A partir de la aprobación de la aprobación de la Ley 18.589, en 2009, cada 11 de abril se conmemora el Día de la Nación Charrúa y de la Identidad Indígena. Esa ley, dispone que el Poder Ejecutivo y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) deben generar instancias de información y sensibilización que difundan el aporte indígena en el territorio nacional, y traten la matanza de Salsipuedes, ocurrida en 1831.
En 2021 se dio un paso más. A comienzos de ese año, cuatro organizaciones charrúas presentaron un petitorio de reconocimiento de Salsipuedes como sitio de memoria ante la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria. La solicitud se aprobó en diciembre de 2021 con los votos afirmativos de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), la Universidad de la República (Udelar), las organizaciones sociales de Montevideo y del interior, y la Red Nacional de Sitios de Memoria. El Ministerio de Educación y Cultura y la ANEP, quienes representan al gobierno en la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria, votaron en contra; argumentaron que la solicitud no aplicaba a la Ley 19.641, de sitios de memoria, por ser un suceso que ocurrió más allá del pasado reciente, aunque dicha ley no establece delimitación cronológica.
Según escribe el maestro e historiador Gonzalo Abella en su libro Historia diferente del Uruguay, entre 1831 y 1833 el primer gobierno de la República, a cargo de Fructuoso Rivera, se encargó de “desarticular” y perseguir a las comunidades charrúas. En esos años se destacan varios hechos violentos de matanzas como Salsipuedes, el Infiernillo, Mataojo y el Paso Bautista, con el fin de obtener tierras. Los procedimientos utilizados fueron de engaños: emboscadas, degollamientos, entregas de mujeres charrúas a oficiales o suboficiales del Ejército uruguayo y reparto de niños charrúas entre las familias de Montevideo.
El episodio del 11 de abril de 1831 se desarrolló en el arroyo Salsipuedes, ubicado entre Tacuarembó y Río Negro, en donde el presidente Rivera citó los caciques charrúas Polidoro, Rondeau, Brown, Juan Pedro y Venado junto a sus grupos, con la excusa de necesitarlos para proteger las fronteras uruguayas. Según diversos relatos del suceso, fueron atacados por una milicia de 1.200 hombres al mando de Bernabé Rivera, que dejó cerca de 40 charrúas muertos y 300 prisioneros.
Las comunidades charrúas recibieron positivamente la designación de Salsipuedes como sitio de memoria. Martín Delgado, referente del Consejo de la Nación Charrúa (Conacha), comentó a Sala de Redacción que el proceso de la petición llevó más de dos años entre la preparación, la escritura rigurosa y el logro de consensos entre las diferentes organizaciones; agregó, que esta declaración significa que “se reconoce por primera vez que hubo una masacre, es un documento público del Estado reconociendo que hubo un crimen de lesa humanidad”. Gerardo Sosa, referente de la Asociación de Descendientes de Nación Charrúa (Adench), dijo a este medio que trabajan para que otras zonas del territorio nacional sean reconocidas como sitios de memoria, como por ejemplo la Ciudad Vieja, en Montevideo, en donde se realizó el reparto de indígenas apresados en Salsipuedes.
El poder político en la cuestión indígena
El 6 de abril, por primera vez en el Parlamento, se expuso sobre la nación charrúa y el episodio histórico de Salsipuedes, como uno de los temas del orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara de Representantes. La intervención fue pedida por el diputado Felipe Carballo, del Frente Amplio (FA), quien expresó que Salsipuedes fue “una traición y una emboscada planificada, ideada y solventada con dinero del Estado contra la población indígena” y remarcó que el hecho se caracterizó por ser un acto de terrorismo de Estado, con pretensiones económicas y de exterminio de una etnia. “Frente a esta Cámara quiero pedir perdón a los charrúas de ayer, a los de hoy, a los muertos y a los vivos”, dijo Carballo. A su vez, hizo alusión a la inexistencia de respuestas estatales, de reconocimiento y reparación por lo sucedido en el siglo XIX. En la misma línea, el diputado frenteamplista Eduardo Antonini, habló de “hipocresía”, al referirse al dicho “garra charrúa”: “cuando nos sirve somos todos charrúas; cuando no nos sirve, los charrúas no existen”, alegó.
Dentro del oficialismo, el diputado colorado Conrado Rodríguez expresó que “no existe ni existió nación charrúa”, opinó que la izquierda pretende hacer un “revisionismo constante para menoscabar el rol de nuestros seres nacionales, porque entienden que es la forma de derribar a los oponentes del presente” y agregó que existe un “juego político” de adherirse a una bandera por parte de la izquierda para obtener beneficios. El diputado Álvaro Perrone, de Cabildo Abierto, acusó a los charrúas de “delincuentes” y justificó que fueron “diezmados” por esa causa; además, afirmó que hay una “promoción de indigenismo” en este tema, que sigue consignas internacionales.
En conversación con Sala de Redacción Delgado, del Conacha, describió al comportamiento político en la cuestión indígena como de “desidia y combate”. La parte combativa la ubicó en el Partido Colorado, por la constante defensa de la figura de Fructuoso Rivera, uno de sus fundadores. La desidia se la atribuyó al FA durante los períodos en que fue gobierno, porque entiende que a pesar de que impulsaron la ley sobre el 11 de abril, “los actores que estaban en los ministerios y en la Presidencia tuvieron una posición de no querer comprometerse, de no querer abordar el tema”. Por ese motivo, Delgado expresó que “tampoco es que hay una cuestión muy lineal con el FA”, sino que han tenido “choques”.
Antes de que iniciara la sesión en el Parlamento, las organizaciones y la bancada frenteamplista se acercaron para mantener un diálogo en el que, según Delgado, las organizaciones pudieron plantear “todos los debes y la necesidad de un compromiso serio y amplio”. Añadió que la solicitud de Carballo en el Parlamento fue por la visibilidad que tuvo la declaración de sitio de memoria y las investigaciones realizadas por los antropólogos Mónica Sans y Gonzalo Figueiro de la Udelar sobre el genoma indígena en la población uruguaya. Respecto al Partido Nacional, Delgado aseguró que algunas intendencias “han mirado con buenos ojos los reconocimientos indígenas”, pero otras han salido al cruce de las organizaciones. “Diría que depende mucho de los actores”, finalizó.
El 5 de mayo, el antropólogo y arqueólogo José López Mazz dio una charla abierta en la Sociedad Urbana Villa Dolores para compartir su última investigación, titulada “La ‘Cueva del Tigre’ y los sucesos del 11 de abril de 1831”, que realizó junto al profesor de historia Diego Bracco. El trabajo, financiado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, trata de encontrar lugares históricos que habitaron las poblaciones originarias del territorio uruguayo; en él se determinan las coordenadas específicas de la masacre de Salsipuedes. En diálogo con Sala de Redacción López Mazz comentó cómo fue la recepción del público que asistió a la charla: “el uruguayo medio tiene clarísimo que Salsipuedes es un hecho que tiene una importancia grande y del que no se habla, del que no hay ningún texto de estudio que se hable”. Añadió que la iniciativa de Sociedad Urbana fue una buena oportunidad: “había descendientes de indígenas pero también gente del barrio que se sintió convocada por el tema y nunca había encontrado oportunidad de preguntarle a alguien”, expresó.
Adench, que nació en 1989 y fue la primera institución que trató la temática indígena en Uruguay. El primer objetivo que se planteó fue la repatriación de los restos de Vaimaca Perú, el cacique charrúa que fue llevado junto a Francia junto a otros. En 2002 sus restos fueron traídos, recibidos con honores y colocados en el Panteón Nacional; Sosa explicó que está pendiente el traslado de los restos de los demás charrúas que permanecen en Francia. La organización recepciona consultas y solicitudes sobre las averiguaciones de la descendencia charrúa; “en muchos casos respondemos que es necesario que esas personas realicen sus árboles genealógicos, que busquen historias, que hablen con sus parientes, que miren su pasado y traten de armar su puzzle”, comentó Sosa.
El Conacha se fundó en 2005 y congrega a diez organizaciones y comunidades charrúas de distintas partes del Uruguay. Buscan concretar varios objetivos que no han podido establecerse, como “el reconocimiento del genocidio como genocidio, una ley que hable de los derechos de la población indígena actual, un compromiso de política de revitalización lingüista, el reconocimiento y devolución de tierras comunales”, relató Delgado.
