El proyecto de Ley de Medios será tratado por Diputados en julio, ante la oposición del Partido Colorado a votar el aditivo que impulsó Cabildo Abierto (CA) en el Senado, en el que se establece que los servicios de difusión regulados “tienen el deber de brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respecto a los mismos”. En esa cámara había sido aprobado con los votos del oficialismo el martes 14 de mayo, hecho que generó numerosos posicionamientos en contra de organizaciones sociales y referentes de la libertad de expresión, no sólo por el aditivo de CA, sino por otras modificaciones en la regulación de los medios de comunicación.
Antes de que se confirmara que el Partido Colorado pediría postergar la votación para el mes próximo, ya había trascendido que no estaban dispuestos a votar favorablemente la ley de medios con motivo del artículo 72, agregado por CA. Martín Melazi, diputado colorado, expresó a Montevideo Portal que hubo mucho trabajo en el proyecto y “un artículo empaña todo”. Desde su partido consideraron que la solución hubiese sido que el artículo fuera vetado por el presidente Luis Lacalle Pou, pero exigían que el presidente se comprometiera a vetarlo por medio de un anuncio público.
Pero al margen de las rispideces que atraviesa la interna de la coalición de gobierno, fueron numerosas las voces contrarias al proyecto que el gobierno pretendía aprobar en el plenario de hoy. Según relevó Sala de Redacción, son diez las entidades que expresaron estar en contra del texto de la ley que se remitió a Diputados. De esas diez, cinco son nacionales y cinco internacionales, y todas manifiestan preocupaciones similares, porque entienden que la aprobación del proyecto podría generar impactos en la concentración de medios, la transparencia y la participación ciudadana.
En las últimas horas del lunes, previo a la discusión que estaba prevista que se diera en la Cámara de Representantes, Sala de Redacción accedió a la declaración pública que emitirán en conjunto el Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel), la Asociación de la Prensa Uruguaya, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), el Centro de Estudiantes de Información y Comunicación y la Asociación de Docentes de la Universidad de la República de la Facultad de Información y Comunicación, en el que expresan su “más firme oposición” al tratamiento de “grave y urgente” que recibió la nueva Ley de Medios en la Cámara de Senadores y al texto del proyecto, al que califican como “un atropello legislativo” que “atenta contra las mejores prácticas democráticas”.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por su parte, expresó en la red social X su “preocupación” e hizo “un llamado a la Cámara de Representantes para que en las etapas legislativas a su cargo resguarde el respeto de los estándares internacionales sobre libertad de expresión”. Por su parte, Roberto Rock, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), consideró “inadmisible” lo impuesto por el aditivo a los medios de comunicación.
Asimismo, Unesco y la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) expresaron una opinión técnica sobre la ley. El documento, firmado por Ernesto Fernández Polcuch, director de la Oficina Regional de Unesco en Montevideo, y Jan Jarab, representante regional para América del Sur del ACNUDH, también destaca que “el texto aprobado es contrario a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión” y enfatiza que el aditivo es “particularmente preocupante”, ya que su aplicación “supondría la introducción de una restricción a la libertad de expresión que podría implicar una censura previa”. Además, problematiza las potestades que se le otorgan al Poder Ejecutivo respecto al “control, la supervisión, el ejercicio de la potestad sancionatoria” del contenido de la información que brindan los periodistas. Por otro lado, el texto expresa que el tratamiento en carácter de “grave y urgente” que le dio la Cámara de Senadores no habilitó discusión con la sociedad civil en régimen de comisión. La opinión reitera la inquietud por artículos que propician condiciones para la concentración de medios, ya que “el nuevo régimen deroga las obligaciones del Estado a tomar medidas” para impedir o limitar que eso suceda y duplica la cantidad de licencias de radio y TV abierta que una persona o empresa puede acumular, al mismo tiempo que “casi” triplica la cantidad de licencias en TV para abonados.
La Federación Internacional de Periodistas (FIP) y la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe rechazaron el proyecto en una publicación en el portal institucional de la FIP y sostuvieron que “el gobierno de Luis Lacalle Pou logró aprobar en el Senado una serie de modificaciones a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que facilitan la concentración mediática y establecen la regulación de los contenidos que los medios pueden emitir. Por último, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) sostuvo a través de la red social X que “la decisión es preocupante y representa un ataque a la libertad de prensa en pleno año electoral”, y adjudicó una “intención” al proyecto de “facilitar la concentración de medios, debilitar a los medios públicos y censurar los contenidos políticos que ofrecen los medios a la población”.
Consultada por Sala de Redacción, Silvia Nane, senadora del Frente Amplio, consideró que la aprobación de este nuevo texto “es un retroceso importantísimo”, entre otros asuntos en términos de “la conformación de oligopolios de comunicación”, la “pérdida de soberanía” y “la definición soberana del uso de la fibra y el acceso a la sociedad del conocimiento”. Además, Nane hizo referencia al uso del espectro radioeléctrico y dijo que “es un bien de todas y de todos”. En consecuencia, planteó: “¿Lo pueden usar los privados sin pagar un peso? El espectro radioeléctrico no es infinito, si yo empiezo a poner ondas y dispositivos que trabajen en esas ondas, en algún momento, por más filtros que tengan, empiezan a interferir”. A su vez, agregó que esta ley “tiene nombre y apellido” y que “beneficia a los mismos de siempre, a los canales privados”.
En la misma línea, Gabriel Molina, presidente de Sutel, aseguró que se le da “muchos privilegios a los canales privados” en año electoral e indicó que “las políticas que el gobierno central ha aplicado contra Antel son nefastas” y que “está demostrado que están gobernando para otros”. Sobre la situación del ente frente a la Ley de Medios, Nane opinó que este proyecto permite que “los cables tengan Internet, habilitando que Antel comparta la fibra, perdiendo soberanía en una inversión que hizo la empresa pública de todos y todas las uruguayas”. La legisladora concluyó que “por eso la ley de medios no es solo el artículo sobre la libertad de expresión”, aunque acotó que le parece “escandaloso” el contenido del artículo 72.
Daniel Lema, integrante de Cainfo, insistió en que “la ley es mala no solo por el artículo 72” y focalizó su preocupación en “el aumento de la cantidad de frecuencias que puede tener un grupo económico”, lo que habilitaría “la concentración” y significaría un problema porque el contenido de “los canales y las radios es menos plural”. Lema acotó que “en esta ley se le da un marco legal a cosas que ya existen”, y que ese es el motivo por el que dicen que la ley “tiene nombre y apellido”. Según explicó, la ley vigente “no se cumple” y el texto “regulariza situaciones que ya están” sucediendo. El magíster en Comunicación Política agregó que “es cierto que la ley no se cumple, porque cuando se han denunciado algunos casos obvios” en los que se violan normativas establecidas, “no ha pasado nada”. Por lo tanto, “con este nuevo proyecto lo que van a hacer es acomodarlo para que quede bien”.
A las voces contrarias al proyecto se suma la de la Asamblea del Claustro de la Facultad de Información y Comunicación, que el 15 de mayo se expresó con una declaración en la que “manifiesta su honda preocupación y firme rechazo ante el tratamiento apresurado y aprobación del proyecto”, en sintonía con lo expresado por el Consejo Directivo Central de la Udelar el 12 de diciembre de 2023. La declaración puntualiza que se incumplen “los estándares de calidad democrática en materia de comunicación” y plantea “como agravante” que la ley se haya ingresado con carácter “grave y urgente”, en contexto electoral.
Por medio de la declaración, la asamblea manifestó que el tratamiento “constituye una afrenta al normal funcionamiento democrático, con pocos precedentes en la historia reciente en términos de transparencia, participación y garantías institucionales”. El órgano calificó como “hechos de profundo impacto” algunos aspectos del nuevo texto, como la “habilitación a una mayor concentración y extranjerización de los medios de comunicación que operan en territorio nacional” y “el debilitamiento” de Antel en los servicios de Internet. No obstante, agregó que “elimina toda obligación de transparencia gubernamental y espacios de participación ciudadana en los procesos de adjudicación de licencias de radio y TV”, que “quedan en manos exclusivas del gobierno de turno”. A su vez, “desfinancia el fondo de fomento a la industria audiovisual uruguaya, exonerando de pago a los medios por el uso del espectro radioeléctrico”.
En tanto, sobre el artículo 72 la declaración expresa que “cabe llamar la atención sobre un aditivo sin ningún análisis parlamentario previo que establece obligaciones a los servicios de difusión en materia de contenidos, instituyendo una clara intromisión política y amenaza a la libertad de expresión”. La asamblea consideró que “de aprobarse esta propuesta legislativa, Uruguay sufrirá un significativo retroceso en materia de derechos humanos, libertad de expresión y calidad democrática”.
Federico Barreto, licenciado en Comunicación e integrante de la Asamblea del Claustro de la FIC, manifestó que se venía “monitoreando la Ley de Medios tanto a nivel de la FIC como del Consejo Directivo Central de la Udelar, e incluso la Universidad participó de alguna instancia de asesoramiento en el Parlamento, pero siempre durante el proceso que transcurrió en la Cámara de Diputados”. En este marco, el tratamiento de “grave y urgente” en la Cámara de Senadores implicó “una sorpresa”, que “impidió cualquier tipo de asesoramiento o consulta con la sociedad civil, organizaciones sociales y la academia”. Barreto manifestó una “postura de preocupación y hondo rechazo” a la propuesta y consideró que hay “dos aspectos a destacar”: por un lado, “el formato de trámite, que demostró una pésima técnica legislativa”; por otro, que “el propio contenido de la legislación es enormemente regresivo en materia de derechos humanos y calidad democrática”.
En julio los diputados deberán decidir si dan sanción definitiva al nuevo texto de la Ley de Medios o lo rechazan en su totalidad. Previo a que se supiera que la votación sería postergada, Lema consideró que los legisladores “están en un callejón sin salida, porque saben que si rechazan van a hacer caer una ley de medios que para el oficialismo era una de las prioridades”. De todas formas, agregó que le “cuesta creer que pese a las diferencias no lo terminen votando, por más que sería grave, sobre todo por el artículo 72”, una hipótesis que, hasta el momento, solo el Partido Colorado logró poner en stand by.
