Una noche de fin de semana en Montevideo como cualquier otra, Kueshya Belén Barrero tenía un cumpleaños que se festejaba en un boliche. La elección de la vestimenta, arreglarse a su gusto y comodidad es lo previo a la salida, pero luego significa un factor determinante sobre si uno es apto para ingresar a un baile. “Vos no entrás”, fue lo que le dijeron a Kueshya en la puerta. Al preguntar porqué, la respuesta que recibió fue: “por derecho de admisión”.
Si tan solo fuese un caso aislado, un simple hecho desafortunado, sería fácil dejarlo pasar. Pero en otra ocasión en que salió a bailar con su pareja, se chocaron con la misma negativa: “ustedes no entran” y la misma justificación: “derecho de admisión”.
Estas situaciones, explicó Barrero a Sala de Redacción, le produjeron una enorme frustración y enojo: “Soy una chica negra, que usa trenzas, que cuando sale se viste bien, como a mi me gusta. Al final no hay razón, es porque somos negros, porque no te gusta como me visto, porque tengo una caravanita, porque tengo cierto corte de pelo”, señaló.
La Ley N°19534 detalla la “Regulación del Derecho de Admisión y Permanencia en Espectáculos Públicos” en Uruguay. Esta ley comprende la facultad que poseen los organizadores de eventos públicos para decidir las condiciones a las que puede “subordinarse el libre acceso de los ciudadanos a los espectáculos”. En este sentido, dispone que mientras se encuentre dentro de los límites legales y reglamentariamente establecidos, el derecho de admisión tendrá por finalidad “impedir el acceso al espectáculo a personas que no cumplan con las condiciones requeridas por el organizador del mismo”.
Dentro de las razones por las cuales se puede aplicar se contemplan: haber cometido delitos o faltas que afecten la naturaleza del evento, comportarse de manera violenta dentro o fuera del recinto, ocasionar graves molestias a otros espectadores, incitar al racismo o xenofobia, estar bajo efectos del alcohol u otras sustancias estupefacientes al igual que el intento de ingreso de estas al evento, entre otras.
El conflicto sale a la luz cuando se excede el campo de acción que esta ley atiende, precisamente en situaciones donde se aplica el derecho de admisión al negar la entrada a una persona por razones que no se explicitan. Un factor que la propia ley aclara de manera textual: “en ningún caso se podrá ejercer este derecho para restringir el acceso de manera arbitraria o discriminatoria”.
En esta línea, la Ley N°17817 de “Lucha contra el Racismo, Xenofobia y toda otra forma de Discriminación” define estos actos como “toda distinción, exclusión, restricción, preferencia o ejercicio de violencia física y moral, basada en motivos de raza, color de piel, religión, origen nacional o étnico, discapacidad, aspecto estético, género, orientación, e identidad sexual, que tenga por objeto menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad”.
Sergio Miranda, ex director de la Secretaría de Diversidad de la Intendencia de Montevideo (IM), explicó a Sala de Redacción que estos episodios representan una realidad latente en la sociedad uruguaya: “Existen lugares donde se le pide a chicos gays que se retiren y a chicas trans se les niega la entrada. Casos de esos suceden todo el tiempo y no son excluyentes de las personas LGBT, también sucede con temas racistas y discriminaciones hacia la estética”.
Kueysha, además, es encargada del boliche Il Tempo, que se define como “la principal disco de la diversidad del Uruguay” y no se rige por la ley de derecho de admisión. Según contó Barrero, Il Tempo permite ingresar a todas las personas por igual y da total libertad a que la gente asista al baile con la vestimenta y el aspecto que quiera.
“Otros locales se rigen más que nada por el aspecto físico o por el aspecto de la ropa, si estás lindo entrás”, expresó Barrero. El concepto de derecho de admisión, agregó, es un “escudo” para no decir “no te dejo pasar porque no quiero” y aclaró que son empresas que lamentablemente no cumplen lo que deberían asegurar protocolarmente, que es dejar entrar a todo el mundo por igual.
Miranda, por su lado, hizo hincapié en un aspecto que no se respeta de la propia ley: la obligación del aviso previo. El artículo 5 de la Ley de Derecho de Admisión establece que las condiciones que se le impondrán al público deberán informarse en los portales de internet de los organizadores del espectáculo, en el portal del propio evento en su caso o en un lugar visible de las entradas de acceso al mismo. “Si no está escrito, ni anunciado, ni comunicado ¡no existe! Es al criterio de una persona que está trabajando como seguridad y recibió una orden”, sentenció.
En este sentido, remarcó que nadie ve avisos donde se aclare de antemano que se le negará la entrada a gente de color, a personas LGBT, a quienes tengan cierto pelo o tatuajes; simplemente se enteran cuando son rechazados.
En el artículo mencionado, además, se declara que “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral” y que “nadie debe ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Según sus experiencias personales, Barrero señaló que la frustración, humillación, enojo e impotencia son solo algunos de los sentimientos con los que se choca la persona cuando sufre una discriminación: “Todo es a raíz de prejuicios, suponen cosas de una persona que ni siquiera conocen y no saben cómo se puede comportar. Es realmente feo sentirse juzgado y señalado de una manera tan agresiva”.
Miranda profundizó en el enorme retroceso que implica que en pleno 2024 sigan sucediendo faltas tan graves hacia la diversidad y el respeto humano del otro, sobre todo “en un país donde, teóricamente, a nivel internacional se lo ve como ejemplo en la protección de derechos”, comentó. Además, subrayó el hecho de que mucha gente olvida que los bailes se tratan de organizaciones con fines de lucro, lugares que no se encuentran realizando un favor, sino que se paga para entrar y hacer uso del servicio que ofrecen al público.
¿Qué hago si me rebotan?
Respecto a las posibilidades de obtener resguardo y denunciar la discriminación, para Barrero “no hay un lugar” donde se pueda recurrir tras una situación de discriminación porque “no se soluciona con una multa”. “Estamos hablando que la persona encargada del local entienda lo que es el derecho de admisión y no hacer abuso del mismo”, dijo.
Gianni Di Palma, coordinador de la defensoría del Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), comentó que la vía penal es el último recurso que tienen para recurrir las personas que sufren discriminación. Agregó que en vías generales Uruguay no es un país que esté acostumbrado a asumir responsabilidad por las violaciones de derechos humanos que se producen. “Si tenés que esperar todo el día en un juzgado para realizar una denuncia, que se aceiten los procesos y demás, todo el sistema compila para que esa denuncia no funcione. [Hay casos de] víctimas que son citadas al mediodía y declaran a las 10 de la noche. De eso hacia abajo hay una cadena de burocracias institucionales que funcionan en ese sentido”, señaló.
El no denunciar es una acción sumamente común en estas situaciones, una de las razones es lo tedioso y largo que es el proceso. Hay dos problemas presentes en la mayoría de los casos: la dificultad probatoria y la autopercepción y aceptación del rol de víctimas. “Meterte en un proceso que no sabes cuando termina, que es difícil de probar desde un principio, que tenés que contar varias veces tu historia, exige un sentimiento de búsqueda de justicia muy fuerte, que no todo el mundo tiene”, resaltó el abogado.
Di Palma aseguró que, con la INDDHH, la atención es distinta con respecto a estos asunto ya que realizan un procedimiento sumamente ágil, flexible, gratuito e incluso, de ser necesario, realizan la derivación correspondiente y se la asesora a la persona con las alternativas disponibles en un plazo de 24 a 48 horas.
Por su parte, Miranda también denunció la falta en el funcionamiento del sistema penal para garantizar que no se repitan esas cuestiones. Las situaciones suceden y posteriormente pareciera que no importaran, ya que la gente sigue asistiendo a los boliches denunciados y los organizadores mantienen el mismo criterio segregador. “Estamos admitiendo que los derechos de la ciudadanía, de identidad, no están siendo respetados, se naturaliza y es gravísimo”, indicó.
Pensar en un cambio posible de realizar es complejo y resulta desalentador percibir que la propia sociedad integra estas situaciones como si fueran normales. “Los boliches y la noche son parte de la sociedad, las personas con estas actitudes son así por la noche como por el día y esa es su manera de propagar el sentimiento discriminador a la sociedad”, concretó Miranda. En la misma línea, dijo que es un problema que ha existido siempre, pero que en los últimos años notó que ha empeorado, con más violencia, más odio y agresiones.
