Para alguien que no está acostumbrado a enfrentarse a este tipo de documentos “parecería que hay mucha cosa, pero no”, declaró a Sala de Redacción el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad Ricardo Perciballe. Tienen relevancia en un sentido histórico, pero “no hacen a una investigación criminal”, afirmó.
El pasado martes, el ministro de Defensa Nacional, Javier García, junto al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, entregaron seis libros y dos carpetas que fueron encontrados en la Unidad de Artillería 5, mientras limpiaban para reorganizar una sala que alguna vez fue una celda. García -con quien Sala de Redacción intentó comunicarse, sin éxito-, declaró en conferencia de prensa que esta entrega responde al pacto de “transparencia” al que tanto él como Lacalle Pou se comprometieron durante su campaña electoral.
La última vez que fueron hallados documentos fue en 2015, cuando la Justicia allanó la casa del militar fallecido Elmar Castiglioni y encontró archivos que el militar retirado había robado del Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y del Servicio de Información de Defensa (SID). Nueve años antes, el Ministerio de Defensa Nacional, bajo mandato de Azucena Berrutti, encontró 1.144 rollos microfilmados de información en donde funcionó el Centro General de Instrucción de Oficiales de Reserva (CGIOR). La documentación fue digitalizada, clasificada y en 2010 entregada al Archivo General de la Nación. Además fueron utilizados en diversas investigaciones que pueden encontrarse en cruzar.edu.uy.
“Es inconcebible que eso haya estado en un calabozo durante 40 años y nadie se diera cuenta”, dijo Nilo Patiño, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, a Sala de Redacción, y agregó: “¿No limpian? ¿No pasa nadie por ahí? ¿40 años? Eso no es creíble”.
Mariana Mota, jueza y directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), manifestó a Sala de Redacción que además de ser llamativa la manera en que se encontraron los documentos, es “absurdo” que eso haya pasado desapercibido durante tanto tiempo. Pese a las preguntas que esto pudo generar, las fuentes consultadas destacaron el hecho de que el gobierno decidiera publicar sin restricciones los documentos por primera vez. “Aunque parezca insignificante, no lo es”, sostuvo Patiño, al ser consultado sobre esta decisión. Para el colectivo Madres y Familiares es es un paso “muy positivo” por el que venían “peleando hace tiempo”. “Es básico que todo el mundo tenga acceso a la información porque es una forma de contribuir a la verdad”, declaró Patiño.
Por su parte, Mota planteó que como los otros archivos nunca fueron difundidos, la población suele creer que “tienen un montón de información”. A pesar de la variedad en la calidad y el aporte de sus contenidos, Mota celebró su publicación por entender que esta resolución permite a la población formar su propia idea sobre los hechos del pasado reciente. Patiño, que coincidió con el planteo de la jueza, agregó que además de elaborar su propia opinión, el acceso público posibilita que “la gente busque lo que quiera buscar”.
El contenido
Los seis libros y las dos carpetas retratan el accionar represivo y de inteligencia por parte de los militares durante los años 1972, 1973, 1976 y 1977. Incluyen partes especiales de información con informes y órdenes del SID y el OCOA, en los que se detallan operativos militares, órdenes de búsqueda y capturas de ciudadanos, declaraciones de detenidos, información sobre los objetos requisados y sobre organizaciones internacionales en el país.
El material suma a la perspectiva histórica “porque da una dimensión de lo que fue la persecución de los ciudadanos” e informa sobre la “magnitud de los detenidos”, expresó a Sala de Redacción Ricardo Perciballe. Sin embargo, los documentos encontrados no colaboran con la investigación criminal. Perciballe, que al momento de su entrevista con Sala de Redacción había analizado entre el 80% y 90% de la información, declaró que encontraron pocos documentos que sirven para aportar a las causas activas, pero “no son fundamentales para una eventual imputación”.
La directora del INDDHH había adelantado que el hallazgo no necesariamente iba a “arrojar información”. Aunque tuviesen datos que ayudaran en la búsqueda, Mota admitió que no tenía “esperanzas” de que aparezca algo valioso, “ahí ni en ningún otro archivo”. Patiño adhirió a su planteo, no sólo por ser documentación de una unidad militar, también porque es información que el SID y el OCOA elaboraban y difundían a esas unidades. Por esta razón, concluyó que donde está la información no es en la Unidad de Artillería 5, sino en el archivo central de estos dos organismos; “ahí seguro que hay información de dónde están los detenidos desaparecidos y qué pasó con ellos”, afirmó.
“Si tuviéramos algún dato de existencia de archivos en otro lado, lo vamos a transmitir para que efectivamente se vayan a buscar”, anunció Mota. Amparados por el Artículo 6 de la ley 19.822, la INDDHH tiene acceso “irrestricto” a los documentos que pudieran ser relevantes para la búsqueda de detenidos desaparecidos.
A principios de julio de 2020, la organización Madres y Familiares entregó al presidente de la República carpetas con material sobre la ubicación del archivo clasificado del OCOA. Según publicó el semanario Brecha, la organización evalúa que podría contener información clave sobre el lugar de entierro de detenidos desaparecidos, además de identificar responsables directos de los asesinatos. A pesar de que pasó casi un año desde esta reunión, el colectivo nunca tuvo respuestas ni información sobre el accionar de Presidencia frente al material facilitado.
Para la directora del INDDHH, que fue informada sobre esta entrega, los documentos no suelen aportar datos significativos en la búsqueda de desaparecidos y por lo tanto no van por eso. “Más allá de que está dentro del mandato, no estamos dedicando especial energía o atención a ver dónde están los archivos”, comentó. Patiño cuestionó las declaraciones de Mota, al afirmar que todo “depende del criterio”. Si bien es cierto que la documentación “fue limpiada” y no contiene información explícita, a través de ella es posible conocer dónde los detuvieron y a dónde fueron los detenidos, y por lo tanto “saber quiénes los desaparecieron”. “Los archivos contribuyen a la búsqueda y nosotros tenemos pruebas de eso”, concluyó.
De acuerdo con lo expresado por el ministro de Defensa Nacional en la conferencia del martes, “la relevancia de los archivos es fruto del trabajo que se haga sobre ella” por parte de la fiscalía y de la Institución Nacional de Derechos Humanos.
Lucía Silveira / Agustina Tubino
