En la tarde de este lunes 29, el Aula Magna de la Facultad de Información y Comunicación (FIC) de la Universidad de la República (Udelar) recibió a decenas de personas para poner “en lo común”, como decía la convocatoria, a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), mejor conocida como ley de medios. La normativa la habían empezado a discutir en 2010 diversos actores de la sociedad civil y del sistema político, pero llegó al Parlamento varios años después y fue aprobada en la recta final del gobierno de José Mujica, con los votos del Frente Amplio (FA). Tras la asunción de Luis Lacalle Pou, en 2020, el oficialismo intentó derogarla con un proyecto de ley que terminó encontrando más resistencia de la esperada en filas de la coalición, especialmente desde Cabildo Abierto (CA). Ante esta falta de consenso, la derogación se dilató y el Ejecutivo reactivó la discusión a través de la Rendición de Cuentas -actualmente en estudio en la Cámara de Senadores-, que entre su articulado incluye la anulación de la LSCA.
La convocatoria de la FIC forma parte de un ciclo de encuentros llamado “Comunicación en lo común”, organizado por la Comisión del Instituto de Comunicación. Al comienzo de la actividad, Juan Bruschi, consejero estudiantil en la Comisión y moderador del conversatorio, explicó que el ciclo tiene como objetivo “problematizar diferentes asuntos que forman parte del debate público” y contribuir a su estudio, tal como lo plantea el artículo 2 de la Ley Orgánica. En esta línea, Bruschi señaló la responsabilidad de la FIC de protagonizar y generar insumos para la discusión pública en torno a las políticas de comunicación y afirmó que la institución “ha sido parte de los sucesivos debates que dieron paso a la LSCA vigente”, así como del “seguimiento de su implementación, una vez aprobada”.
El panel estuvo integrado por Gustavo Buquet, economista, docente e investigador de la FIC en políticas de medios, Facundo Franco, periodista y docente de la FIC, y Paula Baleato, socióloga, coordinadora de la Agencia de Comunicación para la Infancia y la Adolescencia Voz y Vos e integrante de la Coordinación por una Comunicación Democrática. Los expertos coincidieron en varios puntos del diagnóstico de la situación: la marginalidad del tema en la agenda de debate público, el cambio de enfoque en la política pública y en la legislación que propone consolidar el actual gobierno, la escasa implementación de la LSCA durante el gobierno anterior y la integralidad de la normativa.
Sobre esto último, Facundo Franco señaló que con la aprobación de la ley, “se logró, por primera vez, tener una regulación del campo de los servicios de comunicación audiovisual que lo abarque integralmente”, porque reconoce, en una misma normativa, al sistema de medios comunitarios, públicos y comerciales. Sin embargo, dijo que la LSCA “prácticamente no tuvo implementación”, lo que en buena medida “explica que sea una ley tan fácil de derogar” en la actualidad. “Si ya estuviera en marcha toda la institucionalidad nueva que creó, como el Consejo de Comunicación Audiovisual, el Sistema Público de Radio y Televisión Nacional, la Defensoría de las Audiencias (…) obviamente sería muy difícil de desmontar”, sentenció. Según Franco, la normativa previa a la LSCA “había estado muy marcada por normativas referidas a aspectos técnicos y tecnológicos”, sin considerar “a los medios en un plano social, insertos en una sociedad”, y “en diálogo con la ciudadanía”. “Estamos hablando de que la ley vigente recoge un montón de derechos de la ciudadanía en materia de libertad de expresión e información”, afirmó el periodista, y enfatizó que la libertad de expresión “no es solamente un derecho de los medios de comunicación”.
Pluralidad versus concentración
Paula Baleato invitó a problematizar la cuestión mediante la pregunta “¿por qué es importante que exista una regulación democrática de los medios de comunicación?”. “Las buenas leyes sirven para tironear la realidad”, dijo la socióloga, y agregó que, cuando se plantean avances en materia de derechos, “muchas veces”, los “sectores conservadores del statu quo” reaccionan alegando que la sociedad “no está preparada para ello”. Sin embargo, planteó que existe “otra postura”: la que defiende que las leyes sirven para “transformar la sociedad”, reconocer derechos y establecer garantías que antes no existían. En su opinión, estos elementos posibilitan “una mejor calidad del debate público, en la medida que circulan más voces”. En la misma línea, planteó que la libertad de expresión implica tres sentidos: “buscar información, recibirla y difundirla”, y subrayó la importancia de aplicar este enfoque para analizar el conflicto que implica la concentración de medios.
La LSCA había fijado un límite a la propiedad múltiple o cruzada de medios, una de las regulaciones que cosechó mayor rechazo de los medios comerciales y que el Ejecutivo propuso flexibilizar en la Rendición de Cuentas. Actualmente el límite establece que una misma persona no puede ser beneficiaria de más de tres autorizaciones para prestar servicios de radio o televisión.
Por su parte, Gustavo Buquet señaló la existencia de una “relación absolutamente estrecha, articulada, y de apoyo recíproco” entre los dueños de los grupos mediáticos y el poder político, especialmente en el período del 1956 al 1990: un vínculo que, según el economista, se retomó en 2020 con la asunción del actual gobierno. Asimismo, señaló que en materia de políticas de medios “no hubo regulación hasta el año 1978”, iniciativa que catalogó como “una buena cosa” porque “estableció límites a la concentración”.
Además, Buquet marcó el momento de la dictadura como el inicio de un proceso de “monopolización” mediática, mediante la formación de un “cartel” entre los canales privados: 4, 10 y 12. Según el economista, este proceso existe cuando “un conjunto de empresas que dominan un mercado se comportan de manera cooperativa”, generando efectos monopólicos y, por ende, “una disminución de los derechos desde la perspectiva de la comunicación y un aumento de precios en el plano económico”. Sin embargo, el economista alertó que, si bien la LSCA se propuso limitar la concentración y el fenómeno monopólico, “los medios se siguieron comportando exactamente de la misma manera que antes”, ya que “no hubo fiscalización”. “Si no hay nadie que controle que se cumpla, es como que la ley no existiera”, concluyó.
