Uruguay es el primer país de latinoamérica y el tercero en el mundo en instalar las antenas de conexión inalámbricas de quinta generación y ya se comentaron los beneficios a nivel de velocidad y aplicaciones para el desarrollo de la realidad virtual. Pero nadie parece hablar sobre el debate generado en la comunidad científica mundial a partir de los efectos a la salud y al medio ambiente que estas antenas serían capaces de provocar.

Para profundizar en el funcionamiento técnico de este nuevo sistema que ANTEL implementó a finales de abril, Sala de Redacción se puso en contacto con Bruno Benedetti, uno de los profesores encargados del área de telecomunicaciones en la facultad de ingeniería de la Universidad de la República.

ANTEL fue el primero en latinoamérica en habilitar el LTE y 4G y las frecuencias necesarias para la instalación de las nuevas antenas ya estaban disponibles. El fabricante de equipos encargado de la instalación es la empresa finlandesa Nokia, que se encuentra trabajando en conjunto con la empresa de telecomunicaciones uruguaya. Los dos primeros nodos en funcionamiento se encuentran en Maldonado, en la zona de la barra y en Nueva Palmira, Colonia.

Como comentaba el profesor Benedetti, a “mayor frecuencia mayor velocidad y mayor número de conexiones disponibles”. En ese aspecto, el cambio de 3G a LTE fue considerable, pero el del 5G es masivo, pasando de tener antenas de 20 megahertz a equipos de 100 megahertz, una capacidad de espectro mucho más grande, lo cual permite aumentar la cantidad de dispositivos conectados.

A pesar de que es un logro para la industria y el entretenimiento, el desarrollo de estas tecnologías generó impactantes controversias en la comunidad científica.

La cara oculta del progreso

Una petición firmada por 237 científicos y doctores de 42 países solicitó a los gobiernos y autoridades de todo el mundo detener la instalación del 5G, pues esto implicaría incrementar exageradamente la exposición a la radiación generada por las radiofrecuencias.

La petición del 2018, que ya cuenta con más de noventa mil firmas de 198 países, se sustenta en aproximadamente dos mil documentos e investigaciones que afirman que la radiación de radiofrecuencias resulta ser perjudicial para los seres humanos y el medio ambiente.

Una de las investigaciones más destacables es la del doctor Martin Pall, profesor emérito en bioquímica de la Universidad de Washington. Pall se especializa en el estudio de los efectos que la radiación del campo electromagnético (EMF radiation) tiene sobre el cuerpo humano y explica que los lineamientos de seguridad internacionales para delimitar los niveles de radiación se centran exclusivamente en el factor térmico, como por ejemplo la capacidad de generar quemaduras o irritaciones en la piel. Pero esto deja de lado todo un rango de incidencia que se mantiene por debajo de lo legalmente permitido.

Las investigaciones de Pall afirman que los daños a la salud que provoca la radiación electromagnética conforman una lista relativamente extensa. Alguno de los más significativos son la reducción de la fertilidad, efectos neurológicos y neuropsiquiátricos (insomnio, ansiedad y déficit de atención), tres tipos de daños o mutaciones en el ADN, alteraciones hormonales y cáncer.

Según el profesor, la mayoría de estos efectos se deben a que las pulsaciones de alta frecuencia generan una excesiva producción de calcio intracelular (diferente al calcio consumido a través de los alimentos). Por su parte, los investigadores del Instituto de Biología y Genética Molecular de la universidad de Valladolid (España) coinciden que este mismo exceso de calcio es una de las claves que provocan la muerte de neuronas y de células del sistema nervioso, desencadenantes del mal de Alzhéimer y otras enfermedades neurodegenerativas.

Por otro lado, la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) de la OMS concluyó en 2011 que la radiación de radiofrecuencias de 30 kHz a 300 GHz es “posiblemente cancerígena para los seres humanos. El IARC utiliza cinco clasificaciones según la solidez de la evidencia científica para definir una posible asociación con el cáncer en los seres humanos. Este tipo de radiación estudiada pertenece al grupo 2B de la clasificación junto al café, el combustible diesel y marino, el estireno y los polvos de talcos higiénicos (que contengan asbesto).

Las pautas que indican una exposición segura a la emisión de radiación de radiofrecuencias que van de 30 kHz a 300 GHz fueron dadas por La Comisión Internacional de Protección de Radiación no Ionizante (ICNIRP, por sus cifra en inglés). Estos lineamientos (establecidos sin considerar el impacto acumulativo de la radiación) fueron definidos en 1998 y no se han realizado cambios desde entonces.

La ICNIRP es una organización privada con base en Alemania que selecciona a sus propios miembros y su fuente de financiación no ha sido declarada.

Vale la pena recordar que, según el informe anual de Microsoft del 2014, la multinacional finlandesa Nokia -que en ese entonces pertenecía al “Gigante de Redmond” y que actualmente está a cargo de la instalación del 5G a dúo con ANTEL-, era una de las empresas fabricantes de teléfonos móviles portadora de 19 demandas presentadas en el tribunal del distrito superior de Columbia, Estados Unidos. Las demandas alegaban que las emisiones de radio de los teléfonos celulares “causaron tumores cerebrales y otros perjuicios a la salud”.

En consecuencia a estas denuncias, la corte de distrito de los Estados Unidos llevó a cabo la siguiente declaración: “Si hay incluso una posibilidad razonable de que la radiación de los teléfonos celulares sea cancerígena, el momento de actuar en los sectores regulatorios y de salud pública está en nuestras manos. A pesar de que la financiación y el costo social de restringir tales dispositivos sería significativo, esos costos palidecen en comparación con el costo en vidas humanas de no hacer nada, sólo para descubrir dentro de treinta o cuarenta años que los primeros signos apuntaban en la dirección correcta. Si la probabilidad de carcinogenicidad es baja, pero la magnitud del daño potencial es alto, una buena política pública dicta que el riesgo no debe ser ignorado”.

Mientras tanto en Uruguay

En 2014, el ex presidente José Mujica ordenó la publicación de un decreto (el número 53/014) para la “regulación de los límites para la exposición humana en los campos electromagnéticos”. El decreto define al Ministerio de Salud Pública como el órgano rector y de contralor de la exposición humana a los campos electromagnéticos.

El marco jurídico regulador se basa en las pautas establecidas por la Organización Mundial de la Salud, que son las mismas que definió la ya mencionada Comisión Internacional de Protección de Radiación no Ionizante.

En nuestro país no existen documentos científicos recientes que estudien los efectos no térmicos de los campos electromagnéticos generados por las nuevas tecnologías de comunicación inalámbrica sobre la materia viva y, al igual que en el resto del mundo, no se realizaron investigaciones biológicas previas a la instalación de las antenas 5G.

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