la promoción de la corresponsabilidad en la crianza que plantean los senadores del PN, porque es algo que ya existe y que actualmente el acuerdo se prioriza en la mayoría de los casos, algo que para ella no se debe pasar por alto. Aclaró, a su vez, que quienes están en contra de los proyectos no niegan la tenencia compartida: “nos oponemos a que sea impuesta, obligatoria y sin tener en cuenta las circunstancias de cada niño o niña”, declaró.
La abogada Ivana Manzolido había explicado a Brecha que estipular la tenencia compartida como base para todos los casos implicaría un riesgo de que niños, niñas y adolescentes queden en manos de una persona violenta. Tuana, agregó que si se aprueban estos proyectos “en muchos casos de violencia que no se puedan comprobar, los niños van a estar sometidos a sus abusadores, a padres o madres violentos, y ahí se van a configurar verdaderas situaciones de torturas”. Lo mismo sucedería en caso de que un miembro de la pareja violente al otro y sea difícil la concreción de pruebas y que “los gurises van a terminar viviendo en manos de un agresor”, planteó.
Antecedentes y discrepancias
En 2016 se había tratado un proyecto sobre este tema, que había presentado el actual presidente de la República, Luis Lacalle Pou, pero que no llegó a aprobarse. El texto era iniciativa de la organización Todo por Nuestros Hijos, que mayoritariamente está integrada por padres varones, y dedica sus esfuerzos a lograr la obligatoriedad de la custodia compartida.
Los textos que ahora se discuten toman como base el proyecto propuesto hace cinco años, con algunas modificaciones. Aun así, uno de los abogados de Todo por Nuestros Hijos, Carlos Freira, declaró a Sala de Redacción que no fueron consultados acerca de las nuevas modificaciones y que no están de acuerdo con los cambios introducidos en ambos proyectos. “Entendemos que le quitan la esencia y que no va a dar los resultados que se buscaron cuando se preparó”, dijo.
La organización Todo por Nuestros Hijos está de acuerdo con que la tenencia sea siempre compartida como lo plantean los senadores de CA. Pero, no concuerdan con que, ante una situación de conflicto, sea un juez de Familia el que decida la tenencia. Para ellos, esto no cambiaría la situación actual o incluso la empeoraría ya que en la práctica observan que “los jueces, en la mayoría de los casos, entienden que los padres no están aptos para criar a sus hijos y dan la custodia exclusiva a las mujeres, discriminándolas”, reclamó Freira. Agregó que ese proyecto “no tiene nada de custodia compartida obligatoria” -objetivo de su organización-, y opinó que presenta un “contrasentido” en su primer artículo.
Por otra parte, Freira considera que el proyecto de los senadores del PN “agrega obviedades y lo único que hace es marear”. Señaló, además que la introducción de una nueva categoría jurídica, como lo es la corresponsabilidad, y hará que en la práctica se desarrolle un problema de interpretación.
