En respuesta al aumento de los homicidios y los recientes episodios de lo que el Frente Amplio (FA) calificó como “violencia extrema”, la Cámara de Diputados convocó a una interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Los homicidios durante 2022 y 2023 fueron el eje de la discusión por ser “un indicador fiable” ya que “se miden los hechos y no las denuncias”, según el diputado del FA, Sebastián Valdomir, miembro interpelante de una sesión que duró casi 24 horas, del miércoles 28 al jueves 29 de junio.

A diferencia de lo que ha ocurrido con las otras interpelaciones de este período, la coalición no logró la mayoría para respaldar al ministro. Cabildo Abierto se deslindó de blancos, colorados, del Partido Independiente y del diputado independiente, Eduardo Lust, al presentar su propia moción en lugar de adherirse al “total y absoluto respaldo” de los otros miembros de la coalición. La moción cabildante dio cuenta de que no se estaban cumpliendo los objetivos de seguridad ciudadana y expresó una “creciente preocupación por las muertes violentas”, un “profundo pesar por desatender la situación personal de los efectivos policiales” y transmitió “inquietudes” sobre el estadio actual del sistema carcelario.

En tanto, el FA presentó una moción de censura al ministro. A raíz de esta iniciativa, el presidente de la Cámara, Sebastián Andújar, tendrá que llamar a una nueva convocatoria —que se agendó para este martes 4— con el objetivo de votar la censura. Si el mecanismo consigue la mayoría de votos de Diputados y luego de la Asamblea General, podría desembocar en la renuncia del jerarca, si es que la Asamblea General .

Sebastián Valdomir durante la interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Foto: Agustín Sartori.

De acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Interior (MI), en 2022 se registraron 383 homicidios en Uruguay. Sin embargo, a la oposición le preocupa que esta cifra no coincida con la divulgada por Fiscalía, que contabilizó 388 muertes. El registro del año pasado representa un aumento del 25% en comparación con 2021 y un incremento del 13% en comparación con 2020. En el primer semestre de 2023 se contabilizaron 186 homicidios.

Valdomir planteó que “la inseguridad es el primer problema de los uruguayos” y que en este gobierno se registró un promedio anual de 342 muertes violentas, “el más alto de la historia”, dijo. Además, planteó que “solo se resuelve” un “50% de los casos”. 

Los interpelantes expresaron preocupación, además, por el ascenso del número de muertes dudosas: fueron 200 en 2022. El FA apuntó que ese incremento no se condice con los dichos de que, al salir de la pandemia, deberían volver las muertes dudosas a nivel previo.

El diputado interpelante cuestionó las acciones y los planes implementados por el ministro Heber. Señaló una “inconsistencia permanente” en los anuncios del MI y expresó preocupación por la falta de concreción de los planes, programas y propuestas de la cartera en materia de seguridad pública. En este sentido, resaltó la importancia de contar con una planificación clara, un rumbo definido y dedicación “full time” para abordar la tarea de seguridad en el país y agregó que “no es el Frente Amplio el que interpela al ministro, es la realidad”.

Además, mencionó que las constantes idas y vueltas en los anuncios generan confusión y afectan la efectividad de la gestión e hizo énfasis en que nota al ministro “cansado” e “incómodo” en su posición, que carece del “aval de la población” y que por este motivo es el “peor evaluado en todo el gabinete”. Así, expresó, que una “pregunta obligada” es “sobre la posibilidad de dar un paso al costado” antes de que termine el gobierno actual. 

Otro cuestionamiento fue en relación a planes específicos del MI, como el que buscó contratar ex-delincuentes para dialogar con sicarios y narcos con el objetivo de evitar venganzas, homicidios y ajustes de cuentas; o los aplicados en el barrio Peñarol, interpretados por Valdomir como “un fracaso”, ya que con 21 homicidios en 2022, el barrio registró una tasa de “60 homicidios por 100.000 habitantes”, un registro “más alto que la tasa global de Venezuela, Honduras, Colombia y México”, explicó.

Valdomir también citó un informe del instituto Ceres titulado “Uruguay como ruta del narcotráfico” y aseguró que por nuestro país se está moviendo más droga porque es “un centro de acopio y base de operaciones” para los grupos mafiosos, por lo que es difícil asegurar que las incautaciones sean efectivas si se desconoce el volumen que fluye fronteras adentro. Puntualizó que en los últimos años Uruguay ha ganado importancia en el tráfico marítimo de cocaína y que el puerto de Montevideo se ha convertido en un punto atractivo para el envío de drogas ilícitas al mercado europeo.

Luis Alberto Heber durante la interpelación, el 28 de junio de 2023. Foto: Agustín Sartori.

Las cifras del ministro
Heber estuvo acompañado por jerarcas del MI y por directores de la Policía. En primera instancia, se refirió al informe de Ceres y afirmó que en lo que va de esta administración se incautaron 10.191 kilos de cocaína y más de 2.000 kilos de pasta base. Hizo hincapié en las principales operaciones de la Brigada Nacional Antidrogas y resaltó que con casi 50 operaciones ha logrado incautar una cantidad significativa de droga, con un valor estimado de 93 millones de dólares. Según dijo, estas operaciones afectaron a las 45 organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico que se detectaron en 2022. Heber informó que en las investigaciones posteriores, se descubrieron cuatro organizaciones más, lo que elevó el total a 49. 

Asimismo, el ministro destacó que se ha logrado desarticular a 41 de estas organizaciones y resaltó que el MI está combatiendo activamente a estos grupos en el área metropolitana porque “está en guerra con el narcotráfico” y la cartera “sigue en proceso de combate y enfrentamiento a estas estructuras delictivas”, aunque acotó que tras ser golpeadas se pueden volver a reagrupar, dato que se desconoce. Toda esta exposición se hizo bajo la tesis de que el narcotráfico se relaciona de forma íntima con los homicidios: están “directamente ligados a la droga”, sostuvo el ministro. En ese sentido, citó discursos de fiscales y ex fiscales que coinciden en que hay muertes que ocurren por deudas de drogas, demostración de fuerza, venganza de diferente índole: “desde el adicto que debía hasta el envuelto en una lucha entre bandas”, comentó.

En cuanto a los homicidios, si bien Heber aceptó que “no se puede hablar de una baja”, reinterpretó las cifras y planteó que en 2022, en rapiñas y hurtos, solo fueron asesinadas 15 personas a las que se refirió como “trabajadores que perdieron la vida por trabajar”, la cifra “más baja de los últimos diez años”, señaló. Lo mismo ocurrió con los homicidios en comercios derivados de rapiñas, que fueron solo tres en 2022, detalló.

Al término de su intervención, dijo que no está del todo conforme con las cifras pero que “se le está dando una batalla al narcotráfico”. Además, explicó que hay homicidios que se “continúan investigando y algunos se resuelven en años diferentes al que ocurrieron”. En este sentido, expresó que no se pueden sacar conclusiones porque “la policía sigue trabajando y aclarando casos”, concluyó.

Nuevo rumbo
En su intervención, Diego Sanjurjo, coordinador de Estrategias Focalizadas de Prevención Policial del Delito del MI, presentó el proyecto final de la Estrategia de Seguridad Integral y Preventiva. Resumió que está estructurado en diversas categorías que atienden problemáticas concretas, pero con especial énfasis en la interdisciplina y la descentralización de la policía en materia de prevención. Como novedades principales, mencionó la posibilidad de que el ministerio firme un convenio con el Instituto Nacional de Estadística (INE) para recopilar y analizar las cifras relacionadas a la inseguridad, y evitar así debates y controversias en torno a los datos. También se prevé alejar el sistema penitenciario del ámbito del MI, para lo que propone crear un Ministerio de Justicia que se encargue de su gestión, interpretando que las cárceles “están agotadas” y que quienes persiguen a las personas que delinquen, no pueden ser los encargados de reintegrarlas a la sociedad.

Lucía Arregui / Jerónimo López

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