En la última dictadura uruguaya se fundó la carrera técnica en Comunicación Social, actualmente dictada en la Escuela Superior de Comunicación Social y Diseño Gráfico (ESCS). Sobre el final del régimen surgió la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación (Liccom) de la Universidad de la República (Udelar), que hoy se imparte en la Facultad de Información y Comunicación (FIC). En estas instituciones educativas se formaron, por ejemplo, periodistas, publicistas y relacionistas públicos. ¿Quiénes estuvieron detrás de la oferta educativa? ¿Qué buscaban? ¿Cómo lo vivieron los docentes y estudiantes? ¿Qué se mantuvo con el retorno a la democracia?
En abril de 1979 se creó el «Curso de Periodismo aplicado a los Medios de Comunicación Social», por parte de la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU), y deambuló por varias sedes durante dos décadas al no asignársele un edificio ni estructura administrativa propia hasta la creación de la ESCS, en 2001. Las autoridades eran el director general, interventor de UTU y profesor Miguel Curbelo, y el subdirector y coronel Leonardo Pastorino, designados por el Consejo Nacional de Educación (CONAE). Este curso técnico de dos años contó con el interés de diversas oficinas de relaciones públicas de entes estatales, especialmente de la Dirección Nacional de Relaciones Públicas (Dinarp) que funcionaba bajo la órbita de Presidencia de la República, y fue el organismo encargado de promover la comunicación propagandística oficial del gobierno dictatorial, a través de un imaginario social de “tranquilidad, prosperidad y orden”.
Sus planes y programas educativos fueron diseñados por el periodista Marco Zóboli, y por el teniente coronel retirado Washington Perdomo Díaz. El primero ejerció la dirección del curso entre 1979 y 1982, mientras que el segundo fue “encargado” entre 1997 y 2001, director entre 2001 y 2002, y también dictó la materia Teoría de la Comunicación Social desde el inicio, según informa la Crónica tres décadas de vida publicada en 2009 por la ESCS, en la que se narra la historia de 30 años de la institución (1979-2009).
Zóboli fue periodista en el diario La mañana, propiedad de la familia Manini Ríos, y se desempeñó como coordinador periodístico de la revista El Soldado, perteneciente al Centro Militar, en la que se impartía la propaganda interna en consonancia con la Doctrina de la Seguridad Nacional. En el libro 100 Veces Murga publicado por los periodistas Fabián Cardozo y Guzmán Ramos en 2018, dan cuenta del rol de Zóboli como “censor” (veedor) en 1975 en el concurso oficial de carnaval, en representación del Ministerio de Defensa Nacional, y según los Archivos del Terror de Uruguay filtrados en 2023, también fue agente de la Dinarp.
Por su parte, el coronel Perdomo fue hallado co-responsable por los asesinatos productos de torturas de Luis Batalla (militante del Partido Demócrata Cristiano) en 1972 y Aldo Chiquito Perrini (propietario de la heladería familiar “Perrini” en Carmelo, Colonia) en 1974. Perdomo se desempeñó como delegado del Servicio de Información de Defensa (SID) en el Batallón de Infantería N° 10 de la ciudad de Treinta y Tres durante 1972, año en que Batalla fue capturado, interrogado y asesinado en tortura. Dos años después, el coronel era subjefe del Batallón de Infantería N° 4 de Colonia, donde pasaron decenas de prisioneros políticos, entre ellos Perrini, quien fue torturado y asesinado.
Según informó Brecha y también el periodista estadounidense John Dinges, en 1975 participó en las reuniones iniciales de creación y coordinación del Plan Cóndor -articulación de las fuerzas represivas de los gobiernos de facto del Cono Sur- como representante uruguayo. Dentro de la SID llegó a ser jefe del Departamento IV de Operaciones Psicológicas, al menos durante 1977 y 1978, según documentos publicados por el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia.
En 1984 la Udelar creó la Liccom, que funcionó en sus primeros años en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, mientras era dirigida por el rector interventor Gonzalo Lapido. Con el retorno a la democracia en 1985, el Consejo de la Facultad le brindó un plan de estudios provisorio, asimilado al ciclo básico de derecho y ciencias sociales; período en que elaboraron un programa propio con asesoramiento de especialistas internacionales de la UNESCO (ver recuadro adjunto). Éste fue aprobado en 1986 y funcionó durante 10 años hasta su reformulación en 1996.
En las actas de creación de la Liccom se menciona la falta de recursos para varios de los cargos docentes, y la oferta de la Fundación Univint de hacerse responsable de esos costos. Esta fundación, que surgió para “afirmar la paz y la concordia entre los pueblos”, estaba dirigida por su fundador, el Dr. Blas E. Rossi Masella, decano e interventor de la Facultad de Derecho. En la actualidad, el presidente de la fundación es su hijo, el Dr. Luis Raúl Rossi Baethgen, y Univint ha sostenido esporádicos convenios con la Udelar en democracia. Entre sus logros, destacan “la implementación y creación” de la Liccom, según se lee en su página web. A su vez, esta organización ha realizado actividades en conjunto con la FIC. A modo de ejemplo, en marzo de 2019 co-gestionaron un curso sobre periodismo científico, desde el 2021 suscriben un convenio de cooperación e intercambio académico, y la fundación ha auspiciado charlas con la FIC y con la Facultad de Derecho en democracia. Uno de los más notables directivos de Univint fue el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, el Dr. Rafael Addiego Bruno.
Atravesar el curso de periodismo entre militares
En conversación con Sala de Redacción, Gustavo Zubía, diputado del Partido Colorado y ex docente del curso de periodismo en los años 80, reconoció que su ingreso como funcionario público durante la dictadura “fue a dedo”, ya que no se entraba al Estado “sin conexiones, ni vinculaciones”. Tenía familiares directos que eran jefes de las regiones militares 2 y 3 durante la dictadura: su padre, el general Eduardo Zubía, y su tío, el general Rodolfo Zubía. Dictó clases de Introducción a la Filosofía del Derecho e Introducción a las Ciencias Sociales entre los años 1979 y 1984. Sostuvo que quienes eran considerados del espectro de centro-derecha “no éramos quienes teníamos problemas”, sino los que eran militantes de izquierda o centro-izquierda.
Aunque contaba con un importante respaldo familiar y conexiones, igualmente recibió la categoría “B” en su certificación de ‘fe democrática’ tras ser considerado sospechoso de tener vínculo con la militancia de izquierda, lo que generó sorpresa en su entorno. Según explicó a SdR, “en aquella época participaba en grupos de teatro independiente” que se presentaban en cooperativas en construcción y escenarios barriales, que para las autoridades eran “malas compañías”. Durante su época de docencia en el curso, organizó actividades teatrales y fue censurado al intentar llevar adelante una obra de Julio Cortázar, escritor argentino prohibido por el régimen dictatorial uruguayo.
Al consultar su opinión sobre las actividades y responsabilidades que se les atribuyen a Zóboli y Perdomo, Zubía se negó a realizar comentarios por ser “personas fallecidas”. Alegó que no le constan y “son hechos que sucedieron hace más de 40 años”. Por último declaró: “no tengo mayores recuerdos de ellos”. Aunque sí realizó un comentario general: “nadie ingresaba al ámbito educativo sin tener el apoyo de las autoridades”.
Distinto es el caso del periodista uruguayo de larga trayectoria Marcelo Irachet y egresado de la primera generación del curso, quien reconoció en diálogo con SdR que “sintió escozor, junto a una enorme sorpresa” cuando con el correr de los años “se fue destapando el tarro” y se fue conociendo “la verdad” sobre las personas que tuvo al frente durante sus años formativos. Irachet considera que en aquellos años aún era muy ingenuo, al provenir de una familia sin cultura política, sumado a que “los militares no decían nada” y que para él era común que ellos ocuparan puestos de jerarquía. “Un militar dirigía la AUF [Asociación Uruguaya de Fútbol], otro era el director del liceo; estaban en todos lados”, aseguró, y explicó que para alguien que vivió el golpe a sus 10 años no era de extrañar la presencia de los militares “en todos los ámbitos” y que “en el momento nunca me lo cuestioné”.
Sobre Zóboli no tiene demasiados recuerdos porque no era un docente regular de las materias del curso. Sin embargo, a Perdomo lo recuerda “con cierta vergüenza”, era un señor “afable”, “simpático”, “un profesor cualquiera” y le sorprende que haya dado clases e incluso dirigido el curso de Comunicación Social: “¿Qué credenciales tenía un torturador para hacerlo?”, se pregunta. “Estuve en la boca del lobo y no lo sabía”, aseguró Irachet.
Por otra parte, Pablo Chargoñia, abogado defensor de las víctimas en causas vinculadas a los delitos de lesa humanidad por el Observatorio Luz Ibarburu, contó a SdR que ingresó al curso como becario administrativo entre el 1987 y 1988, y al año siguiente comenzó a dictar clases de Sociología de la Comunicación y Derecho de la Comunicación para la Tecnicatura en Comunicación Social. Trabajó como docente en el mismo año que se realizó el referéndum contra la Ley de Caducidad, que finalmente fracasó en su intento de derogación y consolidó la impunidad de los crímenes cometidos por militares y policías en una especie de armisticio sin culpables.
Chargoñia dijo a SdR que “en esa época no se hablaba mucho, ni se sabía mucho sobre lo qué ocurría en la dictadura”. Entonces, si bien había sospechas de crímenes sobre los docentes de origen militar, no había cómo confirmarlos; “en gran parte gracias a esta Ley, que los protegía”, concluyó. Además, según expresó, el vínculo con estos docentes era “cordial y profesional”, y no recuerda que haya habido algún inconveniente entre estudiantes y docentes por su origen o formación militar-dictatorial. Por lo tanto, critica que este es uno de los problemas de “la cultura de la impunidad” que llevaba a que las sospechas fueran conversadas en voz baja, “de manera soterrada”.
No obstante, esto no siempre fue así, en el año 2012 un grupo de estudiantes de UTU denunció públicamente y ante las autoridades educativas, a la docente Shirley Sosa por haber admitido durante una clase del Taller de Prensa “con total soltura” haber sido censora para la Dinarp, lo que fue “lucrativo” para ella, según citaron sus alumnos en la denuncia. A su vez, Chargoñia aseguró a SdR que el militar retirado Alexis Grajales, quien se desempeñó como docente de la materia Organización Administrativa del curso, fue condenado en junio de 2023 por haber sido co-autor del asesinato bajo torturas del estudiante de Agronomía y militante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), Hugo Leonardo de los Santos Mendoza, en el Regimiento de Caballería N° 6 en 1973.
Grajales se desempeñó como enlace de inteligencia del Servicio II (S2), del Ejército Nacional y sus tareas comprendían las persecuciones, el interrogatorio y las torturas de los militantes de izquierda. Durante la década de los 90 “era un compañero normal”, dijo Chargoñia; sin embargo, posteriormente se enfrentó a Grajales en calidad de abogado cuando éste estaba “en el banquillo de los acusados”. El militar intentó que su causa fuera archivada por razón del tiempo transcurrido respecto a los hechos, “pero su recurso fue rechazado por el Tribunal [de Apelaciones], y ahora se encuentra recluido en Domingo Arena [cárcel en la que cumplen sentencia los condenados por crímenes de lesa humanidad]”, fustigó.
Chargoñia cree que “es lógico que los militares hayan querido formar periodistas”, ya que según explicó fue parte del proyecto cultural, educativo y “de control ideológico”. También lo ve como una continuidad de la política de censura y persecución a la prensa, que inició en 1968 con las medidas prontas de seguridad aplicadas por el presidente de ese momento Jorge Pacheco Areco. Distintos historiadores como Álvaro Rico han insistido en la idea del camino autoritario en democracia que condujo hacia la dictadura ocurrida entre 1973 y 1985.
A comienzo de la dictadura, a través del cierre temporal primero y luego total de los medios de comunicación, clausuraron toda oposición y crítica. Para el periodista Irachet no es tan claro que “la dictadura haya querido formar periodistas dóciles”, aunque no podría afirmarlo categóricamente, según expresó. “Si lo intentaron, no lo consiguieron”, dijo entre risas, y sostuvo que “hay muchos colegas que iniciamos nuestra carrera y formación en aquellos años y hoy somos respetuosos de la democracia”.
Zubía puntualizó que si bien durante la dictadura “hubo una suspensión de las garantías constitucionales”, esto no impedía que “en la educación se impartieran contenidos donde se las enseñaba”. Incluso mientras las garantías eran violadas, en las aulas se enseñaba cuáles eran los procedimientos regulares y legales del Estado de Derecho. En ese marco, el diputado enfatizó en el rol que jugó la ley de declaración de Estado de Guerra Interno de 1972, en la que se categorizó “como enemigos de la patria” a quienes alteraban el orden público, “por la abrumadora mayoría de 97 votos sobre 118 de la Asamblea General” y delegó en los militares la autoridad sobre asuntos civiles.
