El poder Ejecutivo aprobó un protocolo de prevención, detección e investigación para los casos de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, tras ser firmado este lunes por el Consejo de Ministros. El protocolo será elevado al Parlamento como proyecto de ley.
El ministro del Interior Eduardo Bonomi habló en conferencia de prensa tras el Consejo y definió a la explotación sexual como una “relación de poder y sexualidad mercantilizada en la que niños, niñas y adolescentes adquieren el rango de mercancía comercializable, lo que ocasiona graves daños psicosociales”. Además, agregó que para detectar, investigar y tratar de erradicarla, el protocolo desarrolla cuatro líneas principales: los derechos humanos, el concepto de género, la diversidad sexual y el concepto de generaciones.
En primera instancia, se plantea la necesidad de contar con policías especializados, así como incorporar a la investigación la participación activa de las niñas, niños y adolescentes involucrados, para priorizar su cuidado. Asimismo, el protocolo propone más herramientas prácticas para garantizar los derechos de las personas intervinientes en la situación. “Se busca protocolizar y estandarizar los mecanismos de coordinaciones interinstitucionales en la investigación y atención integral de los casos de violencia basada en género”, agregó el ministro.
En cuanto a la participación durante la investigación de las niñas, niños y adolescentes involucrados en la situación de explotación sexual, Paula Baleato, coordinadora de El Abrojo, planteó a Sala de Redacción que “hay que ver hasta qué punto pueden los chiquilines participar”. En términos generales aseguró que “siempre está bueno escuchar sus voces pero eso no puede implicar que se delegue la responsabilidad, que se los cargue y se excedan las posibilidades de los chiquilines”. Además, remarcó que hay que tener un especial cuidado en términos de seguridad, ya que los niños, niñas y adolescentes son las víctimas.
Por otra parte, Bonomi aludió también al Plan para Erradicar la Explotación Sexual Comercial y manifestó que “los adultos procuran la obtención de provechos a través de redes en las cuales intervienen clientes, intermediarios y otras personas que se benefician del comercio de niños, niñas y adolescentes”. Al respecto, Baleato agregó que “la explotación sexual es una problemática que muchas veces es de círculos cercanos”, y explicó que es la familia la que “muchas veces está involucrada en esa cadena, que forma parte de una práctica cultural”. En referencia a lo policial, consideró que este “no es el primer eslabón en la cadena de la detección”.
Andrea Tuana, directora de la ONG El Paso, que ampara a víctimas afectadas por la violencia, el abuso sexual, la discriminación y la exclusión social, también habló con Sala de Redacción sobre el nuevo protocolo. Al respecto, afirmó: “me entero por la prensa que se presentó, a la ONG El Paso no nos consultaron”. La misma respuesta dio Luis Putscher, presidente del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia (CONAPEES), quien declaró a Sala de Redacción que tampoco estaba interiorizado sobre el tema y comentó que el protocolo fue una “cuestión interna del Ministerio del Interior”, e insistió en que la propuesta “no pasó por CONAPEES”.
