Con la firma del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, cinco empresas de cable quedaron habilitadas en junio para brindar servicios de internet para hogares, entre ellas las tres grandes de Montevideo: Monte Cable (Monte Cablevideo S.A., dueños de Canal 4), TCC (Tractoral S.A., propietarios de Canal 10) y Nuevo Siglo (Riselco S.A., dueño de Canal 12); y dos del interior del país, Korfield de Colonia y Praiamar de Pando. El otorgamiento de estas licencias rompió con el monopolio de internet de Antel y fue el adelanto a la derogación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley SCA) que propuso el Poder Ejecutivo en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas.
El artículo 56 de la Ley SCA estableció, en 2014, la prohibición de la propiedad cruzada entre televisión y telecomunicaciones -es decir, no se puede tener licencia de telecomunicaciones y a su vez licencia de servicio de comunicación audiovisual-. Afín a su derogación, el gobierno otorgó ahora estas licencias valiéndose de los fallos de inconstitucionalidad que había emitido la Suprema Corte de Justicia (SCJ) entre 2016 y 2019, sobre el artículo 56 de dicha ley, sólo para el caso de las cinco empresas mencionadas. La disparidad creada con el resto de las empresas que no recibieron fallos favorables de la SCJ o que continúan a la espera de una sentencia favorable, podría zanjarse con la derogación de la Ley SCA.
Inconstitucional
El Poder Ejecutivo considera inconstitucional la Ley SCA. En 2016, el entonces presidente de la SCJ, Ricardo Pérez Manrique, había afirmado que, salvo los fallos de inconstitucionalidad sobre algunos artículos, la gran mayoría de la norma había “superado el test de constitucionalidad”. Sin embargo, los fallos de la SCJ, y en especial los del artículo 56, se han contrariado. En las primeras casi 20 sentencias emitidas sobre él, los únicos en obtener fallos favorables habían sido Montecable y Nuevo Siglo (TCC la obtuvo en 2019); para empresas como DirecTv rige todavía la prohibición del artículo 56 -al menos hasta que continúe vigente la Ley SCA-.
En diálogo con Sala de Redacción, Adriana Bauzá, doctora en Derecho y Ciencias Sociales, y especialista en regulación de las telecomunicaciones, explicó por qué se da la disparidad: “no es que la Corte entienda que la propiedad cruzada es inconstitucional, la Corte lo que entiende es que no está bien fundamentada esa prohibición”, dijo, y recordó que los fallos de inconstitucionalidad afectan únicamente a cada caso concreto.
Al habilitar las licencias a este pequeño número de empresas, tanto Lacalle Pou como el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, alegaron que obedecían a la Justicia. No obstante, las sentencias de la SCJ no son vinculantes, por lo que no suponen obligaciones para la administración. En este sentido, Bauzá manifestó que las habilitaciones fueron discrecionales y crearon inseguridad jurídica.
En conversación con Sala de Redacción, Gustavo Gómez, director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom), concordó en que, si bien el Ejecutivo tenía cierto nivel de legitimidad al otorgarle las licencias a empresas con un fallo favorable de la SCJ, la decisión generó “una enorme asimetría con otras empresas”. La resolución beneficia a unos pocos, mientras que para el resto continúa rigiendo la prohibición de tener con licencias cruzadas. Esto generó dentro de la propia coalición gobernante la necesidad de alcanzar una solución legal que desembocó en la propuesta de derogación de la ley SCA.
Asegurados
Los primeros favorecidos con las habilitaciones del gobierno son los tres principales grupos mediáticos de Uruguay que, además de poseer los canales de televisión abierta de Montevideo (4, 10, 12) y de vender esta señal a otros cableoperadores, tienen el sistema de cable y aire de televisión para abonados en Montevideo y cables en el interior del país. Gómez señaló que “les agregamos internet y realmente no hay en el país empresas con tal concentración de servicios”. Advirtió, además, que si se deroga la ley SCA, se eliminará la normativa anticoncentración mediática que establece esa norma. “En ninguna democracia debería haber tal concentración de poder en pocas empresas en materia de medios”, dijo Gómez, quien recordó que “eso conspira contra la democracia”.
Amigable competencia
Según el gerente general de Antel, Guzmán Acosta y Lara, “incentivar la competencia mejorará la calidad del servicio y reducirá los precios”. En cambio, Gómez considera que en Uruguay no hay una necesidad de competencia, “el servicio que ya da Antel hoy, sin estas licencias de internet [a los cableoperadores], cumple con las exigencias que se tienen o que deberíamos tener como usuarios: tener un buen servicio, accesible, de buena calidad y en la puerta de tu casa”.
Daniel Larrosa, representante del Frente Amplio en el directorio de Antel, dijo a Sala de Redacción que en los últimos diez años la empresa hizo una inversión de 850 millones de dólares para tener hoy “una red muy robusta de fibra óptica, con las mejores calidades, coberturas y precios a nivel mundial”. Larrosa entiende que con las licencias cruzadas “queda expuesta toda la inversión que Antel desarrolló con determinadas reglas de juego”, que ahora “corre el riesgo de no ser recuperada”.
La infraestructura que tienen actualmente las empresas que obtuvieron las licencias por medio de las resoluciones del Ejecutivo, no puede competir con la de Antel. Los cableoperadores tienen cableado con coaxial, que es funcional para las redes urbanas de televisión por cable pero de calidad muy inferior a la fibra óptica. Para Larrosa, “es difícil que se invierta en una nueva infraestructura”, por lo que existen dos opciones: subarrendar la fibra de Antel -que sería lo más viable-, o que estas empresas consigan asociarse con capitales extranjeros para invertir en mejorar la red que tienen. Gómez considera que la primera opción “le plantearía a Antel una gran discusión interna porque son sus propios competidores a quienes les alquilará la fibra para competirles”. También Larrosa ve que sería algo negativo: que los cableros busquen subarrendar “implica directamente pérdidas para Antel, que ya llega a los hogares uruguayos”, explicó, y agregó que “se pondría a un intermediario que va a comprar a un precio mayorista y vender a un precio minorista lo que en verdad en el fondo estaría suministrando Antel”.
Como empresa pública, y hasta ahora monopólica, Antel invierte con lógicas diferentes a las de las empresas privadas. Larrosa explicó que “la inversión se hizo pensando en todo el Uruguay y no teniendo criterios de lucro, sino de acceso”. En cambio, señalo que los privados no tienen estas prioridades y podrán concentrarse en aquellas zonas en las que el negocio es más redituable, mientras que la estatal deberá asegurar el servicio en las zonas menos rentables y estará en riesgo la recuperación de su inversión.
Negocio aparte
En paralelo a las habilitaciones del Ejecutivo en la venta de internet, Antel acordó contratar las señales abiertas de los canales 4, 10 y 12 para sumarlas a su plataforma de streaming Vera TV; el acuerdo implica la suma de 1,2 millones de dólares anuales durante tres años por cada canal. Este negocio -que fue analizado por el Tribunal de Cuentas y esta semana consiguió el aval gracias a los votos oficialistas-, supone un cambio de estrategia de la directiva de Antel, que al iniciar su gestión había puesto en duda la continuación de Vera TV. Gurméndez, llegó a afirmar que “no sabemos comprar esos contenidos, no sabemos producirlos y seguramente todavía no conozcamos bien qué es lo que nuestros clientes quieren”. Larrosa concordó en que “Vera TV tiene que tener nuevos contenidos y de buena calidad” y expresó que el problema no radica en que se sumen contenidos de estas señales sino en las condiciones impuestas para ello.
El acuerdo con las señales nacionales establece que los contenidos -principalmente informativos y programas familiares- sólo podrán visualizarse a través de celulares y que la plataforma deberá deshabilitar la opción de “casting”, es decir, la posibilidad de enviar la señal de la aplicación móvil hacia Smart Tv’s o a dispositivos como Chromecast. Para Gómez, “hay un desfase entre el precio y las condiciones que les han impuesto el uso de esos derechos, lo que lo hace un mal negocio”. Larrosa opinó que “todo eso se puede ver en pantalla grande y nosotros solamente lo podemos mostrar en pantalla chica”. A su vez, argumentó que “en la evaluación que hacen nuestros servicios se muestra un gran déficit en el primer año, después algo de recuperación, pero el valor actual neto de esa inversión da negativo”, insistió.
Lucía Chu y Juan Ignacio Fiore
