La articulación nacional “No a la Reforma” viene trabajando desde el año pasado para contrarrestar el plebiscito “Vivir sin miedo”, impulsado por el precandidato nacionalista Jorge Larrañaga. El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA) hizo préstamo de su sede para que la articulación realizara este martes la primera jornada de formación de la campaña.
La contrarreforma está integrada por organizaciones, colectivos y personas interesadas que se reúnen semanalmente para formular los puntos a rebatir. Con focos autónomos en todo el territorio, conforman un espacio independiente de los partidos políticos que reúne diferentes ideologías, lo que les permite tener una mirada crítica respecto a la realidad. Están convencidos de que la reforma constitucional no debe aprobarse en octubre, porque “no es la forma adecuada de solucionar los problemas de seguridad, sino que los empeorará”.
#esta reforma no es la forma
Por ello es que el movimiento se ha propagado en las redes y en las calles, como río informativo y con hashtags que lo hagan circular. En la tarde del martes, presentaron los lineamientos principales para decirle “no” a esta propuesta y crear debates en torno a la seguridad pública.
En primer lugar detallaron los puntos principales de esta modificación a la Constitución que busca Larrañaga, y argumentaron que no son soluciones factibles, sino “más de lo mismo”. Las medidas, según la articulación, ya han sido aplicadas en nuestro país y la región ineficazmente. Una lógica punitivista que en lugar de haber reducido los delitos, como constataron con cifras y en la realidad, los ha empeorado.
“Vivir sin miedo” pretende crear una Guardia nacional compuesta por efectivos militares, pero es sabido, según dicen desde la contracampaña, que las Fuerzas Armadas no están instruidas para incidir en la sociedad civil, sino para neutralizar a enemigos externos. La última dictadura cívico-militar y las situaciones actuales de los países linderos han demostrado que la intervención de militares incrementa la violencia. Las zonas socioeconómicas más vulnerables son las más afectadas, algo que en países como Brasil, México, Venezuela, Colombia e incluso Chile ha desembocado en desaparecidos y muertos, enfatizaron.
Con los allanamientos nocturnos se pretende acabar con el narcotráfico pero únicamente, sostuvieron, se enfocaría en las bocas de venta sin abarcar la red en su totalidad.* Esta medida no garantiza la seguridad de quienes están dentro, en los alrededores o de los propios efectivos policiales.
Dos puntos refieren al sistema penitenciario: fortalecer el cumplimiento de penas y crear una pena perpetua. Sin embargo, esas medidas aumentarían la masividad de las cárceles y reducirían los beneficios liberatorios como educación y trabajo, argumentaron. La propuesta de Larrañaga no ahonda en las estrategias para resolver la situación carcelaria y se guía así por una lógica de castigo, en lugar de tomar el proceso de reinserción o formación. Además, no indica cómo se sustentaría económicamente, más aún en un sistema carcelario que hoy atraviesa una emergencia humanitaria, señalaron.
#otro camino es posible
A la hora de abordar la propuesta y posicionarse en contra, les costó trabajo pensar alternativas de seguridad posibles, para decirle “no” a esta papeleta pero también transmitir cuáles serían los caminos alternativos. El primer paso fue identificar qué no se estaba haciendo y podría mejorarse. Entonces repararon en que se tiende a pensar en la seguridad cuando las personas ya están en conflicto con la ley, pero se olvida que las políticas deben abordar las desigualdades educativas, culturales, de vivienda y salud desde antes. Lo mismo ocurre con las políticas de egreso penitenciario o el incentivo de la capacitación dentro de la cárcel. El consumo de drogas se sigue tratando como un problema de seguridad y no de salud, y se atacan las bocas de venta y no la red de financiación y tráfico, entendieron.
Hoy, según el último censo del Mides, el 50 por ciento de la gente en situación de calle estuvo privada de libertad. Estos factores generan tasas altísimas de reincidencia. Desde “No a la reforma” creen que si se pudiera lograr que la cárcel sea más parecida al afuera, se incentivaría un proceso de reinserción y se reduciría la violencia dentro y la reincidencia fuera. De igual manera, se debería poner foco en las víctimas del delito, a las cuales la reforma no menciona. La ciudadanía debe exigir mejor manejo de gastos públicos y la continua defensa de derechos, plantearon, así como mejor educación y oportunidades.
La articulación presentó una batería de herramientas para abordar la propuesta, atacar la desinformación, sin pretender erradicar el miedo existente ni evangelizar a nadie. La idea base es que la principal “política contra la inseguridad debería ser el empleo, no una guardia militarizada”.
*Por error, originalmente se indicó que no se requeriría la orden de un juez. A los lectores, las disculpas del caso.
