En la zona de la playa El Calabrés, en Colonia del Sacramento, el invierno es bastante tranquilo. No hay mucho movimiento excepto por los pescadores y alguna otra persona que elige la arena para hacer sus caminatas o corridas. En esta época del año, si no hibernan, los animales seguramente estarán aprovechando el poco tránsito humano para disfrutar la costa.
Entre las playas La Mulata y Carrasco, en el barrio Punta Gorda de Montevideo, sucede algo parecido: durante el año, la costa permanece quieta, casi vacía. Frente al río no se ven más que kilómetros de agua y, a unos 300 metros de la rambla, la Isla de las Gaviotas: una reserva ecológica protegida, cuyo acceso está prohibido.
En el verano, en cambio, son zonas mucho más habitadas. Con la llegada del calor aparecen familias, grupos de amigos, vecinos y gente que en Colonia prefiere nadar en la cantera y en Punta Gorda disfrutar de la orilla del Río de La Plata.
Ni los pescadores, ni los vecinos, ni los grupos de amigos y mucho menos los animales han tenido voz ni voto en las decisiones que involucraron a los proyectos MVD360 y +Colonia. La iniciativa argentina de construir una ciudad inteligente de 511 hectáreas que duplicaría la población de Colonia del Sacramento que ya fue aprobada y el proyecto para construir una isla artificial de 36 hectáreas en el barrio de Punta Gorda -que no contó con el visto bueno de la Intendencia de Montevideo (IM)- plantean modificaciones a estos territorios y sus áreas circundantes para siempre.
Lucía Bergós, maestranda en Manejo Costero Integrado del Cono Sur e integrante del Grupo de estudios sobre las relaciones sociedad-naturaleza dijo a Sala de Redacción que existen carencias importantes en los procesos de evaluación ambiental institucional. En este sentido, explicó que no se miden los impactos acumulativos, porque es algo “muy complejo de hacer” y que no está previsto por ley. Las evaluaciones de impacto ambiental miden únicamente el proyecto en concreto, es decir, no se tiene en cuenta si el proyecto se inserta en un medio que está muy afectado por otras construcciones, algo que consideró “problemático”.
La creación de una isla en Montevideo prevista por MVD360 preocupa a Bergós, principalmente por los efectos que pueda tener sobre las corrientes de agua, que a su vez afectarían a la fauna de la zona. En esta línea, indicó que las corrientes pueden alterar la dinámica de los sedimentos transportados por el agua, lo que puede afectar las condiciones de las playas.
Para el caso de Colonia, señaló su efecto sobre la flora, a causa de las construcciones previstas en el proyecto. Además, aportó que “existen riesgos de erosión, de aumento de la impermeabilización y de un mayor escurrimiento”. Al respecto, agregó que esta situación se ha visto siempre a lo largo de la costa en todas las urbanizaciones, sin excepción.
La isla no era un camalote
En el caso de MVD360, la propuesta fue impulsada por Jirkel S.A., una empresa creada recientemente, cuyas decisiones se toman desde un garage en Miami, según informó el semanario Brecha. Dicha sociedad anónima consultó a las autoridades de Montevideo para saber si existía interés político por parte de la intendencia. Según un comunicado de la empresa, en una primera instancia el director de Planificación de la IM, Luis Oreggioni, “manifestó sumo interés en el proyecto y predisposición a colaborar en forma participativa”.
En la página oficial del proyecto se presenta a la isla como un nuevo landmark para la ciudad de Montevideo. De esa manera, se propone congeniar formas de vida alternativas con sustentabilidad y “empatía con el paisaje urbano”. La inversión privada pretende contribuir al país de distintas formas. En el plano económico, se proyectaba que durante la construcción de la isla se crearían 4.500 puestos de trabajo, lo que impactaría “en el entorno” de 4% del Producto Interno Bruto, detalla el sitio.
La ejecución de la isla tiene una estimación de cuatro años para la infraestructura y diez para el desarrollo inmobiliario. La conexión con la rambla de Montevideo se realizaría mediante un puente de 450 metros de largo, que contaría con cuatro carriles, vereda y ciclovía bilateral. Se estimaba que el lugar contaría con un porcentaje de espacios públicos de 54%, aproximadamente el equivalente a 14 hectáreas. Asimismo, se planeaba crear siete kilómetros de rambla, un puerto deportivo, parques de recreación, parking subterráneo y un predio que sería cedido a la administración para una futura construcción de un centro cultural.
La IM rechazó la viabilidad del proyecto en una segunda instancia de evaluación. Oreggioni declaró en rueda de prensa que la isla significaría “un agujero negro” para Montevideo. Consultado por Sala de Redacción, explicó que “se trata de una enorme concentración que desplazará trabajo de las actuales centralidades” y que éstas no serían “trabajo y actividad nuevos, sino que absorberían empleo de otros sitios”. Agregó que, una vez puesto en funcionamiento, en las oficinas y comercios trabajarían unas 9.000 personas y explicó que Montevideo “no precisa nuevos suelos, por el contrario, uno de los problemas que tiene es que hay infraestructura urbana de buena calidad y subutilizada”.
El subsecretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Olaizola, dijo a Canal 5 que ante la negativa de la IM se podrían considerar otras opciones en el territorio nacional, como Colonia. Por su parte, el diputado nacionalista Alfonso Lereté envió una carta al ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, en la que expresó la necesidad de tener en cuenta al departamento de Canelones. En conversación con Sala de Redacción, indicó que el departamento está “estancado hace 60 años desde el punto de vista inmobiliario” y afirmó que se cuenta con “todos los condimentos necesarios” para la realización del proyecto. Al respecto, el intendente canario Yamandú Orsi en rueda de prensa consideró que hablar sobre un proyecto que “no tiene estudios hechos es bolacear”. “Están pasando la gorra o haciendo una vaca para conseguir tres millones de dólares para hacer los estudios”, sentenció.
Para el sociólogo Leonard Tejo Mattioli, un proyecto como el de MVD360 se opone a la planificación urbana que existe en el Plan de Ordenamiento Territorial de Montevideo, aprobado en 1998. Entre los objetivos del plan se distingue la necesidad de revertir procesos de segregación urbana mediante infraestructura y equipamiento que asegure el derecho al uso de la ciudad. Mattioli asegura que el plan apunta “hacia una latinoamericanización de las ciudades”. En cambio, la ciudad que esboza el proyecto de isla tiene características que apuntan a la segregación social, en el que quienes compran lo hacen “por una naturaleza que es de postal y artificial”. De esta manera, apunta a una ecología de consumo y “pronta para llevar, que realmente está muy lejos de la sustentabilidad, a pesar de que se venda como tal”, comentó.
Una ciudad inteligente
La iniciativa coloniense fue impulsada por Carlos y Eduardo Bastitta, propietarios de un bloque de 515 hectáreas en la franja costera del departamento, en una zona contigua al puerto de Colonia del Sacramento. Carlos Bastitta adquirió las tierras hace 30 años e intentó desarrollar proyectos inmobiliarios allí en tres ocasiones, todas fallidas por diversos motivos. Actualmente, su hijo Eduardo encabeza este nuevo intento, que parece tener más posibilidades que los anteriores. El proyecto fue aprobado en la Junta Departamental con algunas discrepancias. Implicaría una integración de las áreas naturales, organizada en supermanzanas, entre las que existirían corredores de biodiversidad que vinculan la flora y la fauna del río con su entorno inmediato. Es decir, pretende ser amigable con el ecosistema costero.
El proyecto fue aprobado con los votos de los ediles del Partido Nacional y el Partido Colorado. Por su parte, el Frente Amplio (FA) no acompañó la iniciativa. En su intervención, a la que accedió Sala de Redacción, el edil opositor José Manuel Arenas justificó la decisión del FA, cuyas preocupaciones incluyen “las garantías para la Intendencia de Colonia, la infraestructura del desarrollo y el impacto ambiental”. En el contrato se establece que los desarrolladores cuentan con dos años para iniciar las construcciones de infraestructura, explicó Arenas. En caso de no cumplir, la Intendencia puede cesar la ejecución o pedir una resolución, lo que permitiría que “las tierras se loteen y se vendan en terrenos”.
Por otro lado, cuando el proyecto esté montado y en funcionamiento, la nueva ciudad se gobernará como una “organización autónoma descentralizada”, lo que implicaría la “participación directa y activa sobre decisiones de los distritos, asesorados por los miembros del consejo de la ciudad”, según dice la página web oficial de +Colonia.
Para comenzar a llevar a cabo lo proyectado solo resta la aprobación de la División Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacia). Según el edil nacionalista Sergio Bertón, todavía no hay una respuesta de dicho organismo, aunque los impulsores del proyecto “ya vienen tomando en cuenta lo que les va a exigir el gobierno nacional”.
Consultado sobre el impacto ambiental que podría implicar el traslado del proyecto MVD360 a las costas colonienses, Bertón declaró que si bien impacta cerca de la zona “se puso una pastera y también está Montes del Plata”. Según valoró, el impacto de construir una isla artificial “nunca sería más crítico que tener una pastera” y afirmó que, en caso de que el proyecto llegue, este se estudiará. En ese sentido, señaló que el departamento “tiene 150 kilómetros de costa, habría que buscar el lugar”.
Por su parte, Mattioli consideró que ambos proyectos tienen características parecidas, pero que +Colonia es “más realizable”, a pesar de que los dos significarían una “duplicación de la mancha urbana de la ciudad”. Agregó que las manchas urbanas deben ser compactas y las ciudades deben tener densidad: “En la medida en que yo en la calle me encuentre con gente diferente a mí, es un plus para la sociedad, porque hace que el espacio público sea un espacio de intercambio”.
Josefina González, Rodrigo Travieso
