En los últimos meses la central de información BBC World presentó un informe con datos estadísticos aportados por el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) donde se refleja que Uruguay es el país más costoso de América Latina y el décimo a nivel mundial, al medir la relación entre el precio de la canasta básica y los ingresos percibidos en un hogar de 4 personas.
Con respecto a los productos básicos, los números arrojados por la investigación del CED indican que Uruguay en la mayoría de sus productos tiene precios hasta 20% más caros que Brasil o Argentina, 80% más que México y 100% más que en Bolivia. Al ser el país más al sur de las Américas, tiene alta dependencia de productos provenientes de fuera del Mercosur y esto genera grandes aranceles. A su vez, grava a sus productos con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) con una tasa básica de 22%, lo que lo hace uno de los impuestos más altos del mundo, y presenta el litro de gasolina más caro de Latinoamérica, según publicó Global Petrol Prices.
En otro orden, Uruguay está posicionado entre los países con mejores salarios de América Latina. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en promedio, mensualmente ingresan $104.800 por hogar. Además, el 60% de la población es de clase media, lo que representa un alto grado de bienestar comparado a la región. También aporta una inversión del Producto Interno Bruto (PIB) en salud y educación de 6,9% y 4,3% respectivamente.
Recientemente surgió un debate en la red social X, luego de que se viralizara una publicación donde los usuarios expresaron sus gastos mensuales. Entre ellos surgieron varios tipos de discrepancias, como sobre qué es necesario para vivir bien o qué gastos son necesarios y cuáles no. Sin embargo, un punto en común entre la mayoría de los usuarios fue que la sumatoria de gastos se encuentra muy por encima del salario mínimo nacional actual que es de $22.268 mensuales.
El problema forma parte de la agenda del candidato a la presidencia por el Partido Nacional (PN) Álvaro Delgado, que en su programa de gobierno presenta propuestas para “Un Uruguay más barato”. Entre sus promesas señala que los cambios que propone le ahorrarán en promedio a las familias entre $2.500 y $3.000 mensuales.
En las medidas presentadas, los nacionalistas apuntan a reducir los precios de los productos de higiene personal y alimentos, para lo que revisarán leyes y regulaciones para generar mayor competencia y eliminar barreras que impiden a las nuevas empresas entrar en el mercado nacional. Otro punto señala que permitirán la libre importación de combustibles y buscarán un mejor desarrollo para su distribución y comercialización, lo que conduciría a una reducción del precio al público en combustible y sus derivados. A nivel de energía prometen completar el Marco Regulatorio del Sistema Eléctrico Nacional de 1998 para generar un descuento en la tarifa eléctrica. Además, pretenden crear un registro para productos importados, con el objetivo de agilizar trámites y que otras empresas no deban pasar por el mismo proceso.
Tendencia histórica
Sala de Redacción habló con Carolina Román, docente del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República (FCEA-Udelar), quien realizó una tesis doctoral sobre la historia del consumo en Uruguay. Según explicó, “desde principio del siglo XX” las investigaciones ya marcaban un alto costo de vida en comparación a la región y el mundo.
Quien también habló con Sala de Redacción sobre este tema fue Agustín Iturralde, coordinador del programa de gobierno del PN, quien coincidió con Román en que históricamente hubo un problema entre la relación del salario y el costo de vida y agregó que “los países pequeños y proteccionistas son caros”. No obstante, apuntó que en las últimas décadas la brecha en comparación a países del plano internacional creció significativamente. Es decir, Uruguay no se adaptó a la apertura comercial que hubo en el mundo sobre la década de los ’90 y en la actualidad está sufriendo ese proceso, afirmó.
En términos económicos y con respecto al problema de la relación entre el salario y el costo de vida, Iturralde argumentó que el “problema más notorio es el precio de los productos”. Explicó que en Uruguay el salario mínimo es de los más altos del continente, lo que hace evidente el alto costo de productos y servicios.
Por otra parte y pese a que los factores a modificar son muy variados, Iturralde opinó que la falta de competencia y la regularización sectorial que hace el Estado es el punto más importante a cambiar. En una comparación deportiva, dijo que hay “pocos jugadores participando o dominando un mercado y hay muchas barreras para el ingreso de los nuevos jugadores”. Para el economista, al ser un país pequeño y con empresas multinacionales ya establecidas, la competencia no tiene lugar.
Pese a que se trata de un cambio de gran magnitud y que busca modificar características socioculturales que identificaron a esta región, el coordinador del programa de Delgado sostuvo que en caso de que sean gobierno “van a empujar con fuerza” para que la mayoría de estos cambios se produzcan en el primer año de mandato y que la mayoría de estas modificaciones se puedan resolver sin depender de otros países. En particular, dijo que el cambio regulatorio del registro de los productos de higiene personal, la remoción de algunas barreras arancelarias o de la tasa consular y el aumento de franquicias para importar tecnología “depende únicamente de nosotros”.
Sin embargo, reconoció que en el ámbito internacional es necesario mantener algunas reuniones internas con los integrantes del Mercosur para establecer los nuevos lineamientos que sucederán en la región. El economista y asesor remarcó que tanto la baja de las tarifas eléctricas, de las que prevé un descuento de 12% en caso de llegar al gobierno, como todo lo relacionado a los combustibles y acuerdos internacionales, son los aspectos más complejos del programa y que estos se llevarán a cabo a lo largo del quinquenio administrativo.
Sin embargo, para Román la viabilidad de muchos de los cambios que se proponen se puede ver ofuscada, ya que según recordó “es difícil cambiar en el corto plazo y en un solo gobierno”. En particular, la académica hizo énfasis en el problema de la ubicación geográfica y la dependencia de recursos extranjeros de nuestro país. De todas formas, en un aspecto positivo, consideró que es factible que a mediano plazo pueda ocurrir una baja de precios si se “revisa la regulación de ciertos mercados y estimula la competencia en algunos sectores”.
Otra mirada
El director del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT Milton Castellanos estuvo de acuerdo en que el problema mayor es el alto importe de los bienes y dijo a Sala de Redacción que esta serie de propuestas del PN surgen a causa de los altos precios y no por los sueldos. Castellanos consideró también que se vieron “obligados” a tomar esta medida, porque “el poder adquisitivo del salario debe estar relacionado con los precios que tenés”.
En otro orden, afirmó que Uruguay “tiene un problema que es la construcción del precio”, y dijo que esto se debe a la centralización monopólica. Según señaló, la economía gira alrededor de liderazgos muy potentes y esta es una tendencia compleja de revertir. Así, dejó en claro que para competir en el mercado se necesitan otros condicionantes y no es cuestión de que lleguen los productos con más facilidad o no. Según argumentó, si ya hay una empresa que tiene una posición dominante, “no es fácil entrar al negocio”, porque este es un mercado chico.
Por ello, y aunque haya una intención de facilitar los trámites burocráticos y así favorecer a las microempresas, Castellanos recalcó que “no es tan mágico”. Asimismo, y desde un punto de vista más reflexivo, consideró que para que las propuestas tengan un resultado más efectivo, es necesario “identificar un nuevo paradigma de desarrollo” donde “se invierta más en sectores productivos“.
