Los senadores que integran la bancada del Frente Amplio (FA) presentaron, el 10 de agosto de 2021, una minuta de comunicación en la que le solicitan al Poder Ejecutivo que tome “medidas de expansión del sistema de transferencias no contributivas para contención del aumento de la desnutrición infantil y la pobreza”. La propuesta consiste en elevar el monto de las asignaciones familiares a una cifra equivalente al salario mínimo nacional (17.930 pesos) y se llamará “Bono por impacto covid”.
La Asignación Familiar (AFAM) fue creada en 1980 por la Sala de Sesiones del Consejo de Estado, mediante la Ley N° 15.085, con el objetivo establecer una prestación económica bimestral del Banco de Previsión Social (BPS) a hijas, hijos o menores a cargo de trabajadoras y trabajadores desde el 1° de enero de 1981.
Veintiocho años después, se aprobó y entró en vigencia la Ley N°18.227, “Plan de Equidad” (AFAM-PE), en el que se definió el sistema de asignaciones familiares basado en transferencias monetarias mensuales que hace el BPS a niñas, niños y adolescentes que provengan de familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica, a quienes integren centros del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) o instituciones que estén asociadas al centro en régimen de tiempo completo.
Según un relevamiento del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) de diciembre de 2018, 372.000 menores de edad se vieron beneficiados con este sistema de asignación familiar.
Causas y justificaciones
En diálogo con Sala de Redacción, el senador frenteamplista José Carlos Mahía, explicó que la minuta surgió de una situación diagnóstica vinculada al impacto de la crisis económica y social provocada por la emergencia sanitaria que atraviesa el país desde marzo de 2020. “Muchísima gente ha perdido el trabajo o tiene menos trabajo que antes y menos ingresos; hay una mayor cantidad de personas o grupos familiares vulnerables y, esa vulnerabilidad peculiarmente se concentra mucho más, en la primera infancia” remarcó.
Entre los motivos presentados se expone que, según el último proyecto de Rendición de Cuentas, “más de la mitad de los niños de 0 a 4 [años] en el primer tercil de ingresos vive en un hogar con problemas de vivienda, incluyendo hacinamiento, problemas de materialidad en paredes, pisos o techos, o falta de espacios para cocinar”, además, “72% de los niños en estos hogares sufre inseguridad alimentaria”.
Actualmente, a través de la AFAM-PE el BPS otorga 1.922 pesos al beneficiario en gestación, menor de cinco años y escolares; un complemento de 823 pesos al primer beneficiario que curse educación media; 1.922 pesos a cada beneficiario internado en establecimientos del INAU o instituciones en convenio; y 2.746 pesos a beneficiarios con discapacidad. Los montos varían en función de la cantidad de menores por familia y el nivel educativo; sin embargo, para quienes padecen discapacidad o se encuentran internados en el INAU, la cifra es fija.
En referencia a esto, Mahía sostuvo que el 60% de las niñas y niños de entre cero y tres años proviene de los quintiles más bajos de ingresos del país y recalcó que “requieren una atención mucho mayor del Estado a los efectos de que mañana se tengan mayores posibilidades de que haya mejores condiciones de igualdad de oportunidades”.
Por otro lado, los senadores de la bancada frenteamplista consideran que las políticas implementadas hasta ahora por el gobierno para responder a la realidad de ese sector de la población ha sido “notoriamente insuficiente y notoriamente discutible”. A continuación, se ejemplifica con el caso de las canastas que, según sugieren, quedan a discreción de las intendencias o el subsidio a las ollas populares. Por último, subrayan que las transferencias monetarias son los instrumentos “más transparentes y eficientes” y que construyen una condición necesaria de la política social.
Asimismo, en el documento se sugiere que el “Bono impacto por covid” no solo está dirigido a los actuales beneficiarios de la AFAM-PE, sino que también se plantea extender la cobertura a quienes fueron generantes de la AFAM durante 2019 o 2020 que a la fecha de hoy no lo reciben porque ya no aportan al BPS ni tienen subsidio de desempleo. También se buscará incluir a los menores de hasta 18 años de edad que cuenten con registro de inscripción en la Administración Nacional de Educación Pública durante 2019, 2020 y 2021 y no sean o hayan sido beneficiarios de la AFAM o AFAM-PE.
Duración y financiamiento
En la minuta se subraya que el beneficio deberá durar hasta que el Producto Interno Bruto o la tasa de empleo alcance los valores pre pandemia y se mantenga o los supere durante los seis meses consecutivos.
Acorde al Instituto Nacional de Estadística (INE), en el trimestre correspondiente a abril y junio de 2019, a nivel nacional, se estimó puntualmente una tasa de empleo del 56,2%. No obstante, este porcentaje ha fluctuado a lo largo de 2021. Según la Encuesta Continua de Hogares no presencial, en abril la tasa de empleo se ubicó en el 55,0 %, mientras que en mayo se ubicó en el 54,5% y en junio en el 55, 4%.
Dado que el “Bono por impacto covid” supone modificaciones tributarias, es necesario, de acuerdo con el artículo 133 de la Constitución de la República, que la iniciativa que apruebe el Parlamento provenga del Poder Ejecutivo.
En referencia al presupuesto para financiar el proyecto, el vicepresidente sugirió que Uruguay tiene una solidez desde el punto de vista económico y del respaldo financiero “como no tuvo en su historia”. “Si no se hace este tipo de cosas es simplemente por una cuestión puramente ideológica de concepción del gobierno que tiene la idea de que prime en el mercado lo privado sobre lo público” sentenció. Agregó que a pesar de que aún no hay respuesta del Estado, lo importante es que haya una acción concreta ya que el gobierno “anuncia mucho y concreta poco”.
