El directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) resolvió por unanimidad este jueves intimar al senador del Partido Nacional (PN) Juan Sartori a que presente la declaración jurada de bienes e ingresos correspondiente a su esposa, la ciudadana rusa Yekaterina Rybolóvleva, dentro de un plazo de 15 días. Así lo confirmó a Sala de Redacción la directora de la Jutep en representación del Frente Amplio (FA), Ana Ferraris.

La decisión de la Jutep ocurre tan sólo una semana después de que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) fallara a su favor, por tres votos sobre dos, luego de una moción de inconstitucionalidad presentada por Sartori. Aún así, el senador anunció el sábado en su cuenta de X (ex Twitter) que desconocerá el fallo de la SCJ. Además, acusó la existencia de un “circo político” que “crece cuando se acercan las elecciones” y tildó de “arcaico que en pleno siglo XXI se considere constitucional que el marido tenga que obligar a la mujer a hacer algo en contra de su voluntad”.

En la declaración jurada que realizó Sartori cuando asumió su banca, a pesar de atestiguar encontrarse casado con Rybolóvleva, no completó el apartado de bienes e ingresos de su esposa. La Jutep solicita dicha información a todos los funcionarios públicos amparada en los literales A y B del artículo 12 de la ley 17.060, también llamada Ley Cristal. Estos literales establecen la obligatoriedad de proporcionar información “precisa y circunstanciada” de los “bienes muebles e inmuebles” así como “la nómina de  empresas, sociedades nacionales o extranjeras con o sin personería jurídica” que posean la persona declarante así como su cónyuge, concubino o concubina.

Según detalla la resolución emitida por la SCJ, Sartori impulsó la acción de inconstitucionalidad de la Ley Cristal bajo el entendido de que no dispone de “medio jurídico alguno” para cumplir efectivamente con lo impuesto por la ley. De acuerdo con el documento, Sartori argumentó ante la SCJ que él y Rybolóvleva cuentan con separación de bienes y “ella no está dispuesta a brindar esa información”.

Asimismo, el senador consideró que la obligatoriedad de los literales A y B “violan el derecho a la privacidad” de su esposa, e infringen el artículo 72 de la Constitución de la República, que establece que “la enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución, no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno”.

En diálogo con Sala de Redacción, Ferraris explicó que la Ley Cristal resulta esencial para la “prevención frente a la corrupción”, por lo que se mostró satisfecha con el fallo de la SCJ, que calificó como “importante para la democracia”. Con respecto a las objeciones presentadas por Sartori, Ferraris remitió al fallo de la SCJ. De esta forma, la directora explicó que el derecho a la privacidad “admite limitaciones” que se hallan establecidas por “razones de interés general”, entre las que se encuentra “el combate contra la corrupción”.

También se mostró en desacuerdo con los argumentos utilizados por Sartori acerca de la imposibilidad de presentar la información por haber acordado la separación de bienes con su esposa. Así, Ferraris explicó que, de seguir la lógica expuesta por el senador nacionalista, “se cae todo el sistema”, ya que daría lugar a una “situación de inequidad” con respecto a la aplicación en sujetos que se encuentran en la misma condición. “Si yo sé que no puedo dar cumplimiento con una obligación legal, me dedico a otra cosa”, matizó.

Por ello, tampoco compartió las opiniones vertidas por otros senadores de la coalición, entre los que se encuentran los nacionalistas Sergio Botana y Rodrigo Blás, así como el cabildante Guillermo Domenech. Según recogía El País, los legisladores habrían objetado a una situación jurídica que, a su entender, no depende de Sartori. Para Ferraris, las obligatoriedades de la ley componen las “reglas del juego”, por lo que al optar de manera voluntaria por un cargo político, “está implícito que hay que cumplir con esa obligación legal”. 

Además, la representante del FA en la Jutep recordó que la ley, promulgada en 1998, fue votada de forma unánime por parte de los partidos políticos, y comentó que permite a la población “ejercer un control en términos patrimoniales”, algo que “está demostrando ser muy eficaz”.

De no cumplir con sus requerimientos, según establece la Ley Cristal, podría retenerse la mitad del salario percibido por el senador nacionalista, además de aplicarle una multa de 50 Unidades Reajustables y establecer la imposibilidad de acceder a cargos de función pública “hasta tanto no presente la declaración omitida”.

La directora de la Jutep por el FA recalcó que el senador no sólo debe presentar la declaración jurada correspondiente al patrimonio de su esposa, sino también “declarar ingresos que no ha declarado y aportar información de empresas que no incluyó en la declaración”. 

Así, Ferraris destacó la existencia de tres empresas no declaradas de las que Sartori posee “la mayor parte, cuando no el 100%, del capital accionario”. Según explicó, estas empresas fueron descubiertas por una investigación iniciada por Búsqueda y que ella luego continuó, basada en información disponibilizada por organismos oficiales de otros países, según explicó. 

Sin embargo, Ferraris explicó que si bien le propuso al Directorio de la Jutep que la intimación obligara a Sartori a presentar los balances de las empresas que tiene en propiedad y a declarar aquellas que no había declarado, el Directorio rechazó la moción que, de ser contemplada, deberá ser discutida nuevamente en una próxima sesión del organismo.

Omiso y destituible 

Por su parte, la Vertiente Artiguista (VA), sector perteneciente al FA, analiza proponer ante la bancada del partido la posibilidad de presentar una moción de destitución de Sartori de la Cámara de Senadores. Así lo explicó a SdR Eduardo Brenta, senador suplente de VA, quien calificó el no reconocimiento de la sentencia por parte de Sartori como “un hecho gravísimo”. 

La acción que pretende impulsar VA se ampara en el artículo 115 de la Constitución de la República, que establece que “cada cámara puede corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo en el ejercicio de las mismas, por dos tercios de votos del total de sus componentes”. Así, de contar con la aprobación de 20 senadores, se podría suspender o destituir a Sartori de sus funciones como legislador.

Más allá de las decisiones que pueda tomar el FA, Brenta instó a otros partidos a participar de la discusión. En particular, exhortó a la Comisión de Ética del PN a tomar cartas en el asunto, bajo el entendido que Sartori pertenece a dicha agrupación y corresponde “dar una señal pública sobre esto”, al igual que lo hicieron con Gustavo Penadés, “salvando las diferencias del caso”, aclaró.

Según recogió Telemundo, el senador nacionalista Jorge Gandini declaró este miércoles que “las formas de obligar a cumplir [la ley] y las sanciones eventuales” dependen de la Jutep, y no de su partido. “El Partido Nacional no tiene por qué hacer nada: es el senador en relación con los órganos de contralor”, manifestó.

Aún así, el senador del PN afirmó que “mientras [las leyes] están aprobadas, hay que cumplirlas”, si bien reconoció que “es muy difícil exigir que una persona cumpla lo que no quiere cumplir si no está obligado a hacerlo”, como es el caso con Rybolóvleva.

Agustín Büchner y Joaquín Ludzcanoff

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