El gobierno destinó 20 millones de dólares para respuestas en prevención y promoción, tratamiento y rehabilitación de la salud mental, en particular, con la promesa de crear siete Centros de Inclusión y Promoción Social para atención de jóvenes y adolescentes entre 14 y 24 años. ¿Qué tan útiles son estas propuestas para el abordaje de la salud mental según especialistas?
El plan planteado en 2023 se basa en la sensibilización apropiada para los medios de comunicación y la difusión de las distintas líneas telefónicas gestionadas por ASSE. Entre ellas la línea de prevención del suicidio, la de apoyo emocional y la línea para información, apoyo, contención y asesoramiento. Bajo rectoría del Ministerio de Salud Pública (MSP) propusieron los grupos departamentales de suicidio para realizar diagnósticos locales, guías de recursos territoriales y coordinar la formación de nexos y redes interinstitucionales.
En diálogo con Sala de Redacción, el psicólogo Darío Ibarra dijo que el gobierno está lejos de llevar a cabo políticas de prevención del suicidio, ya que para que un plan de salud sea eficiente en ese sentido “es fundamental que se aborden varios factores desde una perspectiva integral”. Además sostuvo que ”debe ser inclusivo, accesible, centrado en la prevención, y debe integrar tanto a los individuos como a las comunidades y las políticas públicas en un esfuerzo colectivo”.
Ibarra señaló varios puntos que entiende importantes a la hora de trabajar la salud mental en Uruguay, entre ellos, el acceso universal y equitativo a servicios de salud mental: “un plan exitoso debe garantizar que todas las personas, sin importar su ubicación geográfica o condición socioeconómica, tengan acceso a los servicios”. Esto comprende aumentar la cantidad de profesionales capacitados en áreas rurales y urbanas, crear programas de atención accesibles y asequibles y reducir barreras económicas y burocráticas.
“Un plan eficiente debe incluir campañas de concientización para cambiar percepciones culturales que asocian la salud mental con debilidad, fomentar una cultura de cuidado emocional y pedir ayuda sin temor al juicio social”, agregó Ibarra. Esto, según el experto, dista de las campañas propuestas por el actual gobierno. En el mismo sentido, hizo énfasis en el hecho de que la prevención debe comenzar en etapas tempranas con “un enfoque educativo que promueva la inteligencia emocional, el autocuidado y la identificación de signos de riesgo”. Señaló que esto debe incluir programas de salud mental en escuelas y lugares de trabajo.
Más allá de lo sanitario
El sociólogo e integrante del Grupo interdisciplinario de Investigación de Comprensión y Prevención de la Conducta Suicida Pablo Hein también fue consultado por Sala de Redacción y criticó la manera en la que se aborda el tema en Uruguay: “si seguimos mirando el suicidio como un problema de cifras vamos a estar repitiendo siempre lo mismo”. Además, dijo que tenemos una tasa de suicidio muy alta a nivel nacional a pesar de que las cifras hayan disminuido. Esto, según el académico, no se explica por una intervención exitosa sino porque en los últimos años todas las muertes bajaron -de 39 mil casos por año a 35 mil-.
Sobre el nuevo plan de salud mental del gobierno, el especialista sostuvo que “este enfoque es una política de Estado y trasciende los gobiernos; los anteriores también apostaron a que haya un predominio de la psiquiatría y de la psicología”. Aseguró que el problema es que los profesionales que firman esos programas son 95% médicos y “no hay ningún antropólogo, ningún filósofo, ningún licenciado de comunicación; el problema es enfocarlo solo por el lado de la psiquiatría”.
Hein señaló que en el plan presentado por el gobierno no se encuentra la palabra “perdón”: “no se lo pedimos a ese conjunto de familiares, amigos y de toda la sociedad que se han quitado la vida y eso en un plan tendría que estar”. Agregó que los objetivos de este nuevo plan son “un calco” del plan anterior y “si algo está fallando no puedo seguir haciendo lo mismo”.
Con respecto al trasfondo del suicidio, el sociólogo aseguró que “es un problema de violencia, de cómo nos manejamos, cómo ciertos temas los ocultamos, es un problema de discriminación y segregación, estamos poniendo el suicidio en un foco netamente sanitario y de salud mental cuando no lo es”. Además, hizo referencia al accionar del resto de los países sobre este tema: “cuando el mundo dejó de ver al suicidio como un problema exclusivamente de salud mental, empezaron a descender en esas partes del mundo. Me refiero a Chile, Argentina, Colombia, España y Francia”. Otro dato que agregó Hein es que en Uruguay hay un “sobrexceso” de medicación psiquiátrica: ASSE brinda 3 millones de recetas verdes por año.
ASSE y el plan de salud mental
El exdirector de Salud Mental y ahora asesor en ASSE Pablo Fielitz dijo en entrevista con Sala de Redacción que de los 20 millones de dólares que destinó el gobierno en el plan de salud mental, seis millones fueron para ASSE. Señaló que con este presupuesto la institución este año “inauguró un centro diurno para personas en riesgo suicida en La Unión donde se atiende a unas 30 personas, creó una comunidad terapéutica para adicciones en Tacuarembó y amplió en ocho camas la sala de internación de psiquiatría en San Carlos”, entre otras cosas.
Más allá del plan de salud mental, para Fielitz el problema más importante está en la ley de Salud Mental que tiene una falla sustancial al no “definir” las finanzas: “a partir del 2017 se frenó el ingreso a las colonias y no se generaron las estructuras a nivel de comunidad sociosanitarias que pudieran albergar a los pacientes de desamparo social por trastornos mentales severos”. Al mismo tiempo, señaló que esto trajo como consecuencia que la población en situación de calle aumentara.
Otro de los problemas que menciona el asesor con respecto a la ley es el cierre de las estructuras monovalentes ya que, si bien entiende que el comunitario es un buen sistema de asistencia, es necesario contar con un hospital altamente especializado. Según explicó, la ley no menciona a dónde deberían ir los autores inimputables de delitos graves que hoy en día están en salas del Hospital Vilardebó.
