En la mesa no están todavía los expositores, sólo se observa que al borde derecho, sobre la tela negra que la cubre, hay una remera blanca colgada con un puño cerrado amarillo en forma de América del Sur. El puño derrama una gota de agua en la bandera uruguaya y dice “el agua es nuestra”. El 5 de mayo se celebró el primer encuentro de un ciclo de siete conferencias llamado “El agua, tesoro del siglo XXI”, organizado por la red de Alianzas Francesas. Los temas centrales del debate fueron el agua como bien común y el Proyecto Neptuno, iniciativa que propone tomar agua bruta del Río de la Plata y construir una planta potabilizadora en San José, lo que fue criticado porque incluye la participación de actores privados y no fue consultado con la ciudadanía.
El presidente de OSE, Raúl Montero, habló de los problemas que enfrenta la compañía estatal actualmente: “Uruguay fue la primera ciudad en tener saneamiento en Latinoamérica y tenemos caños que tienen 100 años”, dijo, y explicó que es porque “se priorizó hacer llegar la red a todos en vez de renovar”. Si bien aclaró que no es una crítica a sus predecesores, porque quizás él “habría hecho lo mismo”, mencionó que uno de los problemas que causa la antigüedad de los caños es la “pérdida de la mitad de las redes”.
Por otra parte, Mónica Zappettini, jefa de la asesoría jurídica de la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua) del Ministerio de Medio Ambiente, dijo que en Uruguay hay tres grandes regiones hidrográficas: la cuenca del Río Uruguay, de la Laguna Merín y del Río de la Plata y Frente Marítimo. Como resultado, destacó que Uruguay cuenta con una política de aguas a largo plazo, con foco en la sostenibilidad y el acceso para todas las personas.
Según datos proporcionados por la Dinagua, la actividad de riego es la que más consume, con 77% del volumen de uso anual de agua, seguida del uso industrial, con 12%, y del consumo humano, con 9%. “La Constitución recoge que el agua es un recurso esencial para la vida. Todos lo sabemos, más allá de quién es dueño del agua”, afirmó.
Alejandro Carbajales, director ejecutivo del Centro Tecnológico del Agua, afirmó que dicho espacio busca ser un punto de encuentro entre la academia y empresas que realizan un uso intensivo del agua, como UPM, Coca Cola o Instituto Nacional de la Leche, y así brindar soluciones sostenibles a los problemas que trae la gestión de este recurso. “La idea no es solo dar soluciones concretas, sino traer soluciones a nivel país, como la mitigación de arsénico en aguas subterráneas”, explicó.
En debate
Desde la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV) hablaron del Proyecto Neptuno de OSE, un tema que estuvo ausente de las presentaciones de Montero y Zapettini, y como lo hacen desde hace un año reclamaron la conformación de una “comisión cuenca” en San José. Al respecto, una integrante del público perteneciente a la organización entregó varias cartas de vecinos a Zappettini, quien se comprometió a entregarlas a la directora de la Dinagua, Viviana Pesce.
| Plebiscito del Agua en Uruguay El 31 de octubre de 2004 fue aprobado con 64% de los votos, con el objetivo de agregar un artículo a la Constitución de la República que reconoce que el acceso al agua potable y al saneamiento son derechos humanos fundamentales. En suma, se establece que es competencia exclusiva del Estado garantizar estos servicios. En 2009, la ley de Política Nacional de Aguas reglamentó ese artículo y estableció como principio “la participación de los usuarios y la sociedad civil en todas las instancias de planificación, gestión y control”. Este plebiscito fue impulsado y defendido por la CNDAV con el propósito de que estos servicios queden a cargo de OSE, y así evitar que pasen a manos de empresas privadas. Uruguay fue el primer país del mundo en reconocer el acceso al agua y el saneamiento como derechos humanos fundamentales. La Unesco lo hizo en 2010, en una resolución en la que también exhortó a los Estados a intensificar sus esfuerzos para proporcionar un acceso económico al agua potable y al saneamiento. |
Para equilibrar el debate, el moderador, que fue el coordinador de la Cátedra Unesco de Agua y Cultura, Javier Taks, le preguntó a Nicolás Ferreira, de la CNDAV, si en Uruguay es posible una colaboración entre públicos y privados para gestionar el agua, como se hace en Francia. Al respecto, Ferreira respondió que para eso hay que discutir la correlación de fuerzas entre el sector público y el privado en Uruguay, y se refirió a la Ley de Riego: “Si las empresas contaminan es porque hay normativa que se los permite”.
Dicha ley, aprobada en 2017, planteaba la creación de sociedades agrarias de riego para que esa actividad sea multipredial, a través de la construcción de represas en las cuencas. Esto hacía viables cultivos como los de arroz o maíz, que requieren grandes cantidades de agua para su producción.
Por su parte, Zappettini retrucó que, a pesar de su impugnación, la Ley de Riego fue declarada constitucional por la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, Ferreira respondió que la constitucionalidad fue dictaminada en referencia a su forma y no a su contenido. “Podemos estar en desacuerdo con algunas cosas, pero no por eso enchastrar nuestro ordenamiento jurídico”, continuó Zappettini, a quien le reclamaron el cumplimiento de las leyes.
| El caso francés A través de la plataforma Zoom, Bernard Barraqué, investigador emérito del Centro Nacional de Investigación Científica francés, hizo énfasis en la importancia de conceptuar el agua como bien común y no como servicio público. Explicó que en Francia, a diferencia de Uruguay, las empresas privadas tienen un peso importante en la gestión del agua y muchas veces son acusadas de no preocuparse de brindar un servicio esencial de calidad. Por su parte, Barraqué cuestionó qué tan rentable es conectar a la gente de zonas rurales o periféricas a la red de alcantarillado y explicó que en su país hay cinco millones de fosas sépticas: “Se trata de hacerlas funcionar bien y no sustituirlas por redes de alcantarillado”, contó. |
