En una entrevista para el programa Séptimo Día de Teledoce, el candidato a la Presidencia Luis Lacalle Pou habló sobre el caso del avión privado que fue detenido por transportar 603 kilos de cocaína en agosto. A causa de este incidente el candidato dijo que de asumir la Presidencia presentaría un proyecto de ley de derribo de aviones como medida contra el tráfico de drogas.
No es la primera vez que el tema de una Ley de derribo de aviones entra en discusión. El ex-ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro había propuesto durante su gestión la implementación de dicha ley. En este caso, la propuesta de Huidobro se basaba en que la ley sirviera como política de defensa ante la posibilidad de un ataque terrorista como el de las torres gemelas en septiembre de 2001, en el que aviones comerciales fueron utilizados como armas. Huidobro también argumentó que la ley cubriría un vacío legal en lo que refiere a políticas de defensa, sin embargo el proyecto no fue aprobado.
Del dicho al hecho
Entrevistado por Sala de Redacción, el politólogo y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UdelaR Julián González Guyer dio su opinión sobre la propuesta del candidato blanco. En primer lugar, dijo que esta afirmación de Lacalle Pou es una forma de “posicionarse, dar una señal y de alguna manera también criticar al gobierno”. También hizo énfasis en que esta iniciativa surge en el marco de la campaña electoral y la calificó de “efectista”, ya que el derribo de un avión solo tiene fundamento si significa una amenaza para la población o alguna infraestructura importante del país y es difícil que se justifique en el caso de la lucha contra el narcotráfico.
Además, González Guyer se refirió a las dificultades que tendría la implementación de la ley. Una de ellas está relacionada a que la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) no cuenta con aviones aptos para interceptar a otras aeronaves. Argumentó que los cazas de los que dispone esa Fuerza son modelos antiguos y que no podrían alcanzar a un avión sospechoso, ya que toma tiempo hacerlos despegar. Otro inconveniente que destacó el politólogo reside en el hecho de que un derribo solo puede ser autorizado por el jefe supremo de las Fuerzas Armadas (FFAA). El problema está en que, en Uruguay, el presidente de la República no es el único comandante en jefe; las FFAA se rigen por un mando colegiado entre el presidente , el consejo de ministros y el ministro de defensa. El presidente por sí solo no podría autorizar un derribo, para eso tendrían que ponerse de acuerdo todos los mandos de las FFAA.
Daño colateral
El politólogo también habló sobre las repercusiones a nivel internacional que podría tener la implementación de esta ley y dio el ejemplo de un incidente ocurrido en abril de 2001 en Perú. Dicho país cuenta con una ley que permite derribar aviones utilizados para el narcotráfico y, amparado por la misma, la fuerza aérea peruana derribó a una avioneta con cinco ciudadanos estadounidenses. En la aeronave viajaba una pareja de misioneros evangélicos, Jim y Veronica Bowers, con sus dos hijos. El derribo tuvo un saldo de dos muertos (Veronica y su hija de siete meses) y un herido (el piloto) y fue consecuencia de problemas de comunicación entre la avioneta estadounidense y las autoridades peruanas, que sospecharon de la aeronave al circular por una ruta imprevista.
También criticó la implementación de este tipo de políticas en lo que refiere a lucha contra el terrorismo y citó el ejemplo del ataque a las torres gemelas. Argumentó que no solo dependen de la rápida reacción de las autoridades, sino que también se debe decidir entre la vida de los pasajeros rehenes que viajan en el avión o la de los objetivos del ataque.
González Guyer se refirió a otro problema: el derribo de un avión tiene como consecuencia la muerte de algunos o todos sus tripulantes. Afirmó que esta ley sería “una ejecución extrajudicial” y que el presidente no tiene la potestad para “mandar a matar a alguien o a varios”. “Es un instrumento de dudosa constitucionalidad y muy desproporcionado”, concluyó.
