La Intersocial elevó once propuestas al gobierno y exige que se tomen nuevas medidas para enfrentar el impacto del coronavirus en la población. Para apoyar ese reclamo fue que miles de personas en todo el país golpearon sus cacerolas el miércoles a las 21 horas desde ventanas, azoteas o balcones.
Según detalló a Sala de Redacción el secretario del PIT-CNT, Marcelo Abdala, en los once puntos presentados por la central sindical solicitan, entre otras cosas, una “renta transitoria de emergencia” para sostener a las personas que no tienen cobertura ninguna en la seguridad social tales como los feriantes, los trabajadores personales, los vendedores ambulantes o los jornaleros.
Además, aseguró que no han tenido respuesta formal por parte del presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Algunas medidas que exigen se han puesto en práctica pero hay otras que refieren a “las personas más vulnerables”, que no están siendo atendidas. “Nosotros vamos a emitir una exhortación para que el Poder Ejecutivo responda a la plataforma que mandamos. Han habido respuestas parciales pero es una propuesta integral, entonces nosotros queremos una respuesta integral también”, dijo el secretario del PIT-CNT.
A su vez, Gustavo González, secretario general de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), afirmó a Sala de Redacción que las medidas tomadas por el gobierno no son suficientes e hizo hincapié en que “los más perjudicados son los más débiles”. El secretario general sostuvo que en la plataforma exigen al presidente la protección y cuidado de todo el personal de la salud “porque son quienes cuidan de las personas infectadas y están totalmente desprotegidas de esta pandemia”.
Sin embargo, el presidente interino del Partido Nacional, Pablo Abdala, planteó a Sala de Redacción que las medidas que propone la Intersocial “ya son adoptadas como conocidas”, pero que el problema es con las personas “que pertenecen al sector informal de la economía”. “Sí, hay una dificultad, pero me consta que el Mides está trabajando en eso”, concluyó el secretario.
El cacerolazo
Marcelo Abdala planteó que por razones sanitarias y de cuidado no se pueden desarrollar movilizaciones en las calles pero que el cacerolazo “es un movimiento, una acción social en respaldo a la plataforma que se propone”. Asimismo, explicó que con estos planteos buscan que el gobierno tome medidas para “las personas más vulnerables de la sociedad”.
Además, Abdala mencionó que “nadie con un sentido democrático mínimo se puede asombrar de estas actitudes que involucran al pueblo”, haciendo referencia a la invitación al cacerolazo y a las críticas que despertó por parte de integrantes del gobierno. Del mismo modo, González planteó que “es la forma que hemos encontrado para poder alzar nuestra voz”.
Por su parte, Pablo Abdala distinguió entre la “actitud muy espontánea y positiva” de aplaudir cada noche al personal de salud y la propuesta del cacerolazo que, según consideró, no comparte. Además discrepó con los dirigentes de partidos políticos que convocaron al cacerolazo ya que “no es esa la actitud que ayuda a una realidad como a la que nos enfrentamos ahora”. “Los que tenemos responsabilidades tenemos que estar alineados no con el gobierno sino con el problema, es decir, con el combate que el país enfrenta. No estoy negándole el derecho a nadie de hacer lo que hace, ni de cacerolear ni nada por el estilo, sólo que no estoy de acuerdo con esta medida”, concluyó Abdala.
Por otro lado, la implementación del teletrabajo y la ampliación de conectividad gratuita para el acceso a Internet fueron medidas tomadas para incentivar a la población a realizar el aislamiento voluntario.
El cierre total de fronteras, nuevas líneas de crédito para pequeñas y medianas empresas, la postergación de las obligaciones tributarias de DGI y BPS y la transferencia de mil millones de pesos para reforzar el plan alimenticio y crear nuevos refugios fueron otras medidas planteadas por el gobierno hasta el momento.
Ayer jueves, el presidente anunció, además, que se creará el Fondo Coronavirus que se alimentará de un porcentaje de los salarios y jubilaciones de funcionarios públicos de más de 80 mil pesos.
