Los inmigrantes son de los más perjudicados por la covid-19. En su caso, a las consecuencias económicas y sociales que trae la pandemia muchas veces se le suma el estar solos, lejos de su país y de sus familias.
De acuerdo a la ley 18.250, Uruguay reconoce el derecho humano a migrar y la igualdad de derechos con los nacionales, pero para acceder a esos derechos es fundamental tener la cédula. Leonardo Fossatti, antropólogo y referente de la asociación civil Idas y Vueltas e integrante del Núcleo de Estudios Migratorios y Movimientos de Población de la Facultad de Humanidades, explicó a Sala de Redacción que “la trampa” está justamente en el acceso a la documentación. El problema en este contexto empeora porque los trámites para regularizar la situación migratoria están paralizados.
La demora para el acceso a la documentación ya era muy larga y desde la asociación preocupa qué tanto más se dilatarán los plazos. La situación afecta a quienes no empezaron el trámite, a quienes estaban en proceso y a quienes tenían agenda y deben reprogramar. “Si en marzo estábamos hablando de una demora de ocho meses para iniciar el trámite, ¿cuánto va a ser ahora?”, se preguntó. La coyuntura es aún más complicada para quienes requieren visa. Fossatti explicó que sin ella no pueden iniciar el trámite de residencia y los recursos a los que acceden son aún más limitados.
Pilar Uriarte, doctora en antropología y también integrante del Núcleo de Estudios Migratorios, detalló a Sala de Redacción las dificultades para el acceso a la salud. “No se puede acceder por ejemplo a tratamientos para enfermedades crónicas, el tratamiento ambulatorio es más complejo”, dijo. Aunque la consulta de emergencia está cubierta, hay otro tipo de atención para la que se precisa la cédula, por lo tanto “no tenerla es problemático”.
En este sentido, Fossatti comentó que sin cédula los migrantes se pueden inscribir en ASSE en tres oportunidades, cada una de ellas por 10 días. Entonces, mientras los plazos para acceder a la cédula demoran meses, la cobertura de salud dura sólo 30 días. Las limitaciones en la atención también corren para las mujeres embarazadas. “Todos los sistemas de protección que hay para atender a poblaciones vulnerables están pensados para uruguayos, la población inmigrante no accede”, afirmó.
En cuanto a la vivienda suelen acceder únicamente a pensiones, ya que sin documentación no obtienen garantías de alquiler. Fossatti señaló que si bien la garantía del Ministerio de Vivienda es la más baja en requisitos, “te piden cédula y antigüedad laboral”. Así, problemas de limpieza, falta de higiene e imposibilidad para respetar la distancia social son dificultades que sufren los inmigrantes. Según el antropólogo, las pensiones “están totalmente alejadas de cualquier concepto sanitario: en un amplio porcentaje hay hacinamiento, son lugares horribles con un baño para 40 personas donde no te permiten menores de edad y, claro, no tenés otros lugares, es eso o la calle”. Además, aseguró que estas personas suelen desconocer las normativas respecto a las condiciones mínimas de habitabilidad, lo que las hace más vulnerables.
En el ámbito laboral, los inmigrantes también se ven afectados por la emergencia sanitaria debido a que, según Fossatti, existe “un porcentaje muy alto” de trabajo informal. A su vez, los trabajadores con contratos provisorios del sector servicios, atención al público y seguridad se vieron afectados por el desaceleramiento económico. El antropólogo señaló que muchos inmigrantes lo contactan porque no están generando ingresos. Para Fossatti esta situación “va a traer cola, va a seguir”.
Por otra parte, Uriarte planteó que la suspensión de las escuelas por la covid-19 también afecta a los inmigrantes que viven en malas condiciones. Aunque los niños pueden inscribirse a las escuelas sin poseer cédula, no pueden registrarse en la plataforma virtual del Plan Ceibal y, por lo tanto, no pueden continuar con la educación a distancia.
De cerca
En 2017 y con 21 años, Andreina Gómez tuvo que irse sola de Venezuela, y el camino hasta nuestro país estuvo lleno de peripecias. Primero emigró a Perú, donde sufrió explotación laboral con jornadas de 12 horas y un sueldo por debajo del salario mínimo del país. Como no podía alcanzar un nivel de vida digno, decidió venir y, si bien aquí las condiciones de vida son otras, tampoco le ha resultado fácil.
En diálogo con Sala de Redacción, la joven venezolana contó que al llegar a Uruguay empezó a vivir en una pensión y aunque no tuvo grandes inconvenientes se le hizo “cuesta arriba”. “Tampoco es muy agradable vivir en una pensión porque convivís con mucha gente”, recordó. No podía alquilar en otro lugar por los requisitos y los altos costos.
La obtención de la documentación provisoria demoró “dos semanas y pico”. La página web colapsaba y contó que fue “un problema” agendar la primera cita. Esta cédula dura dos años, pero es muy limitada. Podía obtener un trabajo pero no sacar créditos ni pedir garantías ya que, para hacerlo, era necesario la cédula de permanencia -que recién se puede tramitar al cumplir los seis meses-. Entre ocho y nueve meses después de conseguir el permiso de permanencia en Uruguay pudo obtener su cédula.
Debido a la pandemia, Gómez está en seguro de paro parcial. Y al trabajar menos horas, genera menos ingresos. Esta situación no sólo la afecta a ella, sino a sus seres queridos que permanecen en Venezuela: muchos dependen del dinero que ella les puede enviar desde Uruguay, debido a la crisis social y económica que afecta a su país.
