El intento de golpe sacudió al continente y pese a que todo se normalizó en cuestión de unas horas, por un momento se volvió a una época de terror. El 26 de junio el Estado Plurinacional de Bolivia estuvo en vilo, cuando soldados y vehículos militares coparon la plaza de Murillo y, liderados por el comandante general del Ejército, Juan José Zúñiga, ingresaron por la fuerza al Palacio Quemado, antigua sede de gobierno. Con el objetivo de “liberar a todos los presos políticos y restablecer la democracia”, los militares se enfrentaron cara a cara con el presidente Luis Arce. Sin embargo, con el correr de las horas el golpe perdió fuerza y por la noche se efectuó la detención de Zúñiga, quien en su última declaración pública alegó que todo había sido planeado por Arce para levantar su popularidad.

Bolivia atraviesa una situación de desgaste muy importante, con una crisis social que arrastra factores económicos y políticos que se agravaron en los últimos años: a la devaluación del peso boliviano y la carencia de dólares estadounidenses, se le sumaron la insuficiencia de carburantes y la caída de reservas en el extranjero. Estos aspectos generaron una grieta política muy grande y aumentaron la tensión con las Fuerzas Armadas. En diálogo con Sala de Redacción, el politólogo Daniel Chasquetti reconoció que estos acontecimientos caldearon el ambiente y “generaron una fractura en la sociedad y dentro de la institución militar”. 

Esta fractura a la que aludió Chasquetti sacudió aún más el ambiente político y está vinculada con la crisis que atraviesa el partido de gobierno, el Movimiento al Socialismo (MAS). El MAS es la principal fuerza política en Bolivia. “No se puede comparar con ningún partido uruguayo”, señaló Chasquetti, quien explicó que es un movimiento heterogéneo caracterizado por su diversidad interna –ya que está integrado por tribus indígenas– y que llegó al poder porque influyó sobre la gente que no votaba, quienes “ni siquiera eran conscientes de que tenían derechos políticos”. Sin embargo, el MAS se encuentra “dividido en dos bandos y en una disputa por el liderazgo”, afirmó el politólogo. Por un lado, está el ala identificada con Evo Morales, presidente de Bolivia desde 2006 a 2019 que integró a las diferentes etnias al mundo político, y Luis Arce, hoy presidente y ex ministro de Economía de Morales, responsable del “milagro boliviano” que se dio durante aquellos años.

Uno de los factores más significativos de la ruptura interna del MAS fue la presión que ejerció Morales sobre el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia para forzar la posibilidad de presentarse a elecciones y acceder a un eventual tercer período de gobierno. Chasquetti interpretó esto como una crisis política muy importante, en la que por primera vez en 20 años, el MAS atraviesa una inestabilidad interna y una decadencia de seguidores que se profundiza año a año. 

Chasquetti señaló que las Fuerzas Armadas no estaban unificadas ni tampoco contaban con un respaldo político y mucho menos social para efectuar el golpe: “normalmente los golpistas tienen en cuenta estos factores”, explicó el politólogo, quien agregó que “en Bolivia históricamente el control civil sobre las Fuerzas Armadas fue muy débil”, por lo que en tiempos de crisis la tensión se incrementa sustancialmente. Así, insistió en los pilares fundamentales que sostienen al sistema democrático y remarcó que para que la democracia esté consolidada, es necesario que las Fuerzas Armadas estén alineadas a los gobernantes de turno y reconozcan que son “una parte de la defensa nacional y que no tienen todo el monopolio”.

Economía y sociedad: pilares democráticos

Además del foco de conflicto político y militar, Bolivia sufre otro factor democrático esencial, que es el problema monetario. El país está atravesando la etapa posterior al boom de los commodities o “la década dorada económica”, como se le dice en la nación boliviana: un fenómeno ocurrido entre 2006 y 2014 en el que además de la creciente económica y otros logros, bajo el mandato de Morales, el gobierno disminuyó la pobreza extrema del 38,2% al 17%.

Sin embargo, desde la pandemia la brecha se agrandó considerablemente: Chasquetti aseguró que el MAS, a diferencia de los partidos de gobierno de otros países de Latinoamérica, “fue muy ortodoxo en el cuidado de la macroeconomía” y eso le dio aire por un tiempo. La realidad de hoy marca que ya no tiene ese oxígeno económico y que el ánimo social cambió rotundamente. En muchos países la “desigualdad creció significativamente en los últimos cinco años”, por lo tanto, Chasquetti reconoció que “el grado de enojo de la gente es muy grande” y que una explicación del descontento social se debe al descenso económico. 

La demanda de la sociedad es cada vez más insatisfecha por los gobernantes. El doctor en Ciencia Política dijo que “un país pobre, con problemas de desigualdad e inclusión” siempre buscará nuevas soluciones para el mandato y agregó que en todos los países hay un porcentaje social que está dispuesto a abandonar la democracia. Mientras que en las democracias más fuertes ese porcentaje es de apenas un 10%, “el problema es cuando se tiene casi la mitad de la población”, opinó. Esto último está relacionado con el porcentaje actual de desigualdad en Bolivia (40%), que genera un grado de incertidumbre desde el plano social y en relación al rumbo que tomará el país. Alertó que en la medida en que el MAS continúe dividido y no surjan nuevos partidos o líderes políticos “aumentan las probabilidades de un futuro inestable”.

También reconoció que “cuando las democracias entran en crisis, buscan soluciones en outsiders o líderes populistas y es algo que ya hemos visto en Perú, Venezuela o Nicaragua”. En lo que respecta a la población boliviana, principalmente a los indígenas, conocieron sus derechos políticos hace poco más de 20 años y hoy en día ya no piensan e influyen igual que hace dos décadas atrás, tanto internamente como para el exterior, un aspecto que produce una importante incertidumbre. Estos cambios sociales, sumados a la inminente división del MAS, que fue el “ancla” entre la política y las sociedades marginadas, llevan a Chasquetti a pensar que “Bolivia tiene un peligro importante de ingresar en una etapa de cambios”.

Para el politólogo, la “falta de alternancia” en el gobierno impidió que se instalara una “democracia consolidada”. Según datos del Centro Cline de Investigación Social Avanzada de la Universidad de Illinois, desde 1946 hasta la fecha, se produjeron 39 golpes de Estado en Bolivia –entre los concretados, los frustrados como los que quedaron en conspiración–. No existe otro país en el mundo con una cifra similar, por lo tanto, será “todo un desafío político de calidad” restablecer el orden, afirmó.

Así, el politólogo dijo que la sociedad en general “atraviesa un momento de reflujos, de debilidad, y ello puede llevar a la búsqueda de soluciones autoritarias”, y que por eso, a la hora de legitimar la democracia, la nación del altiplano “está varios pasos atrás” en relación al continente. Cuando la sociedad no tiene una “cultura democrática y los valores democráticos no son parte de la población”, la duda y la incertidumbre salen a la luz, reiteró.

Este suceso irremediablemente transporta a la década de 1970, cuando en el marco del Plan Cóndor los golpes de Estado se expandieron por el sur del continente. Sin embargo, Chasquetti recordó que en la última dictadura uruguaya “los actores económicos querían orden, una parte de la dirigencia política estaba a favor y las Fuerzas Armadas estaban compactas”, todo lo opuesto a lo que sucedió recientemente en Bolivia. A diferencia de entonces, no hay actores internacionales involucrados y no se promueven los golpes de Estado, pero recordó que “los factores domésticos son relevantes” e influyeron para el clima que se generó. 

Tendencia autoritaria
“Varieties of Democracy” (V-Dem) es un instituto internacional que estudia la democracia en el mundo, a partir de más de 300 indicadores que diferencian los grados de debilidad y fortaleza en diferentes países. De acuerdo con dicha información, durante las últimas dos décadas (2003-2023), aumentó del 50% al 75% la población mundial que vive bajo regímenes autocráticos aquellos en los que las decisiones recaen en una sola persona, la libertad de expresión es muy baja y la represión está normalizada–, solo 18 países se encuentran en procesos de democratización y 42 están en procesos de autocratización. 

Estos números incluyen países históricamente autoritarios, como India y China, que cuentan con una densidad poblacional importante. Sin embargo, los indicadores muestran que muchos países pequeños latinoamericanos se encuentran en un proceso de autocratización. Chasquetti identificó una ola de polarización política y una demanda de exigencias muy alta por parte de la población: “No es casual que de las últimas 23 elecciones del continente, en 20 haya ganado la oposición”, recordó.

Este aspecto abarca a todo el continente y refleja tiempos de cambios sociales y políticos. Chasquetti aseguró que hoy ya no hay una ola de izquierda y otra de derecha, sino “una ola de oposición”. Una situación que se tornó compleja desde la pandemia por covid-19, donde la informalidad y las demandas crecieron excesivamente en todos los países. Por todas estas cuestiones, la falta de referentes políticos y sociedades más exigentes, “yo imagino una próxima década complicada para el continente”, declaró el politólogo.

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